¿Qué quiere decir Ciudadanos cuando habla de ‘tamayazo’ sin saber de lo que habla?

Vidina Espino, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, partido por el que es diputada regional electa y candidata a la presidencia del Gobierno, asegura tener las pruebas de que Juan Amigó, secretario de Organización (en remojo) de su partido, maquinó con sus dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para hacer “un tamayazo”. Es decir, que Amigó compró a los dos concejales de Ciudadanos en el consistorio chicharrero para que votaran a favor de la candidata a la alcaldía por el PSOE, Patricia Hernández, a cambio de cargos -verbigracia la concejalía de Urbanismo- desde los que poder enriquecerse a través de negocios inmobiliarios de los que es titular.

Es decir: cohecho.

Es evidente que la dirigente de Ciudadanos en Canarias no tiene ni idea de lo que fue el famoso tamayazo ni mucho menos que en sí mismo encierra el tipo penal del cohecho. Del mismo modo que tampoco es consciente de que ha utilizado un término asociado a la corrupción que no es en absoluto de aplicación a lo ocurrido este sábado en la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El tamayazo, según lo ocurrido en la Asamblea de Madrid en 2003, consistió en que dos diputados regionales del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) no se presentaron a la votación para la elección de la mesa de la Cámara impidiendo así que se cumpliera un pacto firmado por su partido con Izquierda Unida, pacto que a la postre debía convertir en presidente al socialista Rafael Simancas. Y se rajaron, según todos los indicios que se manejaron entonces, a partir de que un empresario del sector inmobiliario muy vinculado al PP los sobornara. Este palmario delito de cohecho no se pudo demostrar jamás, entre otras cosas porque la Fiscalía General del Estado, en manos del PP de Aznar, frenó cualquier tipo de investigación, dónde va a parar.

Aplicada la plantilla del tamayazo a los dos concejales de Ciudadanos que este sábado votaron a favor de Patricia Hernández, nos encontramos con que lo hicieron sin violar ningún acuerdo firmado por su partido con alguna de las demás formaciones presentes en el consistorio, sino más bien al contrario: en cumplimiento estricto de los acuerdos a los que precisamente ambos concejales habían llegado con el PSOE. Esos acuerdos fueron fruto de una larga negociación de la que estuvieron al corriente en todo momento tanto Vidina Espino como la otra dirigente regional del comité de pactos, Teresa Berástegui.

Por lo tanto, no se cumple el primero de los requisitos: violentar un pacto del partido de los concejales suscrito con un tercero.

Luego está el segundo requisito imprescindible: que el sentido del voto responda a un interés espurio derivado de la compra de voluntades por parte de un tercero, a mayor abundamiento ajeno a la institución.

Sostiene firmemente Vidina Espino que tiene “las pruebas” de que detrás de esta operación está su propio secretario de Organización, Juan Amigó, que logró que “se dieran unas determinadas concejalías a unos concejales que él puso” y que en todo momento ha sido Amigó el que “sí o sí quería que Patricia Hernández fuera alcaldesa para un intercambio de áreas”.

En unas declaraciones del mismo sábado, recogidas profusamente por La Provincia y El Día, y replicadas al día siguiente por Europa Press, Vidina Espino se refiere implícitamente a intereses directos de su secretario de Organización y a lo que ella considera un tamayazo. Pero preguntada por este periódico si es consciente de que un tamayazo conlleva un cohecho, la secretaria de Comunicación y aspirante a la presidencia del Gobierno de Canarias contestó lo siguiente: “Bueno pues eso que lo diga un juez, no yo. No creo que haya ningún dinero, solo aéreas de poder e influencia”; “este señor cerró un acuerdo afín a sus intereses (sic)”. Porque, a su juicio, “tamayazo es transfuguismo a cambio de cargos”.

Con lo que nos tropezamos con otro error conceptual. Un tránsfuga es, a la vista de la casuística y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “una persona que pasa de una ideología o de una colectividad a otra” (…) “que altera el equilibrio de fuerzas derivado del grupo político con el que había concurrido a las elecciones, otorgando con su conducta la mayoría a otro grupo hasta ese momento minoritario y alterando, aun en un segundo nivel, la representación democrática”.

Los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lezcano pueden haber cometido, en el peor de los casos, una desobediencia hacia las indicaciones de su partido, si damos por buenas las indicaciones que en el sentido de votarse a sí mismos les envió a ambos por WhatsApp, a las nueve de la mañana del sábado, Teresa Berástegui.

Con lo que se hace necesario conocer qué ocurrió para que la cosa desembocara en lo que desembocó. Berástegui mantuvo tres posiciones distintas respecto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Primero, como ha quedado dicho, bendijo las negociaciones con el PSOE, a sabiendas de que en la ecuación se incluía el voto favorable de Unidas Podemos, como aventó sobradamente el líder de IU, Ramón Trujillo. Luego, el mismo viernes, telefoneó al secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, para intentar un pacto con el PP por el que este partido compartiría la alcaldía con el PSOE los cuatro años de mandato. La respuesta que obtuvo fue negativa. Y por último, siguiendo instrucciones nacionales de su partido, ordenó a la mañana siguiente que sus dos concejales se votaran a sí mismos cuando ya se habían comprometido a hacerlo a favor del PSOE.

Queda por aclarar en estos momentos si es cierto o no que Juan Amigó haya causado baja en Ciudadanos. Teresa Berástegui no ha contestado a las llamadas de este periódico, pero Vidina Espino lo da por hecho porque, “según él, se había dado de baja del partido y llamó a varios afiliados para despedirse”. No consta el preceptivo escrito con acuse de recibo.