Como ya hiciera el año anterior, la Fiscalía de Canarias expresa en su memoria de 2023 su “gran preocupación” por las alrededor de 600 personas “con deterioro cognitivo o graves impedimentos físicos” que por diversas razones viven en los hospitales públicos de las Islas a pesar de tener el alta médica, en algunos casos desde hace años.
El Ministerio Público explica que “la mayor parte” de las diligencias preprocesales abiertas para proveer medidas judiciales de apoyo a estas personas acabaron siendo archivadas. Según recoge la memoria, la razón obedece a que en la mayoría de estos supuestos “la casuística es ajena a los procedimientos contemplados en la ley”.
La Fiscalía alude, en concreto, a dos motivos. En algunos casos, el deterioro cognitivo no afecta a la capacidad de la persona para tomar decisiones. En otros, existen “medidas extrajudiciales” que ya suponen un “apoyo efectivo” para las personas con discapacidad o en edad avanzada, como la “preexistencia de una guarda de hecho”. Es decir, de un familiar que asumiera sus cuidados antes del ingreso en el hospital.
Para el Ministerio Público, este escenario es indicativo “de las evidentes carencias que continúa mostrando el sistema” para atender a las personas con discapacidad que lo precisan, así como de “los escasos recursos económicos con los que cuentan muchas familias en las dos provincias canarias para atender a sus seres queridos”.
La principal medida judicial de apoyo y protección para las personas con discapacidad y para mayores es la denominada “curatela”, una ayuda para quienes necesiten ser acompañadas o asistidas en todos o algunos ámbitos de su vida. La figura del curador tiene facultades de representación “de manera excepcional y para los aspectos concretos que se establezcan judicialmente”.
Reuniones con Sanidad
Según la memoria, durante 2023 hubo varias reuniones entre representantes de la Fiscalía y de la Consejería de Sanidad para abordar un problema que arrastra el Archipiélago desde hace años. A juicio del Ministerio Público, la solución “ha de venir de los servicios jurídicos de la administración sanitaria” y de una “adecuada coordinación con la administración competente en el ámbito sociosanitario”.
A finales del año pasado, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció en una rueda de prensa junto a las consejeras de Sanidad y Bienestar Social, Esther Monzón y Candelaria Delgado, respectivamente, el inicio de los trabajos para la elaboración de un plan de atención sociosanitaria en las Islas para colectivos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran las personas que viven en los centros sanitarios con el alta hospitalaria.
En aquella comparecencia, Clavijo puso fecha para la conclusión del plan: junio de 2024. Cinco meses después de esa fecha, la estrategia sigue sin ser publicada. El viceconsejero de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Fransic Candil, dijo recientemente a este periódico que el retraso se debía a que el equipo de trabajo quería esperar a conocer el contenido de las estrategias europea y española de “desinstitucionalización de los cuidados”, que fueron presentadas en verano. El objetivo, manifestó el alto cargo, era poder presentar el plan “en los próximos meses”.
Mientras, alrededor de 600 personas continúan ingresados en los hospitales de Canarias con el alta médica. Sus circunstancias ya han sido explicadas en varias ocasiones por los profesionales de Trabajo Social que las atienden. Algunas viven solas, otras tienen familias que han claudicado en la asunción de los cuidados por falta de apoyo institucional y también hay casos, aunque minoritarios, de abandono. A esa ausencia de una red familiar y comunitario de apoyo se le une el déficit de plazas en los centros sociosanitarios que pueden brindarles la atención que estas personas requieren. Un déficit que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 9.400 plazas.
La falta de soluciones para estas personas acarrea otro problema, un bloqueo de camas en las plantas de los hospitales canarios que, a su vez, impide descongestionar los servicios de urgencias, que acaban colapsando. En las últimas semanas, por ejemplo, se han producido episodios de máxima saturación en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), el de referencia para la población del norte de Tenerife.
El personal de urgencias asegura tener que hacer “malabares” para poder ubicar a los pacientes que llegan mientras las ambulancias se quedan paralizadas a las puertas del hospital y los pacientes tienen que permanecer días ya no sólo en camillas en los pasillos, sino también sentados en sillas o butacas porque no hay espacio ni recursos.