El juez Alba tarda dos años en denunciar presuntas presiones de la cúpula judicial para retirar una denuncia contra Ramírez

Salvador Alba ha tardado dos años en denunciar las presuntas presiones que habría recibido de miembros de la cúpula judicial, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, para que retirara su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria. Una denuncia que había interpuesto horas después de que el empresario aportara en sede judicial la grabación del encuentro que mantuvo con Alba en su despacho el 16 de marzo de 2016 con el objetivo de fabricar una declaración contra la entonces jueza en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, a quien sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Alba acusa ahora a Doreste de haberle presionado para intentar favorecer a Ramírez y presenta como prueba una grabación que él mismo realizó de una conversación con el presidente del TSJC en los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia el 31 de octubre de 2016, según ha informado este jueves el diario El País. La denuncia del magistrado, presentada el pasado viernes ante la Fiscalía General del Estado, llega apenas quince días después de que el TSJC decidiera enviarle a juicio por la presunta comisión de cinco delitos relacionados con esa maquinación contra Rosell: prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Alba ha remitido este jueves un comunicado a varios medios de comunicación, no a Canarias Ahora, en el que asegura que el presidente del TSJC intentó “dirigir” su actuación profesional en la causa por fraude a Hacienda y contra la Seguridad Social que se sigue contra Ramírez, en los meses en los que la instruyó en sustitución de Rosell.

“El señor Doreste ha acudido de forma constante a entrevistarse con este magistrado para presionarme y dirigir mi actuación profesional. Me citaba en alguna cafetería o aparcamiento para transmitirme mensajes para modelar mi actuación procesal”, añade Salvador Alba.

Junto a esa denuncia, el magistrado aporta la grabación de una conversación con Antonio Doreste. Según reproduce El País, en este encuentro el presidente del TSJC le transmite que una persona “que no es Miguel Ángel Ramírez, pero es una persona seria de alto nivel”, le había mandado el siguiente “recado”: “Si sigues contra él (en su denuncia), prepárate, tiene montón de información sobre ti, algo de un viaje a Italia...”

En esa conversación, Doreste le expresa su temor a que el empresario “contraataque por algún frente” y “saque cosas” en su contra. “Yo, como amigo tuyo que soy, me he considerado en el deber de advertirte. A lo mejor te interesa, pues yo que sé, poder decir que no, que tal, que cual, que fue en un momento... Que retires la denuncia. A lo mejor te interesa”, se le escucha decir al presidente del TSJC.

La conversación se produjo tres días antes de que Alba ratificara ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, su denuncia contra Ramírez por descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones. Una denuncia que había presentado como reacción inmediata a la difusión de la grabación de su encuentro privado con el empresario. Ya entonces aseguraba que había recibido presiones de magistrados y periodistas para archivar la causa por delito fiscal contra el empresario, pero no aportó las pruebas que decía tener, entre ellas supuestos mensajes de Whatsapp.

La actitud de Alba como denunciante llamó la atención del instructor. En junio de 2016, el juez ahora procesado logró, por la ausencia de su abogado, Nicolás González-Cuéllar, que se suspendiera la declaración donde debía ratificarse en su denuncia y dar nombres y pruebas de esas presuntas presiones. “No es normal que un denunciante plantee tantos problemas para ratificar la denuncia”, llegó a espetarle en ese acto el instructor por las trabas para impedir que avanzara el procedimiento. “Ya me dirá que clase de denuncia es esa, que nunca se hace y en la que los denunciados no saben jamás de qué se les denuncia”, añadió.

Aunque Alba se ratificó en la misma cuatro meses después, en octubre, a la semana siguiente, justo el día en el que estaban llamados a declarar Miguel Ángel Ramírez y el abogado Sergio Armario, anunció que retiraba la denuncia. La Fiscalía, que continuó personada, pidió el sobreseimiento de la causa, archivada en diciembre de 2016. El juez instructor negó entonces que hubiera indicios de manipulación en los audios aportados por el empresario y recordó que Ramírez presentó esa grabación en condición de denunciante de los presuntos delitos cometidos por Alba.

Antes de grabar a Doreste, el juez había registrado también una conversación con sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras departían sobre varios procedimientos, entre ellos una de las mayores tramas de corrupción de las Islas, el caso Unión, que Alba debía juzgar. El objetivo de esas grabaciones realizadas por el magistrado era descubrir esas supuestas presiones de sus compañeros. Por esta acción, el magistrado fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una multa de 500 euros por una falta de desconsideración hacia sus compañeros. La denuncia ante el órgano de gobierno de los jueces había sido presentada por la asociación profesional Juezas y Jueces por la Democracia.

Alba se enfrenta ahora a una petición de la Fiscalía de diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el cargo. La acusación particular, ejercida por Victoria Rosell en calidad de víctima, solicita para él 13 años y medio de prisión y 41 de inhabilitación.

Una justicia “terminal”

El pasado 14 mayo, el juez ya adelantó en una entrevista en el diario Canarias 7 que su escrito defensa frente a esos cargos iba a provocar “una reacción social que va a tirar por los suelos la valoración de la Justicia”, a la que, en las Islas, ve no ya “enferma”, sino incluso “terminal”.

En su comunicado de este jueves, el magistrado dice que el presidente del TSJC ha llegado a transmitirle “amenazas literales” del empresario Miguel Ángel Ramírez.

“Tales como ”me está investigando“, ”me está espiando“ o ”ha accedido a mi correo electrónico personal'“, asegura Salvador Alba que le dijo Antonio Doreste.

Consultado por Efe, el presidente del TSJC ha reconocido que es verdad que mantuvo conversaciones con Alba hace unos años, como hace con otros compañeros de magistratura, cuyo contenido concreto no recuerda. Doreste ha añadido, además, que por el momento prefiere no hacer más valoraciones sobre la denuncia que el magistrado de la Audiencia Provincial ha interpuesto contra él.

Alba precisa que en su denuncia ante la Fiscalía del Estado también advierte de que el empresario Ramírez “goza de influencia en ciertos jueces de Gran Canaria, amigos suyos, a los que ha utilizado para obtener resoluciones favorables en su causa por delito fiscal”.

El magistrado también critica la “inacción” que percibe en la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria, al que acusa de no hacer nada frente a unos hechos de los que “tiene conocimiento”.