La Audiencia admite la sentencia de Faycán puesta por el juez Alba, suspendido y de baja médica, y absuelve a dos exalcaldes del PP
La Audiencia de Las Palmas ha soltado la bomba del verano minutos antes de dar por concluida la última jornada laboral hábil de la magistratura: los jueces del caso Faycán han adelantado el sentido del fallo de una sentencia que no notificarán hasta el primer día hábil de septiembre, y han absuelto a los siete acusados que no se conformaron con las penas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción.
Los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo han dado por válida, en parte, la sentencia emitida la semana pasada por el juez Salvador Alba a modo de “voto particular”, a pesar de estar de baja médica –en ese momento, el TSJC no tenía constancia oficial de que hubiera solicitado el alta- y suspendido por el Consejo General del Poder Judicial al estar pendiente de juicio, acusado de cinco delitos por conspirar para acabar con la carrera de su colega Victoria Rosell.
De este modo, el juicio abierto a 28 acusados por su presunta participación en una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde bajo el gobierno del PP (2003-2007), se cierra con 21 de ellos condenados al haber admitido su culpa, con rebajas sustanciales de sus penas que no sobrepasan los dos años de cárcel, pero con dos exalcaldes del PP, Mari Carmen Castellano y Paco Valido, absueltos, sin que se sepa hasta dentro de un mes los argumentos de los jueces para declararlos inocentes.
En una nota oficial emitida por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el máximo órgano de los jueces adelanta la absolución de esos siete acusados (además de los dos exalcaldes, el exjefe de Urbanismo de Telde José Luis Mena, en prisión por otras condenas; el arquitecto Emilio Hernández, el auxiliar administrativo Luis Felipe Martín, el secretario del partido Ciuca, Agustín León y el empresario Domingo Campos), pero a la vez declara la responsabilidad civil subsidiaria del PP “en la cantidad reclamada por el ministerio fiscal”.
Esa responsabilidad civil subsidiaria se refiere a uno de los presuntos delitos por los que se acusó a la exalcaldesa Mari Carmen Castellano, y asumiendo en su totalidad su culpa, fue condenado uno de sus asesores, José Luis Sánchez: la reforma de una oficina del partido en el barrio de Arnao, costeada con fondos de la Unión Europea destinados a combatir el desempleo. Parte de ese dinero se utilizó para sufragar la apertura de esa sede del partido, con el visto bueno documental de la exalcaldesa.
La Audiencia de Las Palmas, a través de su presidente, Emilio Moya, se ha limitado a informar por medio de su gabinete de prensa de esa decisión absolutoria de los otros dos magistrados del caso, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, admitiendo en parte el voto particular dictado la semana pasada por Salvador Alba. Pero no dejan clara en qué situación quedarían los otros 21 acusados conformados.
En este sentido, al inicio del juicio ya se produjo una controversia jurídica en el momento en que esta veintena de acusados admitía su culpabilidad de los hechos de los que les acusaba el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. El presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Salvador Alba, nunca llegó a dictar esas condenas in voce, sino que se remitía al texto final de la sentencia, por el que habrá que esperar todo un mes para conocer el alcance real de la misma.
Ese hecho insólito dio pie a que algunos juristas presentes en el juicio dieran por válida la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el proceso si al final del mismo se vieran perjudicados sus clientes. Salvador Alba siempre sostuvo que no era necesario dictar sentencia en la sala para dar legalidad a las penas conformadas.
El caso Faycán fue una de las primeras tramas de corrupción del PP de Canarias, investigada por la recién creada Fiscalía Anticorrupción entre 2004 y 2006, cuando saltó a la luz pública con las primeras detenciones en el municipio de Telde, entre ellas, su cabecilla ya fallecida, la expresidenta local del PP María Antonia Torres.
De ese caso se desgajó una pieza separada, el entramado en torno a la política de viviendas oficiales de Grupo Europa en el Ayuntamiento de Telde, que fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con condenas varias, salvo para el entonces diputado regional aforado y ahora senador Jorge Rodríguez Pérez, ahora abogado defensor del Partido Popular en esta trama del caso Faycán.
