Culpable de asesinato con ensañamiento por matar a golpes a su pareja en Santa Brígida
Un tribunal del Jurado ha declarado culpable de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento al hombre que mató a patadas a su pareja el 21 de julio de 2016 en la localidad de La Angostura, en Santa Brígida (Gran Canaria).
Durante el juicio, celebrado esta semana en la Audiencia de Las Palmas, el procesado, Ángel P.R., trató de alegar que él nunca quiso matar a su pareja, Jayne May Evelyn, sino que discutió con ella, se pelearon y el cayó de rodillas encima de su cuerpo, lo que pudo ocasionarle las lesiones, según su versión.
El Jurado considera probado que no fue eso lo que pasó, sino que Ángel P.R. arremetió contra su pareja en su propia casa de una forma que esta no podía esperarse y contra la que no pudo defenderse.
El procesado, dice el veredicto, derribó de un golpe a la mujer y luego le propinó múltiples patadas por todo el cuerpo tendida en el suelo, con el propósito no solo de matarla, sino también de “aumentar de forma consciente y deliberada el padecimiento que estaba experimentando”.
Luego, telefoneó a su hija para decirle que su madre estaba bebida en el suelo, pero que no acudiera a casa, que él se iba a encargar de llevarla a la cama.
La hija no le hizo caso y se presentó en la vivienda. Allí se encontró a su madre tirada en el suelo de la cocina, mientras el procesado fumaba asomado a la ventana.
La mujer pudo contar a su hija antes de que se la llevaran al hospital que Ángel P.R. le había dado “muchas patadas” y que le dolía el estómago y el pecho.
Debido la paliza que recibió, Jay May Evelyn sufrió fracturas en prácticamente todas las costillas, en el esternón y en órganos vitales, como en páncreas.
Casi un mes más tarde, falleció en el hospital como consecuencia de todas esas heridas, que le provocaron un fallo multiorgánico.
“Presentaba uno de los politraumatismos más severos que he visto en mi vida”, declaró durante el juicio la cirujana que la atendió en el hospital, para ilustrar al Jurado sobre el alcance de las lesiones.
En vista de este veredicto de asesinato con dos agravantes, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que se condene al procesado a 23 años de cárcel, pena que la acusación popular ejercida por el Gobierno canario a través del Instituto de Igualdad eleva a 25 años.
La defensa ha admitido también los cargos por asesinato y ha pedido que se imponga a su cliente 20 años de cárcel.
