La Fiscalía denuncia a Anfi por ocultar sus bienes para evitar embargos
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una denuncia contra las dos sociedades del grupo Anfi dedicadas al aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico, Anfi Sales y Anfi Resorts, por haber ocultado sus bienes para evitar los embargos en los procedimientos de ejecución en los que se encuentran inmersas como consecuencia de las numerosas condenas judiciales por irregularidades en la comercialización de estos productos. El Ministerio Público ha apreciado indicios de un delito de insolvencia punible por parte de estas empresas del emporio turístico radicado en el sur de Gran Canaria, el líder europeo en esta modalidad de negocio, el denominado timesharing.
La fiscal Elena Herrera firmó el pasado 12 de julio el decreto que remite al juzgado decano de San Bartolomé de Tirajana las diligencias de investigación que abrió en enero, a raíz de un escrito presentado por el abogado Miguel Rodríguez Ceballos en representación de exclientes de Anfi que continúan reclamando la devolución de las cantidades indebidamente cobradas y reconocidas por sentencias, en muchos casos firmes. El procedimiento se repite en todos los casos. Ante la negativa del grupo turístico a abonar de forma voluntaria las cifras recogidas en estas condenas, el juzgado solicita una relación de sus bienes para poder trabar embargos. Y es en este punto donde se consuma el presunto delito, al no haber dado respuesta las empresas “a casi ninguno de los requerimientos”, obstaculizando de esta manera los embargos y frustrando la ejecución de los fallos judiciales.
Aunque el decreto de la Fiscalía no alude a ello, tanto Rodríguez Ceballos como la letrada Eva Gutiérrez, del despacho Canarian Legal Alliance, denunciaron a finales del año pasado, además de esta treta para esquivar los pagos, el vaciado de las cuentas de esas sociedades con el mismo objetivo. Lo hicieron tras constatar que desde finales de 2014 hasta la actualidad han desaparecido de esas cuentas corrientes millones de euros y que los saldos han quedado prácticamente a cero a pesar de que la actividad del negocio del timesharing ni ha cesado ni ha disminuido, según consta en las memorias anuales del grupo turístico.
La información patrimonial revela que Anfi Resorts y Anfi Sales acumulaban más de 13 millones de euros en las entidades financieras un mes antes de que el Supremo se pronunciara por primera vez y fijara doctrina sobre las ventas de por vida de semanas turísticas, una práctica que institucionalizó la empresa fundada por el noruego Bjorn Lyng a pesar de que la Ley 42/1998, de aplicación en el aprovechamiento por turnos, limitara su duración a 50 años. En diciembre de 2017 esos 13 millones habían quedado ya reducidos a 400.000 euros y en los últimos 18 meses la cifra ha disminuido más.
En lo que respecta a la ocultación de bienes, el motivo por el que ha presentado la denuncia, la Fiscalía recuerda en su decreto que la última redacción del Código Penal sanciona, en su artículo 258, a los deudores que dejen de facilitar esa información para dilatar, dificultar o impedir el cobro de las cantidades por parte de los acreedores. En este caso concreto, el denunciante aportó como ejemplos cinco casos en los que Anfi no ha abonado aún condenas de los años 2017 y 2018, en algunos casos de más de 200.000 euros, a pesar de la existencia de autos y decretos que instan a la empresa a la ejecución de las sentencias bajo apercibimiento de sanciones por desobediencia grave.
La Fiscalía solicita que se abran diligencias previas en los juzgados por estos hechos y que presten declaración en calidad de investigados los representantes legales de Anfi Sales y Anfi Resorts, los miembros de los consejos de administración de ambas sociedades en 2018, el responsable de los servicios jurídicos y la persona encargada de aportar la relación de bienes a los juzgados.
Información entre socios
Coincidiendo en el tiempo con la firma del decreto de la Fiscalía, la cadena IFA, propietaria a través del grupo Lopesan del 50% de las acciones de Anfi tras la compra de las participaciones a los herederos de Bjorn Lyng en septiembre de 2016 por 41 millones de euros, informaba en su reunión general anual, celebrada en la ciudad alemana de Duisburgo, que su socio, Santana Cazorla, no solo le ha impedido la participación activa en la toma de decisiones, sino que, además, está reteniendo información y ocultándosela a la otra parte del grupo.
Los hermanos Santana Cazorla, Santiago y Manuel, tienen la denominada acción de oro en Anfi, lo que significa que su voto es decisivo y vale el doble en caso de desavenencias entre socios.
Según informa el portal Inside Timehsare, Anfi ha reservado 15 millones de euros para hacer frente a las condenas por irrregularidades en la venta de estos productos turísticos. Canarian Legal Alliance cifra las cantidades reclamadas por este concepto en 57 millones de euros.
