La Fiscalía pide tres años de cárcel para el exjefe de Costas de Canarias por la obra de la playa de Tauro
La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias hasta el año pasado, por haber autorizado ilegalmente la construcción de una playa artificial en Tauro (sur de Gran Canaria) sin que su promotor hubiera cumplido las condiciones exigidas.
Las obras en cuestión sirvieron al grupo turístico Anfi Tauro para cubrir con 70.000 toneladas de arena lo que hasta entonces era una playa de callaos, en la primer obra de este tipo que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente autorizaba en el litoral de Gran Canaria en los últimos 25 años.
En el escrito de acusación que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, el fiscal denuncia que el entonces jefe de Costas, José María Hernández de León, permitió que esas obras comenzaran a sabiendas de que Anfi Tauro no había cumplido con las condiciones que se le exigían y después falsificó documentos para aparentar que todo era legal y que había cumplido las instrucciones del Ministerio.
En concentro, la acusación pública demanda que Hernández de León sea juzgado como posible autor de un delito de prevaricación en concurso con otro de falsificación de documento oficial y que sea condenado a tres años y medio de cárcel, diez años de inhabilitación especial para empleos públicos y una multa de 18.750 euros.
La Fiscalía recuerda que el permiso que consiguió el grupo Anfi para transformar esa playa estaba condicionado, principalmente, a que cumpliera con su ofrecimiento de donar al Estado 3.683 metros cuadrados de terrenos en ese mismo enclave, que iban a pasar a formar parte del dominio público marítimo terrestre.
Y subraya que ese ofrecimiento de donación de terrenos al Estado resultó clave para que Medio Ambiente se decantara por su propuesta en lugar de por la presentada por el otro grupo empresarial interesado en transformar esa playa, Miguel Cazorla e Hijos.
Este procedimiento penal fue iniciado a instancias del propio Ministerio de Medio Ambiente, que destituyó a Hernández de León y le denunció ante la Fiscalía tras descubrir que había autorizado el inicio de las obras a pesar de que el ingeniero de la Demarcación le había advertido expresamente de la existencia de graves irregularidades que impedían dar ese permiso al grupo Anfi.
Entre ellas, figuraba el hecho de que este grupo turístico no había cumplido con su obligación de donar los 3.683 metros cuadrados de suelo, sino que había aportado al expediente otra finca mayor que los incluía, pero de la que no era el único propietario.
El fiscal subraya que, pese a esa advertencia, el acusado autorizó verbalmente a las máquinas de Anfi el inicio de las obras.
Sin embargo, el ingeniero que apreció las irregularidades no se dio por vencido y denunció lo ocurrido al Ministerio de Medio Ambiente, lo que motivó que esta enviara a la isla a la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, a pedir explicaciones a Hernández de León y comprobar sobre el terreno el estado de la playa.
La acusación pública añade que el acusado incumplió las instrucciones expresas que recibió en esa visita por parte de su superiora y luego redactó una serie de actas y documentos públicos donde reflejaba, falsamente, que las irregularidades se habían solventado y las obras cumplían las condiciones de la concesión.
Sin embargo, la Fiscalía subraya que esas irregularidades persisten incluso a día de hoy, pasado un año, y que Anfi sigue sin entregar al Estado 3.211 de los 3.811 m2 de suelo que comprometió.
El Ministerio Público sostiene que Hernández de León eludió “de forma grosera, por palmaria”, sus obligaciones como jefe de Costas de Canarias, no cumplió con su deber de velar por el respeto de la legalidad, infringió “órdenes concretas” de sus superiores y luego “falseó la realidad” al redactar las actas y planos del expediente.
