El Gobierno asume como un error la presencia de su viceconsejera de Servicios Jurídicos en el juicio de Stratvs

En el Gobierno de Canarias fueron los primeros sorprendidos por la presencia de la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, en la primera sesión del juicio contra varios acusados por la construcción ilegal de la bodega Stratvs en Lanzarote. Cubas no solo se personó en la sala de vistas habilitada en Arrecife para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sino que pidió autorización al tribunal para subirse a estrados luciendo su toga de abogada. En el Gobierno se limitan a reconocer lo que consideran un error de la viceconsejera, a la que atribuyen un exceso de celo profesional para dar respaldo a la letrada jefa de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, Ana María Quintana, que fue la que de modo efectivo lleva la defensa de los funcionarios gubernamentales encausados, Faustino García Márquez y Armando Villavicencio.

Cubas no consultó con sus superiores jerárquicos la conveniencia de que el Gobierno estuviera sentado en estrados en un juicio mediante una representante de designación política, lo que de hecho fue interpretado por la acusación popular e incluso en ambientes políticos conejeros como una injerencia del poder ejecutivo en el judicial.

En su defensa, la viceconsejera ha esgrimido que fue una petición de la jefa de los Servicios Jurídicos, a la que quiso prestar apoyo profesional, no político.

Las tesis sostenidas por el Gobierno para defender a sus funcionarios también están siendo objeto de polémica en el seno de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a cuyo frente se encuentra Julio Pérez, abogado de profesión de larga trayectoria, que entre otros cargos ha ocupado el de secretario de Estado de Justicia. 

La defensa gubernamental de los funcionarios pretende que la autorización previa concedida por la Consejería de Política Territorial al promotor de la bodega Stratvs fue correcta porque sobre el espacio protegido de La Geria (Yaiza, Lanzarote) no operaba ningún grado de protección por el hecho de que el área no contara con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Una posición que choca de frente con la sentencia ya firme dictada por el TSJ de Canarias en la misma causa contra la exalcaldesa de Yaiza, la entonces diputada regional Gladys Acuña, que resultó condenada. En esa sentencia se estableció que la redacción y aprobación de un PORN solo es exigible en aquellos espacios protegidos con la figura de parque natural, y que en cualquier caso, la zona afectada por esta bodega es un suelo rústico protegido en el que no cabrían las actuaciones que ejecutó el promotor de Stratvs, el empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa.

Se da la circunstancia de que en el tribunal que sentenció tal cosa estaba la magistrada Carla Vallejo, actual viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, departamento también dependiente de la misma consejería de la que forma parte la letrada Cubas.

El Tribunal Supremo ratificó en junio pasado la condena a Gladys Acuña, exalcaldesa de Yaiza y exdiputada regional, a 14 años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por haber concedido la licencia de actividad a la bodega Stratvs y por no clausurarla a pesar de las irregularidades detectadas en los expedientes oficiales. Ahora son las autorizaciones urbanísticas las que están siendo objeto de juicio.