Intersindical Canaria deberá indemnizar con 15.000 euros a un afiliado por vulnerar su derecho sindical

La Justicia vuelve a dar la razón al sector crítico de Intersindical Canaria al condenar al sindicato a indemnizar con 15.000 euros por daños y perjuicios a un afiliado que fue expulsado tras denunciar una presunta trama de corrupción interna. En un auto con fecha de 4 de diciembre, el Juzgado de lo Social número seis de Las Palmas de Gran Canaria considera que IC no ha ejecutado todos los puntos de la sentencia firme que ratificó el TSJC en 2016 y que obligaba a restituir en sus cargos al afiliado Miguel Ángel Morales.

La jueza Yolanda Álvarez considera nulo el IV congreso del sindicato, celebrado en 2016, por no haberse celebrado con todas las garantías. A este congreso, Morales no pudo presentar su candidatura ya que había sido expulsado en mayo de 2014 por promover, junto a otros compañeros, un congreso extraordinario para denunciar el desvío de fondos.

Tampoco ve válidos los dos congresos de 2014 ya que el demandante se encontraba suspendido de militancia y recuerda que la sentencia ratificada por el TSJC solo constata la celebración de los mismos pero no su validez. Por tanto, se debe tener en cuenta el de 2011 en el que el afiliado fue nombrado miembro del Secretariado Federal Insular de Salud.

En cuanto a la restitución de los cargos del afiliado, no consta “la liberación total de dispensa al trabajo”, tampoco se le ha comunicado a Morales que se le haya restituido como miembro del Secretariado Federal Insular de Salud ni hay prueba de que haya podido ejercer como secretario de la Junta de Personal. A ello se le suma que no pudo concurrir a las elecciones de junio de 2016. Tan solo consta que fue nombrado miembro suplente del Secretariado Federal Insular de Salud.

El auto considera, por todo ello, que no se ha dado cumplimiento a todos los puntos de la sentencia de instancia de 2015 y es por ello que la jueza pronuncia la nulidad de los congresos y condena a los demandados al abono de una indemnización de 15.000 euros por “haberle privado de su situación de liberado sindical y no haber podido concurrir a las elecciones a miembro de la Junta de Personal el 9 de junio de 2016”.

La jueza subraya que ha tomado como referencia la “clara intencionalidad del sujeto infractor, el incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales dictadas y el perjuicio causado”.

Varios frentes abiertos en IC

Actualmente, se mantiene abierta una investigación por presunto desvío a cuentas particulares de fondos de la sectorial procedentes de las cuotas de los afiliados y en las que hay investigadas siete personas. Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron pagos “sin justificación aparente” en la actividad sindical por valor de 80.000 euros en las contabilidad de IC entre los ejercicios 2010 y 2014.

Con ese dinero se habrían pagado viajes para asuntos particulares, entradas para conciertos, fines de semana en casas rurales o préstamos personales de hasta 2.500 euros.

Además, recientemente el sindicato expulsó a los miembros que intentaron presentar una candidatura alternativa a la oficialista. Las personas a las que se comunicó su expulsión forman parte del sector crítico de la organización. Entre ellos, se encuentran afiliados que denunciaron el fraude que se estaba cometiendo en las cuentas de Intersindical Canaria.