El Poder Judicial tarda 57 días en notificar al juez Alba su suspensión
Salvador Alba ya ha sido oficialmente apartado de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) notificó el pasado miércoles al magistrado la resolución de la Comisión Permanente que acordó su suspensión cautelar como consecuencia del auto de apertura de juicio oral en su contra por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) por maniobrar a finales de 2015 y principios de 2016 desde el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria para perjudicar la carrera política y profesional de la magistrada a la que sustituía, Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.
El órgano de gobierno de los jueces ha tardado, por tanto, 57 días en comunicar a Alba que ha sido suspendido de forma cautelar, los que han transcurrido entre el 19 de julio, fecha de la resolución de la Comisión Permanente, y el pasado miércoles, 12 de septiembre,
El CGPJ ha tenido que acudir a la Policía Nacional del municipio grancanario de Telde, donde reside, para notificar al magistrado el acuerdo, ante la imposibilidad de comunicárselo por los cauces habituales, ya que, como en anteriores ocasiones, el agente judicial no ha podido localizar en su domicilio a Alba, que se encontraba de baja laboral desde mediados de mayo.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con esta notificación Alba ya se encuentra oficialmente apartado de la carrera judicial a todos los efectos, al menos hasta que se cierre en firme el proceso penal en curso,
La notificación ya ha sido comunicado a la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde tiene plaza el juez, en la Sección Sexta, y al TSJC.
La Fiscalía; la acusación particular, ejercida por la magistrada Victoria Rosell en su condición de víctima, y la acción popular, representada por Podemos y por el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza, solicitan para Alba penas de hasta trece años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación. Le acusan de conspirar junto a un empresario al que investigaba por delitos fiscales, Miguel Ángel Ramírez, para tratar de imputar actuaciones irregulares a su antecesora en el cargo, Rosell, y propiciar con ello el archivo de la causa contra Ramírez y, a la vez, que prosperara la querella ( finalmente archivada) que el entonces presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, el exministro José Manuel Soria, había presentado ante el Tribunal Supremo contra la magistrada en excedencia, su rival política en las elecciones generales de 2015 al concurrir como independiente en las listas de Podemos.
Aun estando suspendido por el Poder Judicial, de baja médica y alejado del sumario de la causa, Alba emitió a finales de julio su voto particular sobre el caso Faycán, que absolvía a los siete acusados que no reconocieron los hechos ( otros 21 sí expresaron su arrepentimiento), entre ellos dos exalcaldes del PP. Días después, los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, que completaban la sala presidida por Alba en el juicio celebrado entre enero y marzo de este año, dieron por válidos los argumentos expresados en ese voto particular, excepto en lo relativo a la responsabilidad subsidiaria del PP, que el juez procesado no apreció y sus compañeros, sí.
