El Juzgado de lo Penal 2 de Puerto del Rosario ha absuelto al viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, el socialista Blas Acosta, en el denominado caso Gesturpa, en el que se le acusaba de los delitos de administración desleal e insolvencia punible por unos hechos sucedidos entre 2011 y 2014, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Pájara y administrador de la empresa pública Gesturpa.
En la segunda sesión del juicio, celebrado a finales de octubre, el fiscal Tomás Fernández de Paiz ya había retirado la acusación por insolvencia punible, aduciendo que la reforma del Código Penal no ampara este delito para los hechos por los que se juzgó a Acosta. Por ello, redujo su petición de cárcel, de los cuatro años y tres meses iniciales al año y nueve meses exclusivamente por el delito de administración desleal.
El escrito de acusación sostenía que el 27 de marzo la empresa administrada por Blas Acosta solicitó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por valor de 1,7 millones de euros “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo, dada su evidente falta de viabilidad económica”.
El expresidente del Cabildo majorero y líder de los socialistas en Fuerteventura declaró en el juicio que “jamás se firmó ningún préstamo ni entró un céntimo en condición de préstamo en la cuenta de Gesturpa”.
Otro de los supuestos delitos que la Fiscalía le atribuía era el abono en 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero”, al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta el escrito que la factura se había generado seis años antes, en 2006, y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.
Acosta afirmó que se trataba de una obra encargada por el Ayuntamiento y que fue Gesturpa quien encargó el proyecto de alumbrado de toda la zona de Cañada del Río, donde existen cuatro urbanizaciones, y el Ayuntamiento quien abonó la factura, y no Gesturpa, que “nunca pagó un céntimo de euro en esa factura”.
En este sentido, se admite que “no consta acreditado que Gesturpa o, en su nombre, el acusado suscribieran operación de crédito alguna, siendo el propio Ayuntamiento de Pájara el que lo suscribió a fin de hacer frente a las obligaciones reconocidas, líquidas, vencidas y exigibles de la propia entidad, su organismo autónomo Escuelas Infantiles de Pájara y sus entidades mercantiles Gesturpa, Gestión Agropecuaria de Pájara y Gestora Deportiva Municipal”.
Añade que fueron además las entidades financieras las que directamente abonaron a los proveedores, en virtud de los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y son las entidades financieras las que suministran al ayuntamiento la información de las facturas abonadas, realizándose la imputación al presupuesto.
En relación con ello, la sentencia indica que “no consta probado que con su actuación el acusado causara un evidente y grave perjuicio irreparable al socio y acreedores”.