La acusación popular en el llamado caso Reparos ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que dé impulso procesal a la causa, que lleva ocho meses paralizada en el alto tribunal sin que ni siquiera se haya solicitado el preceptivo suplicatorio al Senado para poder proceder contra el investigado Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias y alcalde de la ciudad de La Laguna cuando se cometieron los hechos por los que se abrieron estas diligencias y por los que la Fiscalía le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
El caso Reparos, por el que se investiga en un juzgado de La Laguna la gestión de dos exalcaldes de Coalición Canaria, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, entre otras personas, estalló cuando el hoy concejal de esa ciudad Santiago Pérez interpuso una denuncia por la sucesión de contratos de servicios prorrogados desde el grupo de gobierno con informes contrarios del interventor y sin sustento legal suficiente. Los contratos se formalizaban mediante el levantamiento de los reparos del interventor, de ahí el nombre que se ha dado a la causa.
Ya denunciado por este asunto y estando imputado por el caso Grúas, Fernando Clavijo y su partido optaron por enviar al expresidente al Senado, donde adquirió la condición de aforado, es decir, de personalidad solo perseguible penalmente por el Tribunal Supremo. Casi de inmediato y sin escuchar ni a la fiscalía ni a las partes personadas, la Sala Segunda del Supremo procedió a archivar el caso Grúas, lo que se tradujo en que meses después el juzgado que investigaba la causa en Tenerife para el resto de encartados se viera en la obligación de hacer lo mismo. El Supremo no vio delito en la gestión de las grúas municipales mediante trato de favor a trabajadores de la empresa concesionaria para que se hicieran con ella, incluyendo la concesión de un préstamo del consistorio, y la causa se desmoronó.
Con el caso Reparos no ha ocurrido de momento lo mismo. La causa fue enviada al Supremo por la jueza instructora en junio de 2022 una vez avanzada la investigación, que se inició en 2018, con un duro alegato basado en gran parte en las consideraciones de la Fiscalía Anticorrupción. Esa visión fue asumida en septiembre pasado por la Fiscalía del Supremo, que pidió a la Sala de lo Penal que procediera a llamar a Clavijo como investigado por prevaricación continuada, lo que todavía no ha ocurrido.
Tras conocerse la posición de la Fiscalía, Clavijo declaró públicamente que renunciaría a su aforamiento o que declararía voluntariamente en el caso de ser llamado. Nada de eso ha ocurrido de momento.