El juicio del denominado caso Yate, una de las mayores tramas de corrupción de la isla de Lanzarote, ha quedado este martes visto para sentencia. Tras la confesión de los hechos por parte de nueve de los once procesados, entre ellos José Francisco Reyes, alcalde del municipio sureño entre los años 1998 y 2007, y la consecuente aceptación de una rebaja sustancial de sus penas por diversos delitos (cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos en el caso del exregidor), la única incertidumbre jurídica que resta por zanjar es la resolución que adoptará la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas con respecto a los dos acusados que mantienen su inocencia, el asesor fiscal José Rafael Mesa y el exjefe de la Oficina Técnica del municipo sureño Antonio Lorenzo.
La sentencia de conformidad no logrará resolver, en cambio, las dudas sobre la identidad de las personas que sobornaron a Reyes para que otorgara licencias urbanísticas al margen de la legalidad. Se sabe, porque así lo ha confesado el propio exalcalde, que cobró 300.000 euros en dádivas, entre ellos 60.000 para la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, propiedad del grupo Martinón, de Enrique Martinón, el hotelero amigo del exministro de Turismo, José Manuel Soria (PP). No se conoce, sin embargo, qué empresarios pagaron. La Fiscalía Provincial de Las Palmas no ha podido demostrar quién estaba detrás de esas operaciones.
Reyes será condenado a seis años de cárcel (de los 25 que se pedía en un principio) y a 21 de inhabilitación. Además, se le impondrá una multa de 152.000 euros que se suma a los 300.000 ya devueltos.
Para la acusación particular, ejercida por la abogada Irma Ferrer en representación del denunciante, el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino, el caso Yate será recordado en los libros de historia de la isla de los volcanes como la guerra “entre la razón y el poder del dinero”, entre la ciudadanía que salió a las calles y se manifestó para reclamar que se dejara de construir y los que pergeñaron lo que definió como “urbanismo criminal, el que afecta a las personas”, entre los funcionarios y políticos que pidieron que se cumpliera la legalidad y aquellos “que retaron a las instituciones y la sociedad”.“Primero construyo y después pretendo que la legalidad se adapte a mi construcción y encima lo llamo inseguridad jurídica”, ha aseverado en alusión a la actuación de los promotores.
En su escrito de conclusiones en la segunda y última sesión del juicio, Ferrer ha mostrado su satisfacción por las sentencias de conformidad porque de esta manera “se reconoce el relato de los hechos” denunciados. La acusación particular “no quería acumular años” de condena para los procesados, ha explicado la abogada, que cree que durante este proceso se ha ocultado la verdadera dimensión del caso Yate. Ferrer ha recordado que son 24 las licencias concedidas al amparo del Plan Parcial de Playa Blanca que han sido anuladas por la Justicia, con 8.300 camas turísticas y un movimiento de 190 millones de euros. Unos datos a los que añadió las cerca de 1.800 plazas residenciales que también se concedieron a través de ese plan. En total, más de 10.000 camas anuladas y unos 30.000 trabajadores afectados, dijo.
Ferrer manifestó que, como resultado de este tipo de actuaciones para “torcer la legalidad de manera burda”, el municipio de Yaiza se quedó “sin colegio, suelo ni dinero”. “El Ayuntamiento no tenía ni para pagar a los funcionarios públicos”, ha recordado la abogada, al tiempo que ha lamentado que se destinaran recursos para promociones residenciales y turísticas ilegales cuando los servicios públicos de la isla “estaban agotados”.
Blanqueo “imprudente” de capitales
En su intervención final, Javier Ródenas, representante del Ministerio Público en este juicio, se limitó a concretar su acusación con respecto a los dos procesados que siguen manteniendo su inocencia y solo se refirió a la actuación de los otros nueve para denunciar la existencia de un concierto entre el exalcalde de Yaiza, el exsecretario municipal Vicente Bartolomé y el exjefe de la Oficina Técnica Antonio Lorenzo para “regalar licencias como churros” durante el periodo investigado.
Con respecto al asesor fiscal José Rafael Mesa, Ródenas ha introducido una calificación alternativa en caso de que el tribunal no considere acreditada la comisión de un delito de blanqueo de capitales. La Fiscalía mantiene su petición de dos años y nueve meses de cárcel para José Rafael Mesa. Sin embargo, si los jueces no aprecian dolo en la actuación del asesor fiscal, reclama que de forma subsidiaria se le condene a quince meses de cárcel por “blanqueo imprudente”, un delito tipificado en el artículo 301.3 del Código Penal. Además, añade a la solicitud de multa consignada al inicio, de 143.840 euros, otra de 146.320 euros.
La acusación particular se ha adherido a la petición de la Fiscalía al considerar que José Rafael Mesa era “el ingeniero” que ideó la trama societaria para ocultar los bienes que el exalcalde Reyes adquirió con fondos obtenidos de manera ilícita a través del cobro de comisiones por la concesión de licencias urbanísticas ilegales, entre ellos el barco El Pachi.
La defensa del asesor fiscal, ejercida por la abogada María Rosa Díaz Bertrana, ha vuelto a negar su participación en el blanqueo de capitales. José Rafael Mesa era administrador solidario de Management & Consulting, la empresa que gestionaba Sea Sun Lanzarote, la sociedad “pantalla” creada por la trama para ocultar la procedencia ilícita del dinero con el que se adquirió el barco El Pachi, que estaba a nombre de un hijo de José Francisco Reyes.
El otro administrador era su hermano, Benito Mesa, uno de los procesados que este lunes reconoció los hechos. Y, según José Rafael, el único que gestionaba la mercantil y asesoraba a Reyes y a su entorno. Según la abogada Díaz Bertrana, así lo acreditan tanto las manifestaciones del exalcalde, de su hijo y del propio Benito (en declaraciones realizadas en el marco de otros procedimientos, reproducidas este martes en la sala) como la documental que obra en la causa. La Audiencia Provincial deberá dirimir si José Rafael debía tener conocimiento de las operaciones que se gestaban en esa sociedad, como sostienen la Fiscalía y la acusación particular, o si estaba desvinculado de la misma y todas las decisiones las adoptada su hermano Benito, como mantiene la defensa.
El representante del Ministerio Público ha conectado la trama empresarial maquinada a partir de Management & Consulting con hechos “nucleares” que, a su juicio, demuestran la relación de amistad y confianza que José Rafael Mesa mantenía con José Francisco Reyes. Según Ródenas, el exalcalde de Yaiza concedió al asesor fiscal, que también es promotor inmobiliario, licencia para la construcción de más de 190 apartamentos en el municipio en 1999, aunque la defensa del acusado fecha este acontecimiento en 1988, años antes de que Reyes asumiera el bastón de mando municipal. Por otra parte, el fiscal recuerda que en ese mismo año José Rafael Mesa acompañó al exalcalde en calidad de asesor fiscal a un viaje pagado con dinero público y que desde agosto de 2005 y hasta su detención cedió de forma gratuita a la hija de Reyes una vivienda de su propiedad.
Informe “de trámite”
Antonio Lorenzo, exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, ha hecho uso del último turno de palabra para aclarar que el informe positivo que elaboró para el proyecto de urbanización del Plan Parcial de Playa Blanca, que es el que se juzga en esta causa, tenía un carácter facultativo y no vinculante, y que no tenía ninguna potestad para aprobarlo. Su abogado, Sergio Lorenzo, ha insistido en que ese documento solo informaba a favor de su tramitación, una fase inicial y previa a los informes jurídicos y urbanísticos pertinentes.
Para la acusación particular, en este juicio Antonio Lorenzo “ha inventado el concepto urbanístico de informe de trámite”. Ferrer ha recordado que los actos en esta materia están “perfectamente reglados” y que la normativa recoge “con exactitud” qué documentos son necesarios en el procedimiento administrativo. La abogada ha precisado que, aun dando por valida esa idea de “informe de trámite”, el jefe de la Oficina Técnica nunca debió aceptar la tramitación del proyecto, puesto que no existía “ningún parámetro urbanístico” que lo permitiera. “No había una normativa aprobada, ni ordenanzas, ni estatutos, ni se había constituido una junta de compensación. Era imposible”, ha redundado Ferrer.
La letrada ha añadido que el técnico informó a favor de la tramitación del proyecto de urbanización sobre la base del Plan Parcial de Playa Blanca de 1996, que preveía un uso turístico, a pesar de que en 2000 el Cabildo de Lanzarote había impuesto a través de una moratoria un cambio de uso, de turístico a residencial, y de que en los años 2001 y 2003 el Gobierno de Canarias había aprobado normativa que daba por extinguido aquel plan parcial de 1996 después de que se hubiera colmatado la capacidad para crear plazas turísticas.
Los problemas técnicos para realizar videconferencias con los juzgados de Arrecife han obligado a las acusaciones a renunciar a las testificales de Agustín Domingo Acosta, abogado que representó al Cabildo de Lanzarote en los procedimientos contra las concesiones ilegales de licencias urbanísticas; Leopoldo Díaz, jefe de la Oficina Técnica del Plan Insular de Ordenación, y Esteban Armas, técnico del mismo departamento de la institución insular.