El empresario Ángel Omar Suárez, acusado de cohecho y delitos contra el mercado en el denominado caso Faycán de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde, ha presentado un incidente de recusación contra Salvador Alba, el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas designado para presidir el juicio, que tiene señalado su inicio para el próximo 23 de octubre.
Suárez, que es gerente de una constructora implicada en la presunta trama de adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones y que se enfrenta a una pena de seis años y tres meses de cárcel, ha pedido que se aparte al juez de la causa por la “notoria y manifiesta enemistad” con su actual abogado, Sergio Armario, a quien contrató a principios de septiembre para su defensa en la vista.
Armario es el letrado que acompañó a Miguel Ángel Ramírez hasta la puerta del despacho en el que tuvo lugar la reunión que este empresario, presidente de Seguridad Integral Canaria, mantuvo con Alba en el despacho del magistrado el 16 de marzo de 2015. La difusión del contenido de ese encuentro, grabado por Ramírez, reveló el plan urdido para perjudicar a Victoria Rosell, a quien Alba había sustituido al frente de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada decidió presentarse a las elecciones generales de diciembre en las listas de Podemos. En ese juzgado se tramitan desde 2014 las diligencias contra el presidente de Seguridad Integral Canaria por presuntos delitos fiscales. Armario es el abogado de la empresa.
En el incidente de recusación presentado este jueves, al que Canarias Ahora ha tenido acceso, la representación legal de Ángel Omar Suárez recuerda que Alba denunció a Ramírez y a su recién contratado abogado por coacciones ante el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria cuando se publicó en los medios de comunicación el audio de esa reunión del 23 de marzo. El juez acabó retirando esa denuncia, pero antes aportó en sede judicial una grabación, realizada por él mismo, de un encuentro con Sergio Armario cuyo contenido versaba “exclusivamente sobre la esfera personal y vida privada” del letrado. La transcripción de esa conversación fue publicada en el diario La Provincia.
El empresario acusado en el caso Faycán expone que, además de “ventilar” esos datos sobre la intimidad de su abogado, Alba tildó de “falsa” la declaración que Armario prestó ante la magistrada Margarita Varona en el marco de las diligencias abiertas contra el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por ello teme que pueda ser tratado “de forma hostial y parcial” por quien ha sido designado ponente de la sentencia con la que ha de concluir el juicio que comenzará (salvo nuevo retraso) en octubre y que se prolongará seis meses, hasta abril de 2018, con un total de 42 sesiones.
El escrito precisa que la enemistad del abogado con el magistrado “no es causa legalmente prevista de recusación”, ya que el letrado no es parte del proceso, sino un operador jurídico. Sin embargo, recuerda que Alba admitió en otro procedimiento que el hecho de encontrarse con Armario en la Sala “podía sembrar dudas” sobre su imparcialidad a la hora de juzgar. Entonces, mayo de este año, el letrado solicitó in voce su recusación y el juez se vio obligado a abandonar la vista, en la que debía determinar la conveniencia de mantener en prisión provisional a una veintena de encausados por narcotráfico.
“Fue el propio magistrado Alba quien, en su escrito razonado de fecha 24 de julio de 2017, manifiesta su voluntad de aceptar la recusación formulada reconociendo que la causa de recusación ocasionaba su falta de idoneidad para poder enjuiciar aquel asunto (prórroga de prisión) con ecuanimidad”, apunta.
Para justificar su petición, la representación de Omar Suárez alude al concepto de “imparcialidad subjetiva”, entendido “en el sentido que lo emplea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la convicción personal del juez, lo que piensa en su foro interno, a fin de excluir que internamente haya tomado partido o vaya a basar su decisión en prejuicios indebidos”.
De prosperar este incidente de recusación, Alba deberá ser apartado del proceso y no podrá enjuiciar el caso Faycán. El magistrado está siendo investigado en el TSJC por los hasta seis delitos (prevaricación, cohecho, revelación de secretos, abuso en el ejercicio de su función, negociación prohibida a funcionario público y falsedad) que habría cometido en su maquinación contra Rosell. El CGPJ, por su parte, mantiene paralizada la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial de Alba por una falta muy grave de desatención hasta que se resuelva la causa penal.