Cuatro de los acusados en la trama de corrupción del caso Eólico, el abogado Alfredo Briganty, el funcionario Honorato López, y los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, han anunciado este lunes, a través de sus respectivos letrados, los hechos por los que serán juzgados por un tribunal de jurado presidido por el magistrado Pedro Herrera. Solo Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, y Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y pareja de Perdomo en el momento de los hechos, siguen defendiendo su inocencia.
El caso Eólico juzga un presunto amaño en el concurso convocado en octubre de 2004 por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia para la instalación de parques eólicos, hasta esa época el mayor en presupuesto en las Islas, según declaró el propio consejero de Industria. La trama, que según los investigadores fue orquestada desde la Dirección General de Industria y Energía del Ejecutivo regional, pretendía favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de los parques, facilitándoles información privilegiada a cambio de dinero.
Briganty, abogado que representaba a una serie de inversores interesados en participar en el concurso eólico, se enfrenta a una pena de un año y seis meses de cárcel y a una sanción de 150.000 euros. Este viernes, cuando fue puesto en libertad después de que no se presentara el miércoles ante el tribunal que juzgaba la trama de corrupción, sostenía que su estrategia de defensa “no es más que defender la verdad” y que lo único que podía hacer era “defender su inocencia” por mucho que le propusieran “pactos y avenencias”.
Por su parte, Celso Perdomo fue el director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005. Está acusado de un delito de violación de secretos, por facilitar información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés en el concurso; de dos delitos de cohecho (uno como autor y otro como cooperador necesario), por recibir o aceptar pagos de empresarios a cambio de favores en la adjudicación, y de un delito continuado de malversación por la compra de libros. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel, 14 de inhabilitación para empleo o cargo público y dos multas que suman 324.000 euros.
Honorato López es funcionario y era el jefe de área de Energía en la Consejería de Industria. Aunque no consta que hubiera percibido dinero por su actuación en el concurso, está acusado de cohecho, ya que para cometer este delito no es necesario que se haya consumado el pago y basta con haberlo pedido o aceptado. La Fiscalía pide para López dos años de cárcel y seis años de inhabilitación para cargo o empleo público, además de una multa de 200.000 euros.
José Ignacio Esquivel es un empresario que era vicepresidente de Promotora de Recursos Eólicos 2004, una de las empresas que pretendía concurrir al concurso. Al igual que Briganty, está acusado de dos delitos de cohecho y se enfrentan a una pena de un año y seis meses de prisión y 150.000 euros de multa cada uno.
Mónica Quintana, es funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y también fue pareja de Celso Perdomo. Es la presunta cooperadora necesaria del delito continuado de cohecho, al haber abierto la cuenta del banco de Luxemburgo donde se recibían las transferencias, y de malversación, por la compra de libros con cargo a las arcas públicas, se enfrenta a tres años y medio de cárcel, un año de inhabilitación de empleo público y dos multas que suman 84.000 euros.
Por último, el empresario Enrique Guzmán representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales, vinculada al grupo Hidrocantábrico, en el concurso eólico. También es administrador de Eneroil Consulting, otra de las empresas vinculadas a la trama. El Ministerio Público le considera autor de dos delitos de cohecho y solicita para el empresario un año y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros.