El juez Salvador Alba asume “molesto, pero tranquilo” la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abra diligencias penales para investigar si cometió algún tipo de delito en las indagaciones que realizó sobre la también magistrada Victoria Rosell.
“Me parece el procedimiento normal a seguir”, ha dicho Salvador Alba respecto a la decisión de la Fiscalía. “Hay un asunto en un Juzgado de Instrucción en el que no debe estar, porque afecta a un aforado, sea cierto o no lo sea”.
El magistrado, que ha recuperado su plaza en la Audiencia de Las Palmas, defiende que esa grabación está “manipulada” y que las maquinaciones contra Rosell que se le atribuyen son “falsas”.
“El asunto tiene que estar donde tiene que estar, en el Tribunal Superior de Justicia, y que luego este o el Consejo General del Poder Judicial hagan lo que quieran hacer. Si hay algo, me tendré que defender donde toque. Y si no lo hay, pues nada”, ha añadido.
Alba recalca que está “bastante tranquilo”, aunque no oculta que también se siente “molesto”, “porque uno trabaja en esto y cosas así incomodan, ya que ponen en duda la credibilidad y trabajo de una persona”. “Pero bueno, la posición es consecuente”, ha añadido.
La Fiscalía de Las Palmas ha anunciado que ha recomendado al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que remita al TSJC la grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez ha entregado sobre la conversación que Alba y él mantuvieron antes de que le interrogara formalmente sobre sus vínculos comerciales con la pareja de Victoria Rosell, el periodista Carlos Sosa.
El Ministerio Público considera que de esa grabación pueden desprenderse indicios de la posible comisión por parte de Salvador Alba de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Este magistrado, exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias, sustituyó a Rosell en el Juzgado número 8 de la capital grancanaria durante el tiempo que esta ejerció como diputada en el Congreso por Podemos y se hizo cargo de uno de sus casos de mayor relevancia: el presunto fraude millonario cometido a la Seguridad Social y Hacienda por Seguridad Integral Canaria, empresa de la que es propietario Miguel Ángel Ramírez.
Salvador Alba redactó a petición del Tribunal Supremo el informe sobre el estado de esa causa que sirvió de base para aceptar la querella formulada contra Rosell por el exministro José Manuel Soria, que la acusa de haber retrasado de forma intencionada ese procedimiento por la vinculación comercial que tenía su pareja con el empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas.
Entre otras cosas, Alba facilitó al Supremo la declaración que tomó en esa causa a Ramírez, en la que este reconocía que durante años ha financiado negocios periodísticos dirigidos por la pareja de Rosell. Sin embargo, nada más abandonar Alba el Juzgado número 8, Ramírez entregó a su sustituta la grabación de una reunión celebrada previamente por ambos en la que hablan de lo que iba a declarar.
De esa grabación, podría desprenderse que Alba orientó a Ramírez sobre lo que tendría que decir para perjudicar a Rosell, a cambio, presuntamente, de buscar motivos para declarar nula la causa por fraude fiscal en la que el empresario estaba siendo investigado.