La alcaldesa de Mogán mintió sobre los motivos de su último archivo judicial

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria), utilizó el pasado 8 de noviembre los canales oficiales del Ayuntamiento para informar del archivo de la última pieza en la que se había dividido la causa original sobre la presunta trama de compra de votos y financiación irregular de Ciuca (su antiguo partido) en las elecciones de 2015 y 2019. La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana había decretado un día antes el sobreseimiento provisional de las actuaciones donde se investigaba a la regidora sureña, entre otras personas, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de dos asesores. 

“En el auto, la magistrada señala que el procedimiento de contratación cumplió con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que los motivos para contratar a los profesionales mencionados fueron criterios de mercado y cualificación técnica, afirmaciones que ratificaron todos los investigados. Por tanto, los contratos menores se ajustaron a la legalidad, siempre bajo la revisión y comprobación de los técnicos del Consistorio y de la Asesoría Jurídica municipal. Así, señala la jueza, no existe delito alguno”, recogía el comunicado difundido por el Ayuntamiento.

Esas palabras que el gobierno liderado por Onalia Bueno atribuye a la jueza instructora, Raquel Lora, no figuran en el auto de archivo, al que ha tenido acceso este periódico. La resolución judicial no hace referencia en ninguna de sus cinco páginas al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, ni a criterios de mercado ni a la cualificación técnica de los asesores contratados, Raico Guerra (actual concejal) y Jesús Romero Espeja. 

Lo que sí dice la resolución es que no han quedado “debidamente acreditados” los indicios apuntados en el informe que da origen a la causa, elaborado por la Guardia Civil en 2022, puesto que a manos de la jueza sólo llegó ese atestado del equipo de policía judicial, pero no “la documentación obrante en la causa principal (sobre la compra de votos) relativa a los contratos del Ayuntamiento, documentación que fue obtenida por los agentes en la entrada y registro” a las dependencias municipales, en septiembre de 2020. 

Es decir, la jueza tuvo que decidir sobre la legalidad de unos contratos cuyos expedientes nunca pudo estudiar. Y es que, tal y como recoge el auto, esa documentación fue aportada por el Ayuntamiento de Mogán “con posterioridad al plazo de instrucción”. 

Cabe recordar que esta investigación se cerró antes de tiempo por un error judicial, por una prórroga dictada fuera de plazo. Tanto la acusación popular, ejercida por Isabel Santiago, exconcejala de Nueva Canarias (NC) en Mogán, como la Fiscalía habían pedido en tiempo y forma la ampliación de la causa. La primera, el 27 de marzo de 2023. La segunda, el 4 de abril. Sin embargo, el auto de prórroga se dictó nueve meses después, el 23 de enero de 2024. Uno de los investigados recurrió esa prórroga, al entender que era extemporánea, y tanto la Fiscalía como la propia jueza le dieron la razón. 

Ese cierre prematuro de la investigación judicial impidió que pudieran declarar varios testigos que ya habían sido citados y también que se incorporara a la causa la documentación, los expedientes completos de contratación. El Ayuntamiento de Mogán aportó esa documentación el 23 de febrero, un mes después de la prórroga extemporánea. 

El auto donde la jueza reconoce que dictó la prórroga fuera de plazo es de julio de 2024. En él, la magistrada incide en que cualquier diligencia practicada con la instrucción vencida carece de validez, incluso “aunque hubiese sido solicitada en plazo” por las partes. 

Incompatibilidad del asesor de Urbanismo

La decisión de la instructora, por tanto, se sustentó sólo en el atestado inicial de la Guardia Civil y en la declaración de los cuatro investigados: la alcaldesa, los dos asesores contratados (Raico Guerra y Jesús Romero Espeja) y el secretario municipal, David Chao. Todos ellos negaron “cualquier intencionalidad o dolo” en la concesión de los contratos. Onalia Bueno dijo que había buscado a “las personas más idóneas” para la prestación de esos servicios. El secretario defendió que “siempre se habían ajustado a la legalidad”. 

Esta pieza indagaba en las contrataciones de dos asesores. Uno de ellos es Raico Guerra. Durante el primer mandato de Onalia Bueno (2015-2019), Guerra se convirtió en el contratista único de servicios veterinarios y de salud pública del Ayuntamiento, tanto como persona física como a través de su empresa familiar, Arpiplan. La investigación policial determinó que en cinco años, los que transcurrieron entre 2015 y 2020, se embolsó 276.000 euros con esas adjudicaciones de contratos públicos. 

En las elecciones de 2019, concurrió en las listas de Ciuca. Al no obtener acta de concejal, fue colocado por la alcaldesa como asesor de diversas áreas, entre ellas la de Urbanismo, con una retribución bruta anual de 32.500 euros. En el informe que da origen a la pieza, la Guardia Civil sostenía que el gobierno municipal tenía la “intencionalidad manifiesta” de beneficiar a Guerra, primero a través de adjudicaciones de contratos, incluso mediante su fraccionamiento, y después como asesor pese a no contar, a su juicio, con la formación adecuada, ya que sólo disponía del título de Educación General Básica (EGB). 

En 2023, Guerra volvió a presentarse en la lista que encabezaba Bueno (ahora con Juntos por Mogán) y, en esta ocasión sí, logró acta. En la actualidad es concejal de Dominio Público, Mercadillos, Consumo, Medio Ambiente y Cementerio. 

En el reciente auto de archivo, la jueza instructora considera que Raico Guerra “debería haber desistido” de un contrato “para no incurrir en incompatibilidad al ostentar cargo público”. En concreto, el actual concejal era adjudicatario, como persona física, de un contrato menor para el servicio de mantenimiento de áreas caninas que se prolongó desde julio de 2019 a julio de 2020. Y su nombramiento como asesor data de octubre de 2019. Es decir, se solapó la vigencia de ese contrato con su designación como personal de confianza con dedicación completa durante aproximadamente nueve meses. 

En esa resolución, la magistrada señala, no obstante, que esa adjudicación “venía a ser una continuación en la prestación del servicio” de otro contrato menor anterior firmado en 2018 (de octubre de ese año a julio de 2019), por lo que “cabe plantearnos si se cometió o no un delito de tráfico de influencias, como sugiere la policía judicial en el atestado”. 

El segundo asesor era el arquitecto Jesús Romero Espeja, que había sido director general de Urbanismo y viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, con Coalición Canaria (CC) en el poder. Tan solo dos días antes del nombramiento de Guerra, Romero Espeja resultó adjudicatario del primero de los dos contratos menores para la misma actividad, el asesoramiento en materia urbanística del Ayuntamiento de Mogán. Según la Guardia Civil, el gobierno municipal liderado por Onalia Bueno decidió recurrir a esa fórmula de contratación pese a que, en su opinión, debía haber acudido a un contrato mayor con publicidad y sacarlo a concurso público.

Auto notificado esta semana

El auto de archivo fue notificado a los investigados el 8 de noviembre, pero a la acusación popular no se le ha dado traslado hasta esta semana, casi veinte días después. De hecho, las defensas de Onalia Bueno y de Jesús Romero Espeja ya han presentado sendos escritos pidiendo al juzgado que decrete la firmeza del auto de sobreseimiento, al entender que ya ha transcurrido el plazo legalmente establecido para recurrirlo.