Trece días después de su última comparecencia en sede judicial, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha vuelto a acudir este lunes a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana a prestar declaración en calidad de investigada en una de las cuatro piezas separadas en las que se desglosó la causa original sobre la compra de votos, archivada por la prescripción de los hechos. En esta ocasión, en las diligencias abiertas a raíz de un informe de la Guardia Civil sobre el presunto amaño de un proceso de mediación para beneficiar, con cargo a las arcas públicas, al empresario Luis Oller, a quien la policía judicial identificaba como financiador de la campaña del partido de la regidora sureña en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015.
La alcaldesa, ahora “colaboradora” de Coalición Canaria (CC), partido con el que concurrió en alianza en 2019 y del que probablemente será cartel electoral en los próximas autonómicas, ha negado el amaño ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, María de los Ángeles Reyes. Bueno ha señalado que su actuación en ese procedimiento, que se saldó con el pago de cerca de 900.000 euros al empresario para resolver conflictos judiciales que arrastraba con la administración local, se limitó a plantear la mediación y a acudir a las primeras sesiones y que, posteriormente, dejó todo en manos de técnicos.
Los investigados en esta pieza separada, entre los que también están el número dos de Bueno en el Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, el funcionario Salvador Álvarez o el propio empresario, habían sido citados por la jueza el pasado 7 de junio, pero las comparecencias fueron suspendidas por la ausencia del fiscal, que alegó una “causa médica”.
Este lunes sí se han celebrado las declaraciones aplazadas a pesar de que tampoco ha habido representación del Ministerio Público, por razones que se desconocen. Por tanto, los imputados solo han tenido que responder a las preguntas de los abogados de las defensas y a las pocas que formuló la instructora, ya que tampoco hay, de momento, acción popular. La jueza ha aceptado recientemente la personación solicitada hace más de un mes por Isabel Santiago, concejal de Nueva Canarias (NC) en Mogán, pero le exige una fianza de 6.000 euros para poder ejercerla.
En las breves declaraciones de este lunes, la estrategia de las defensas ha quedado fijada. Los principales investigados han coincidido en su argumento principal, en que el acuerdo de mediación bajo sospecha recibió el visto bueno de un juzgado, el de lo contencioso-administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que fue quien lo convalidó.
El origen de esta pieza separada es un extenso informe (64 páginas y 39 documentos) remitido en junio de 2021 por la Guardia Civil al juez que instruía la causa sobre la presunta trama de compra de votos. Se centraba en el empresario Luis Oller, señalado como financiador de Ciuca, y en sus intereses económicos y urbanísticos en Mogán. Oller es presidente de Aguas de Arguineguín, una de las concesionarias del servicio de abastecimiento de agua en el municipio, y administrador de Cornisa del Suroeste, una promotora con la que el Ayuntamiento arrastraba algunos conflictos judiciales por una urbanización.
Un año antes de que Ciuca llegara al poder en Mogán, el empresario había reclamado a la administración en los tribunales facturas de jardinería y limpieza viaria por valor de 853.415,27 euros. Tal y como han reconocido los propios investigados en sus declaraciones de este lunes, la propuesta para resolver esta pugna judicial a través de un proceso de mediación partió, tan solo un mes después de su llegada, de la alcaldesa y del concejal Navarro. Un proceso para el que se nombró mediador y en el que se incluyeron otros pleitos, como por ejemplo el que obligaba, ya con sentencia firme, al administrador de Cornisa del Suroeste a pagar al Ayuntamiento 1,35 millones de euros para que la administración se hiciese cargo, de forma subsidiaria, de unas obras deficientes en una urbanización construida por la promotora de Luis Oller.
La conclusión de ese proceso llegó en julio de 2020, fecha en la que el pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó el pago de 891.055,26 euros a Cornisa del Suroeste después de una mediación que, según la Guardia Civil, fue “pactada y ficticia”. El equipo de la policía judicial sostenía que ese procedimiento solo pretendía dar “apariencia de legalidad” a actuaciones que perjudicaban los intereses generales del municipio y beneficiaban a un empresario como contraprestación a la colaboración económica que este habría prestado a Ciuca en 2015.
El informe destacaba que el gobierno de Ciuca apartó de este proceso a dos abogadas, una externa y otra funcionaria interina, porque “no estaban dispuestas a someterse al acuerdo que deseaba Cornisa del Suroeste” por considerar que era irregular y que contravenía una sentencia judicial firme. Al frente de las negociaciones, la alcaldesa colocó a Salvador Álvarez, a quien había designado coordinador de cuatro áreas de gobierno municipal tras alcanzar la alcaldía. Álvarez colaboró en la campaña electoral de Ciuca en 2015 y fue el perceptor, a través de sus hermanas y de su exmujer, de varios cheques por un importe total cercano a los 15.000 euros procedentes de cuentas vinculadas a Oller. Estos fondos son los que habrían servido para financiar la trama de compra de votos a vecinos del municipio, según los investigadores.
Álvarez ha explicado, a preguntas del abogado del empresario, que su familia mantiene relaciones comerciales con Oller desde 2000. Con ello, trataba de de justificar la recepción de esos cheques, que siempre tenían un importe unitario inferior a los 3.000 euros , el máximo fijado en esa época para evitar una eventual investigación por blanqueo de capitales.
Entre otras presuntas irregularidades que llevaron a la Guardia Civil a catalogar ese acuerdo de “simulado”, el informe aludía a la ausencia de informes municipales de estudio y depuración de facturas, pese a las discrepancias evidenciadas durante el proceso por las abogadas apartadas en cuanto a fechas, conceptos, duplicidades de pagos o pagos improcedentes. También hacía hincapié en que el gobierno aceptó pagar por servicios que no le correspondían o que adoptó el acuerdo pese a que existía una sentencia firme que obligaba al empresario a pagar 1,35 millones de euros para reparar unas obras deficientes. “La mediación está para acercar posturas y resolver disputas, no puede ser un instrumento para no acatar una sentencia judicial firme”, concluían los investigadores en un documento en el que también hablaban de una “obstinación” de Salvador Álvarez para favorecer a Oller.
La alcaldesa y el primer teniente de alcalde de Mogán han defendido ante la jueza el proceso de mediación como una herramienta útil para resolver conflictos judiciales enquistados, mientras que el empresario Luis Oller ha negado haber resultado beneficiado de ese acuerdo y ha manifestado que, de haber continuado con el procedimiento en la vía contencioso-administrativa, habría cobrado antes y más. Todos ellos han recalcado, además, que ese acuerdo fue homologado por un juez, por lo que entienden que no puede haber ilícito.
Personación de la concejala de NC
Ni en las declaraciones del pasado 7 de junio, relativas a la pieza que investiga los contratos menores adjudicados a dos asesores, ni en las de este lunes, sobre el acuerdo de mediación con el empresario del agua, ha habido acusación popular. Isabel Santiago, concejala de NC en Mogán, pidió personarse el 17 de mayo en ambas diligencias, que tienen su origen en la presunta trama de compra de votos, en las que ya ostentaba esa condición de acción popular.
En el primer caso, la jueza aceptó la personación de Santiago, sin fianza, el mismo día que declararon los investigados. En el segundo, también la ha admitido, aunque días después (el auto está notificado el pasado 16 de junio, pero fue notificado este lunes a las partes) y con una diferencia sustancial. Le exige 6.000 euros para poder ejercer la acción popular.
Los abogados de Onalia Bueno, liderados por el reputado penalista José Antonio Choclán, se habían opuesto a la personación de la concejala de NC en este procedimiento al entender que perseguía un “rédito político” a un año de las elecciones y solicitaban al juzgado que, en cualquier caso, se le impusiera una fianza de 7.000 euros. Hay que recordar que Isabel Santiago ya ejerció la acción popular en la causa original sobre la presunta trama de compra de votos, que en aquella ocasión también se le exigió el pago de una fianza y que, finalmente, la Audiencia de Las Palmas estimó el recurso de apelación que presentó y dejó sin efecto el pronunciamiento del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana sobre la fianza.