Una funcionaria del Ayuntamiento de Mogán, responsable del servicio de Informática, ha manifestado este martes, durante la cuarta ronda de declaraciones ante el juez instructor del presunto pucherazo en las elecciones locales de 2015 y 2019, que la alcaldesa, Onalia Bueno, y el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, miembros de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) e imputados en la causa, le ordenaron bloquear el acceso de los investigadores de la Guardia Civil a los servidores municipales tras el registro practicado el pasado 17 de septiembre en busca de una serie de expedientes bajo sospecha por su posible vinculación con la trama de compra de votos y con delitos contra la administración pública (cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos).
La empleada pública, M.N.B., se ha ratificado en la declaración que prestó ante la policía judicial. Los hechos ocurrieron el 1 de octubre, unos días después del registro a las dependencias municipales. En esa actuación, la Guardia Civil había intervenido documentación digital archivada en los servidores del Ayuntamiento, que no se podía exportar en discos duros externos. Tampoco se podía apropiar físicamente de los servidores, debido a los perjuicios que ocasionaría en la actividad diaria de la administración. Por ello, los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Benemérita, en colaboración con la jefa del servicio de Informática, optaron, como solución técnica, por volcar en uno de ellos la copia de seguridad de ese día y dar acceso al equipo de la policía judicial para su análisis.
La testigo afirmó que ese 1 de octubre se reunió con Onalia Bueno y con Mencey Navarro en el Ayuntamiento tras una petición de la alcaldesa el día anterior. Según el relato de la funcionaria fue en ese encuentro donde le ordenaron inhabilitar el acceso de los investigadores a ese servidor bajo el argumento de que en él había más documentación de la que el auto judicial había autorizado a intervenir. Incluso habrían instado a la trabajadora a informar a la Guardia Civil de que la orden la habían dado ellos. Sobre las once de la mañana de esa jornada, y en cumplimiento de las instrucciones dadas por los responsables políticos, M.N.B. envió sendos mensajes a través de WhatsApp a Bueno y Navarro: “Cuenta deshabilitada. Tal como me habéis ordenado”. Acompañaba a esta comunicación una captura de pantalla. Solo le contestó la regidora con un lacónico “OK”.
La trabajadora intentó contactar con un sargento de la Guardia Civil para comunicarle la orden que había recibido. Tras varias llamadas, este le advirtió de que no podía deshabilitar el acceso a la documentación pública y que con esa acción podía incurrir en un delito de obstrucción a la justicia y/o contra la administración pública. En ese momento, la jefa de Informática volvió a escribir un mensaje a la alcaldesa. “Onalia, tenemos que hablar. La Guardia Civil me ha dado la orden de habilitar el usuario. Si no lo hago incurriré en un delito de desobediencia judicial y pueden imputarme por obstrucción a la justicia”, rezaba esa comunicación, que no recibió respuesta alguna por parte de la regidora.
M.N.B. también le trasladó esa información a Mencey Navarro, con quien mantuvo dos breves conversaciones telefónicas. En la primera de ellas, según el testimonio de la funcionaria, el concejal de Urbanismo le habría dicho que tanto la alcaldesa como él le habían dado una orden y que, como trabajadora municipal que era, tenía que cumplirla, pero que aun así lo consultaría con sus abogados. Unos 25 minutos después, le dio la contraorden y la jefa de Informática volvió a habilitar la cuenta e informó de ello al sargento.
Por estos hechos, ratificados este martes por la testigo, la policía judicial aprecia indicios de la comisión de los delitos de incumplimiento de una resolución judicial y de infidelidad en la custodia de documentos por parte de la alcaldesa y de su mano derecha. Por su parte, los abogados de algunos de los investigados presentaron un incidente de nulidad de actuaciones al entender que la Guardia Civil accedió a más expedientes de los que el juez había autorizado. El instructor rechazó este incidente, pero su decisión se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. La defensa de la alcaldesa está incidiendo en la tesis de que esta causa es una conspiración de la concejala de Nueva Canarias (NC), Isabel Santiago, a quien acusan de haberse erigido en instructora del procedimiento.
Votos a 50 euros
Otro testigo ha admitido este martes que cobró 50 euros por su voto en los comicios de hace seis años, aunque ha matizado que antes de recibir ese dinero ya pensaba apoyar en las urnas a Ciuca, la formación política investigada en esta causa.
J.R.H. ha reconocido, además, que un colaborador de este partido le acompañó a la comisaría a renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) unos días antes de la celebración de las elecciones, aunque sostiene que fue él quien abonó los gastos de tramitación y no la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, como informó uno de los responsables de campaña de Ciuca, José Monzón, conocido en el municipio como Pepe el Japonés, al exalcalde Francisco González (PP) en una grabación incorporada a la causa.
Con el de este martes ya son dos los testigos que han declarado que recibieron 50 euros por el voto, pero que su voluntad anterior era la de dar su respaldo a Ciuca en los comicios. En el caso de J.R.H., su testimonio se refuerza con otros tres elementos indiciarios. El primero, el ya mencionado audio de la conversación entre el exregidor sureño y el colaborador del partido de Bueno. “Los carnés de identidad se los saqué yo, Paco”, se le escucha decir a Pepe el Japonés en una grabación en la que admite que acompañó a más de 50 vecinos a renovar el DNI y que se pasaba “todo el día” en comisaría para llevar “a todos los chorizos” de Arguineguín. “Eso significaba votos seguros”, afirmaba.
El equipo de policía judicial de la Guardia Civil acreditó que el 15 de abril de 2015, a poco más de un mes de las elecciones municipales, J.R.H. renovó su DNI. La tercera pieza del puzle es otra declaración, la que prestó su cuñado ante los agentes de la Benemérita. F.J. manifestó entonces que su familiar le confesó que había cobrado 50 euros por apoyar a Ciuca en las elecciones de 2015 y que votó por correo, uno de los mecanismos en los que se han centrado las pesquisas ante el exponencial incremento del número de sufragios por esta vía en los últimos comicios y las manifestaciones de algunos testigos, entre ellos el denunciante, Ramón Trujillo el Perraya, que ha descrito el modo de operar de la trama para comprar voluntades entre los vecinos con menos ingresos del municipio.
En su comparecencia de este martes ante el juez instructor, F.J. ha afirmado que era vox populi en el pueblo que se compraban votos en las elecciones y que incluso se comentaba que el dinero se guardaba “en las farolas”. Este testigo acudió en mayo de 2019, pocos días antes de los comicios municipales, a una reunión en la Delegación de Gobierno de España en Canarias en su condición de secretario de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. En ese encuentro, además de abordar los problemas relativos a su sector profesional, comunicó que había detectado “movimientos sospechosos” en la localidad de Arguineguín y señaló a una serie de personas, entre ellos Salvador Álvarez, investigado en la causa y colaborador de Onalia Bueno, como “habituales en la organización” de la compra de votos, como ya había ocurrido en las elecciones anteriores, dijo ante el representante institucional.
Aunque estaba previsto que las declaraciones se retomaran el próximo 7 de julio, la petición de los imputados de declarar después de que lo hagan todos los testigos (algunas comparecencias han sido suspendidas estos días por diferentes motivos) ha llevado al juez instructor a aplazar la práctica de estas diligencias hasta el mes de octubre.