El Tribunal Superior de Justicia de Canarias asume el mando de la pandemia

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido asumir el mando de la pandemia por COVID-19 en el Archipiélago. Así se desprende de la lectura de los últimos autos dictados por la Sala Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife, que este jueves echó por tierra las últimas medidas restrictivas para hacer frente a la quinta ola de la pandemia, con los niveles de contagio más elevados desde marzo de 2020 y con los centros hospitalarios y la atención primaria empezando a verse desbordados ante el repunte.

Con sus últimas resoluciones, el TSJ de Canarias sustituye al Gobierno en sus funciones -sin ni siquiera oírlo- al cargarse de un plumazo todas las prescripciones de cada uno de los niveles de alerta, al devolver a las exigencias del 3 las pertenecientes al 4 y al derogar las limitaciones de horarios de los establecimientos de todo tipo, lo que convierte en papel mojado hasta las restricciones de los niveles más suaves, el 1 y el 2. Todas las medidas las habrá de reconstruir el Gobierno canario, que es el que tiene las competencias, pero visto lo visto habrá de estar a lo que diga la autoridad judicial, que en ningún caso asumirá jamás las consecuencias sanitarias, económicas o sociales que estas decisiones provoquen.

Entre otras cosas, con unos débiles argumentos basados en la libertad individual y en el derecho a preservar los datos personales de salud, el tribunal establece en el 55% de ocupación lo idóneo en los gimnasios de las islas en los niveles de alerta 3 y 4, sin necesidad de que sus usuarios tengan que presentar certificados de vacunación o de pruebas negativas. No se aduce ningún criterio científico ni técnico frente a los informes y del asesoramiento científico con los que sí cuentan todos los gobiernos regionales con competencias en la gestión de la pandemia en sus respectivos territorios. En Canarias, el Gobierno de Canarias.

El mismo auto de este jueves deja vía libre a que cualquier establecimiento abra sus puertas a cualquier hora del día, de la noche o de la madrugada, con el límite horario anterior a marzo de 2020. Es decir: el ocio nocturno, una de las actividades más restringidas durante la pandemia por las especiales condiciones en las que se desenvuelve en sus locales su clientela (ausencia de mascarillas para poder consumir, imposibilidad de guardar distancias de seguridad, baile y conversaciones en elevado tono de voz). Todo ello lo hace el tribunal en defensa de la libertad individual de la ciudadanía, que se ha visto precisamente restringida durante la pandemia por parte de todos los poderes ejecutivos con competencia en salud pública.

A su vez, el tribunal se lleva por delante una de las acciones más novedosas de la nueva realidad, la referida a la posibilidad de que las personas vacunadas -certificado mediante- puedan acceder a locales de ocio, teatros, cines, gimnasios, auditorios o convocatorias sociales garantizando de ese modo un mínimo riesgo de contagios. Basándose en una sentencia de 2006 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando una pandemia de estas proporciones no estaba en el horizonte de ningún organismo internacional, el TSJ de Canarias considera que ha de darse prioridad al derecho a la intimidad de cada persona, y los datos de salud pertenecen, evidentemente, a la esfera privada de cada cual.

Lo malo es que hace ya mucho tiempo que para entrar en Canarias se exige o una prueba PCR con resultado negativo, o más recientemente el certificado de haber recibido al menos una pauta de vacunación. Igual que viene pasando desde hace poco menos de un año con los establecimientos hoteleros canarios (hoteles, apartamentos, viviendas de alquiler vacacional…) que exigen a sus huéspedes procedentes de fuera de Canarias el certificado COVID o una prueba PCR negativa.

Nadie hasta el momento se había quejado de esa vulneración del derecho a la intimidad hasta que llegaron los empresarios tinerfeños, que se han venido repartiendo estos últimos meses los misiles contra el Gobierno canario. Unas veces los han lanzado los empresarios de la hostelería y la restauración de la capital, particularmente los más vinculados a la rama local de Coalición Canaria y a los establecimientos de comida rápida, que tuvieron éxito en su recurso contra la reducción de aforos en la hostelería en los niveles de alarma más elevados y contra el toque de queda, tumbado finalmente por el Supremo expresamente para Canarias y no para otras autonomías. El Gobierno ni siquiera recurrió el auto sobre los aforos en los locales de hostelería en la confianza de que las conversaciones que había abierto con las distintas patronales le permitirían encontrar un punto intermedio entre la preservación de esos negocios y el necesario frenazo a la extensión del virus, que sigue imparable. Pero, a pesar de las buenas palabras y de ciertos engaños y escaramuzas por parte de varias patronales, no hubo tregua.

Ahora ha sido el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, liderado por Roberto Ucelay, miembro de una conocida saga de poder político y empresarial vinculada a ATI,. el que ha conseguido cargarse la obligación de presentar certificados de vacunación o test negativos para el acceso a determinadas actividades. Lo ha hecho la misma sala pero mediante sendos autos de dos ponentes distintos con dos datas diferentes: uno, firmado por el magistrado Evaristo González, “en la Muy Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife”, y el otro, el mismo día 29, por Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, en una más mundana Santa Cruz de Tenerife.

La patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, que ha reclamado vigorosamente el certificado COVID como herramienta ideal para la reapertura del sector, guardaba este jueves un clamoroso silencio ante un triunfo judicial de patronales con intereses turísticos contradictorios.

Es siempre desde la isla de Tenerife donde se han producido recursos contra las medidas restrictivas del Gobierno, y no solo porque es la que padece el mayor nivel de contagios y de presión asistencial, por lo tanto de un mayor nivel de alerta, sino también por la división de sus patronales por los intereses concretos que defienden algunos de sus dirigentes. No es lo mismo lo que puede pretender un restaurador cualquiera que el dueño de una cadena de McDonalds, cuyo cliente es mayoritariamente un público joven que no ha podido o querido vacunarse aún.

La poderosa Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, presidida por un flemático José María Mañaricúa, ha logrado embridar algunos ímpetus de socios que querían sumarse a sus colegas tinerfeños. La consigna sigue siendo en Las Palmas respaldar al Gobierno para atajar la pandemia.

Como sostiene el senador y profesor jubilado de Derecho Constitucional Santiago Pérez, “los colectivos empresariales están organizados, ejercen sus derechos con toda legitimidad y promueven la acción de los tribunales. Al conjunto de la ciudadanía y al interés público quien lo defiende, quien acude a los tribunales en defensa de un derecho tan primordial, quien tiene que velar por ese derecho es el Gobierno de Canarias, el que le pone voz a los que no tienen voz”. En Canarias, el Tribunal Superior de Justicia ha sustituido al Gobierno sin ni siquiera oírlo.