La Fiscalía Anticorrupción propuso al juez el 8 de noviembre de 2022 detener al exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez por su implicación en el primer caso Mascarillas en las Islas (que ya acumulan tres casos) para poder acceder a su móvil y a sus correos electrónicos y ante el temor de que pudiera destruir pruebas si no se anticipaban los agentes.
Según revela este viernes Canarias7, el fiscal Javier Ródenas, delegado de Anticorrupción en Las Palmas, hizo esa propuesta al juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García García-Sotoca, cinco días después de Domínguez presentase su dimisión, cuando la causa estaba ya bajo secreto de sumario.
En las primeras indagaciones realizadas por el juzgado que dirigía el caso Mascarillas hasta que lo reclamó la Fiscalía Europea, a Conrado Domínguez se le adjudica un papel relevante en la secuencia de hechos que llevó a que, en pleno estado de alarma, la empresa RR7 presuntamente estafara cuatro millones de euros a la sanidad canaria, un dinero que a día de hoy sigue sin haberse recuperado.
A esa empresa, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros.
La sanidad nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas. A pesar de ese incidente, el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó a que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó.
Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias, aunque la Fiscalía también apuntaba indicios de una posible malversación de fondos públicos.
En su informe de noviembre 2022, que se conoce ahora al levantarse el secreto de las investigaciones por parte de la Fiscalía Europea, el fiscal Ródenas trató de convencer al juez, sin éxito, de que era preciso detener a Conrado Domínguez y acceder a su correspondencia electrónica y a sus comunicaciones por mensajes de teléfono móvil con otros de los implicados, como Rayco Rubén González, Samuel Machín y la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.
El caso Koldo
Conrado Domínguez no se encuentra investigado en el caso Koldo. Canarias aparece en esta trama porque gran parte del material sanitario que se compró a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (vinculada al asesor de Ábalos) lo hizo el Servicio Canario de Salud por 12 millones.
Según una resolución del Servicio Canario de Salud de diciembre de 2020, la empresa entregó en abril 837.000 unidades, pero surgió un problema, pues los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando que no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).
En el Portal de Transparencia figura una resolución de noviembre de 2020 por la cual Conrado Domínguez autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa, que propuso que las 837.300 mascarillas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos la unidad) y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95. En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso y se necesitaban suministros constantes de material de protección.
Un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recoge precisamente que una partida de mascarillas salió defectuosa, por lo que hubo que negociar nuevos importes más baratos. El documento destaca que “posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente”. No obstante, fuentes del anterior Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, remarcan que nunca hubo una “variación o modificación del contrato”.
“Lo que hubo fue un cumplimiento estricto de lo que dice el contrato. Si tú encargas un determinado producto y el que te llega no cumple las condiciones, tú solo pagas lo que te llega bien”, apuntan. Sobre este caso el expresidente y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática insiste en que ‘’si alguien se ha lucrado, se ha corrompido, que lo pague“.
Mientras tanto, esta semana el Parlamento de Canarias ha aprobado una comisión de investigación por los casos mascarillas, en la que todos los grupos han votado a favor. En el Congreso, también se ha aprobado esta comisión, pero el PP se ha abstenido.