El juicio de la última pieza del caso Montecarlo se ha vuelto a aplazar. La huelga de los letrados de la administración de justicia ha obligado a suspender por segunda vez la primera sesión, prevista para este martes en Arrecife (Lanzarote). Por el momento, no se maneja ninguna fecha para comenzar a juzgar esta trama que investiga los pagos presuntamente ilegales del Ayuntamiento de Arrecife a la empresa Tunera Producciones por servicios no prestados.
Once personas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación administrativa y falsedad documental.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía pide para todos ellos entre tres y seis años de prisión, el pago de multas y la devolución al Ayuntamiento del dinero supuestamente expoliado de las arcas públicas de la capital lanzaroteña.
Entre los principales acusados está el exinterventor de Arrecife, Carlos Sáenz. Este fue condenado en octubre de 2022 en otra pieza vinculada al caso Montecarlo. Sáenz fue condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación después de que reconociera en el juicio parte de las irregularidades que la Fiscalía le imputaba.
La investigación también probó que había firmado órdenes de pago a favor de las empresas Instalaciones Eléctricas Conejeras (Inelcon) y Señalizaciones Eléctricas Conejeras (Señalcon), ambas administradas por Carlos Lemes, acusado en esa pieza, “faltando a los deberes inherentes a su cargo” como interventor del Ayuntamiento de Arrecife.
Otro de los acusados es el exalcalde de Arrecife José Montelongo (PSOE). En el momento de los hechos, el socialista era concejal de Hacienda. Después de que se ratificara su posible implicación en esta trama, tuvo que renunciar a la Alcaldía de la ciudad en 2016.
El resto de acusados que declararán en las sesiones de las próximas semanas son los exconcejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Víctor Sanginés (PSOE) y el ex concejal Lorenzo Lemaur (PP), el empresario y propietario de Tunera Producciones Eduardo Ferrer y varios trabajadores del Ayuntamiento: José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort.
Servicios no prestados
Entre 2009 y 2012, según el escrito de la Fiscalía, el entonces interventor, utilizando su cargo en la corporación municipal, ''se concertó'' con el propietario de Tunera Producciones con el objetivo de obtener ''de manera ilegal'' fondos públicos del Ayuntamiento. En algunos casos, mediante el abono de fondos públicos por servicios “que nunca se prestaron”.
En 2010, según relata el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Arrecife pagó 63.000 euros a la empresa para que esta realizara un estudio de conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los Centros socioculturales de la ciudad. Un trabajo que, según la acusación, Tunera nunca prestó.
En otros casos, la entidad sí prestó el servicio. Sin embargo, la Fiscalía también detectó que la corporación municipal vulneró la normativa de contratación pública, adjudicando de manera ''directa y arbitraria'' los contratos, en lugar de sacarlos a concurso público.
Con este modus operandi, la compañía obtuvo en 2009 más de 320.000 euros de dinero público a través de diferentes facturas en el marco del Festival Malpaís de 2009.
Tunera Producciones también cobró por prestar servicios en la edición siguiente del mismo evento. Entonces, el Ayuntamiento de Arrecife pagó 288.000 euros de manera fraccionada.Al año siguiente, la sociedad de Eduardo Ferrer ingresó 328.676 euros tras el pago de diferentes facturas por servicios prestados en el Carnaval 2010.