Sexto intento fallido del juez Salvador Alba contra la jueza Victoria Rosell ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ricardo Conde Díaz ha archivado la penúltima denuncia del magistrado, investigado por la comisión de seis delitos presuntamente cometidos precisamente para perjudicar a la magistrada. Pero ya tiene en su poder una séptima, según ha adelantado en exclusiva el portal Confilegal, vinculado al abogado de Alba, el catedrático Nicolás González-Cuéllar Serrano, propietario a su vez de un bufete y de una editorial jurídica con capacidad publicitaria.
La denuncia archivada por el Promotor de la Acción Disciplinaria fue formulada por Salvador Alba al tener conocimiento de que Victoria Rosell había participado el pasado mes de noviembre en una mesa redonda sobre reforma del Estado, la Justicia y la corrupción en el marco de unas jornadas organizadas por el Instituto 25 de Mayo y el grupo parlamentario Unidos Podemos. El juez investigado pretendía que su compañera fuera sancionada por la comisión de una falta “muy grave” por haber participado en una actividad que él entiende prohibida a jueces y magistrados y, además, por haberlo hecho estando de baja por enfermedad.
El Promotor de la Acción Disciplinaria ha archivado la denuncia de Alba tras analizar el programa de las jornadas y el vídeo de la mesa redonda en la que intervino Rosell y concluir que su intervención en la Universidad de Córdoba tuvo naturaleza académica y no se puede encuadrar en ninguno de los supuestos de prohibición de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Respecto a que la magistrada participara en esas jornadas estando de baja médica, el promotor también rechaza aplicar los reproches disciplinarios que exigía Alba al considerar que Victoria Rosell ya había participado en iguales condiciones en varios cursos del CGPJ y en una entrevista en el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Y que, además, los motivos de su baja médica le impedían en aquellos momentos el desempeño de sus funciones, pero no participar en actos de esta naturaleza. Además, la jornada de Córdoba se desarrolló durante un fin de semana.
“Utilización espuria de la vía disciplinaria”
Esa sexta denuncia de Alba ante el CGPJ motivó que, en su respuesta, la magistrada Rosell alertara al Promotor de la Acción Disciplinaria de “la utilización espuria de la vía disciplinaria por parte del denunciante”, del que recordó, además de estas seis denuncias en un año, otras actuaciones para perjudicarla, como filtraciones interesadas a medios de comunicación, intercambio de correos electrónicos con un delincuente en prisión para recabar información sobre la magistrada, una querella contra ella y otra jueza y un secretario judicial, además de las actuaciones que llevó a cabo cuando la sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria preparando pruebas que sirvieran al exministro José Manuel Soria para que pudiera prosperar una querella que finalmente resultó archivada en diciembre de 2016. Por esas acciones está siendo investigado en el TSJC por falsedad, prevaricación, negociaciones prohibidas, cohecho, coacciones y delito contra la Administración de Justicia.
Ante el CGPJ, Alba ha promovido contra Rosell seis denuncias, la mayoría de ellas relacionadas con su paso por Instrucción 8, aunque no se ha privado tampoco de denunciarla por la publicación de comentarios en redes sociales que él ha considerado en sus denuncias como “faltas de respeto a un superior”. Además, un abogado cercano a Alba, Eduardo López Mendoza, interpuso una denuncia contra Victoria Rosell por hechos anteriores a 2015 después de que por esos mismos hechos el TSJC archivara la querella interpuesta por el mismo motivo y la Fiscalía del Supremo, donde la volvió a presentar cuando la magistrada accedió a la condición de diputada de Podemos, la rechazara con los mismos argumentos, la ausencia de delito.
Este mismo mes de enero, Salvador Alba ha interpuesto su séptima denuncia contra Victoria Rosell ante el Promotor de la Acción Disciplinaria por la publicación de un comentario en Twitter referido a la aparición del magistrado al frente del tribunal que estas semanas juzga el caso Faycán, de corrupción del Partido Popular en la ciudad grancanaria de Telde.
Según adelantó en exclusiva el portal Confilegal, la jueza criticaba que Alba hubiera podido llegar hasta allí a pesar de los delitos por los que se le investiga y aseguraba que eso era precisamente lo que él buscaba: presidir un tribunal que juzga corrupción del PP, el partido de José Manuel Soria, pese a que si resulta suspendido en funciones, el juicio deberá repetirse. El tuit de Rosell enlazaba con una información publicada en la web de la Cadena Ser en Las Palmas . Canariasahora.es también publicó ese día una información relatando el peligro que sufre el juicio del caso Faycán precisamente por la presencia en su tribunal de un imputado que podría ser apartado de la carrera judicial en cuanto la magistrada que lo investiga abra juicio oral en su contra.
Siempre según Confilegal, Alba explica en su denuncia que “no solo se atenta a los derechos fundamentales de quien suscribe, sino también a la Administración de Justicia y a la independencia del Poder Judicial”. Y dice textualmente, según ese portal, lo siguiente: “No puedo ni debo permitir que se atente por una magistrada en activo contra la independencia de este tribunal ni de este magistrado, sembrando dudas sobre su imparcialidad, con afirmaciones falsas e insidiosas, sembrando con ellos entre sus más de 26.000 seguidores [en Twitter] las dudas sobre la imparcialidad e independencia judicial de quien suscribe”.
Aunque el tuit enlazaba a una noticia periodística, de momento, Salvador Alba no ha interpuesto ninguna acción, contra este periódico ni ningún otro medio por esa información ni por ninguna otra. La única iniciativa conocida fue una petición de amparo, formulada por Alba a principios de 2016 al sentirse presionado por informaciones y opiniones publicadas aquí, que el mismo magistrado retiró del CGPJ antes de que este se pudiera pronunciar al respecto. Y, más recientemente, un comunicado hecho llegar solamente a Canarias7 para que matizara que las decisiones del tribunal que juzga el caso Faycán son colegiadas. Porque, efectivamente, comparten con él las responsabilidades en esta vista los jueces Oscarina Naranjo y Carlos Vielba.
Mientras han fracasado hasta el momento todas las denuncias de Alba contra Rosell en el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces sí ha expedientado al polémico magistrados en al menos dos ocasiones. Uno de esos expedientes, por faltas muy graves, está en estos momentos en suspenso mientras se resuelve la causa penal que pesa sobre él y que, de acabar en condena, supondrá su expulsión de la carrera judicial.
El otro expediente se saldó con una multa de 500 euros por falta de consideración a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a los que grabó en una charla informal en la que sin embargo hablaron de asuntos que se estaban dilucidando en esa instancia. Ninguno de sus compañeros lo denunció a pesar de que lo que se oyó en aquella conversación (“todas las rumanas son putas”; “todos los rusos son unos mafiosos”) no dejaba en buen lugar a uno de los magistrados con los que sigue compartiendo deliberaciones. Tuvo que ser la asociación Jueces y Juezas por la Democracia la que actuara para que al final la sanción se limitara a una multa de 500 euros.