El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por presunta insolvencia punible.
El Ministerio Fiscal había presentado cargos contra el empresario grancanario al apreciar que, después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria impusiera a Ramírez (en la época en la que el magistrado Salvador Alba se encontra al frente de la investigación en calidad de sustituto provisional de Victoria Rosell) una fianza de 17 millones de euros en la investigación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública al frente de Seguridad Integral Canaria, este había iniciado la liquidación de la sociedad de gananciales con la que hasta entonces era su mujer.
Entendía la acusación pública que Ramírez, en su reparto de bienes con la que hoy es su exesposa, podría estar “poniendo en peligro” el pago o cumplimiento de las obligaciones civiles “objetivamente y en abstracto”, lo que podría constituir un delito de insolvencia.
Con posterioridad a estos hechos, la magistrada que sustituyó a Alba en la investigación, Carla Vallejo, rebajó la fianza a 3,2 millones de euros y dicha suma fue depositada por el investigado. Su defensa explicó que esta cantidad sí estaba a su alcance para depositarla cautelarmente en la cuenta del Juzgado.
Tras distintos hitos procesales en los que el Juzgado de Instrucción número 8 se inhibió en el conocimiento de estos hechos para formar pieza separada que finalmente llegó al Juzgado de Instrucción número 1, la defensa de Ramírez y de otras personas y sociedades investigadas en el procedimiento interesaron el archivo de las actuaciones, petición a la que se adhirió el Ministerio Público, representado por la fiscala Evangelina Ríos, al entender que efectivamente el depósito de la fianza eliminaba cualquier sospecha de que el empresario se hubiera valido de su proceso de divorcio para evitar que la Justicia se quedara con sus bienes.
En criterio del instructor, expone el auto, “como apuntan las defensas y el propio Ministerio Fiscal, se ha de archivar el procedimiento, pues la fianza se ha prestado, y aunque en su momento todavía no se había declarado la solvencia del deudor porque, como se dice en el propio certificado, están pendientes de resolverse algunos recursos presentados, la documentación aportada ahora por el Ministerio Fiscal (auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que se fija el importe de la fianza en la cantidad ya garantizada) y las alegaciones de la defensa permiten pensar que podrá ser declarado solvente”.
La resolución judicial es susceptible de recurso, si bien parece evidente que todas las partes están de acuerdo en que lo que procedía era el sobreseimiento.