La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria), suma otro archivo en los tribunales. En un escueto auto firmado el pasado lunes, primer día del nuevo curso judicial, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, Rodrigo Álvarez, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba a la regidora sureña y a otra docena de personas por los sobresueldos concedidos a ocho trabajadores municipales durante su primer mandato (2015-2019).
La Fiscalía ya había pedido a finales de junio dar carpetazo a esta pieza al entender que no había quedado acreditado que el objetivo de esos incrementos salariales fuera premiar a determinados funcionarios por haber colaborado con Ciuca (la antigua formación de Bueno) en las elecciones locales de 2015, por ser simpatizantes de ese partido o por sus vínculos familiares o personales. Entre los imputados estaba un primo de la alcaldesa de Mogán.
Para el Ministerio Público, el gobierno regido por Bueno, ahora también secretaria de Políticas Municipales de CC, cometió una “ilegalidad administrativa” al otorgar esos sobresueldos, tal y como decretó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al anular esa subida salarial en 2018. Sin embargo, la fiscal María Teresa Gómez no aprecia “indicios suficientes” para mantener la imputación por los delitos investigados (prevaricación, tráfico de influencias, malversación y nombramiento ilegal).
El origen de la causa recién archivada es un informe presentado por la Guardia Civil en abril de 2022 en el marco del procedimiento que investigaba un presunto pucherazo de Ciuca en aquellos comicios. Esas diligencias originales sobre la compra de votos fueron archivadas con respecto a las elecciones de 2015 porque los hechos habían prescrito. Sin embargo, la entrada y registro de las dependencias municipales el 17 de septiembre de 2020 abrió otras líneas de investigación que concluyeron en cuatro piezas separadas. Una de ellas, la de los sobresueldos.
En aquel informe, la Guardia Civil concluía que esos incrementos salariales concedidos a los pocos meses de que Onalia Bueno asumiera el bastón de mando municipal respondían a la “voluntad personal” de la alcaldesa de Mogán de “satisfacer las demandas de los funcionarios por la contraprestación a su intervención de captación y tramitación fraudulenta del voto dirigido a su formación política y/o por la relación familiar y personal”.
Uno de los beneficiarios era Salvador Álvarez, funcionario del grupo A1 que colaboró con Ciuca en la campaña electoral de 2015, tal y como acreditan las fotografías incorporadas al sumario. El aumento fue de 30.000 euros. Durante la instrucción, este trabajador defendió que el plus se le había dado porque había sido nombrado coordinador de área.
También lo recibió Almudena Hernández, en aquella época simpatizante de Ciuca (como atestiguan imágenes que obran en la causa y como reconoció la propia Onalia Bueno). En su caso, la cuantía ascendió a 18.000 euros. Fue nombrada responsable de la unidad administrativa del Gabinete de Alcaldía, Prensa y Relaciones Institucionales, un cargo que no existía antes de la llegada de Ciuca al poder y que tampoco fue ocupada por ningún trabajador después del regreso de Hernández a su puesto como auxiliar administrativa. Ante el juez, esta empleada negó tener una vinculación personal con la alcaldesa.
Otro de los agraciados, en su caso por partida doble (en 2015 y 2019), fue Francisco Bueno, primo hermano de Onalia, que trató de justificar la mejora retributiva (una de 9.000 y otra de 14.7000 euros) por la asunción de un nuevo cargo (responsable de compras).
La propuesta de nombramientos e incrementos retributivos fue aprobada primero en la mesa general de negociación con la abstención de todos los sindicatos y, después, en el pleno. Sin embargo, en septiembre de 2016 la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias impugnó ese acuerdo por varias infracciones del ordenamiento jurídico: ni existía relación de puestos de trabajo (RPT), ni se había motivado la modificación de los complementos específicos para esos empleados determinados, ni se habían recogido los criterios de valoración de los puestos para fijar su cuantía.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera instancia, y el TSJC, tras rechazar un recurso del Ayuntamiento, dieron la razón al Gobierno regional y anularon los sobresueldos concedidos a los funcionarios, obligando a devolverlos.
En su declaración como investigada, Onalia Bueno defendió que los sindicatos no habían puesto impedimentos a esas mejoras salariales, que ella no propuso todos los incrementos y que en cargos de confianza “se permite que un determinado funcionario pueda cobrar más de lo que le corresponde por la categoría, existiendo cierta discrecionalidad”. También estaban imputados cuatro concejales del grupo de gobierno en aquel mandato: Mencey Navarro, Juan Ernesto Hernández y Tania del Pino (Ciuca) y Julián Artemi Artiles (PSOE).
En el informe remitido a finales de junio, la Fiscalía también incide en que los sindicatos se limitaron a “abstenerse” en la votación sobre la propuesta de incremento de los complementos específicos y que “la irregularidad del ordenamiento jurídico”no llega a “colmar infracción penal”. A su juicio, no se ha podido demostrar que la decisión del gobierno municipal pretendiese recompensar o favorecer económicamente a los funcionarios designados como agradecimiento por su contribución a la campaña de Bueno, “especialmente cuando la causa origen”, la presunta trama de compra de votos, “fue sobreseída definitivamente” por haber prescrito los hechos investigados.
Otros archivos
Aparte de esa causa original, ya han sido archivada tres de las piezas separadas que se desgajaron de aquellas diligencias. Una de ellas investigaba el presunto amaño de un proceso de mediación judicial para favorecer a un empresario con intereses en el municipio y presunto financiador de la campaña electoral de Ciuca. Se sobreseyó sin que pudiera declarar la testigo clave, una abogada que fue imputada por un error nunca enmendado. Este archivo está recurrido ante la Audiencia Provincial.
También acabó en la gaveta de los archivos la pieza sobre la orden que dieron la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, a una funcionaria para que deshabilitara el acceso remoto con el que la Guardia Civil podía analizar los expedientes municipales que estaba investigando. Según el juez, los investigados no tenían conocimiento de que se había instalado ese acceso remoto, pese a que sus abogados habían firmado el acta donde se recogía, y a desconexión “apenas duró entre quince y veinte minutos”. Ese auto de archivo está firmado por el mismo juez que ahora ha sobreseído la causa de los sobresueldos.
La cuarta pieza separada también va camino del archivo. Investiga los contratos menores concedidos a dos asesores del Ayuntamiento de Mogán. Y es que la investigación tuvo que darse por concluida de manera prematura por un error formal, ya que la magistrada instructora tardó diez meses en responder la petición de la acusación popular para prorrogar la causa y el plazo ya estaba vencido. De esta manera, no se ha podido tomar declaración a cuatro testigos ni recabar los expedientes completos de contratación.