Asombro en Podemos tras la apertura de una causa penal contra el diputado Alberto Rodríguez por un presunto delito de lesiones en 2014

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el diputado de Unidas Podemos y secretario de organización del partido, Alberto Rodríguez, por un presunto delito de lesiones y atentado contra la autoridad en 2014, en una protesta contra la LOMCE organizada en Tenerife con motivo de la visita del entonces ministro de Educación José Ignacio Wert (PP). Una noticia que ha provocado “asombro” en la formación política, según han trasladado a Canarias Ahora fuentes de Podemos.

El juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo el testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, tal y como adelantó Europa Press. El juzgado lagunero había acordado la apertura del juicio oral contra Rodríguez, pero al acreditar la condición de diputado en el Congreso acordó la nulidad parcial del auto. El Ministerio Fiscal solicitó en su escrito de acusación emitido en febrero de 2018 la imposición de una pena de un año y medio de prisión y un mes de multa.

En 2017 el Tribunal Supremo también abrió una causa penal contra Rodríguez por un altercado con policías locales que tuvo lugar en San Cristóbal de La Laguna en 2006. Entonces, el diputado de Unidas Podemos explicó que había sido detenido por defender a su hermano “de un abuso policial por el que perdió parte de la visión de un ojo”. “Sobra decir que colaboraré con el Tribunal Supremo y defenderé mi inocencia, pero esto ocurrió hace muchísimo tiempo y se podía haber solucionado mucho antes. Me resulta cuando menos extraño que se abra una causa ahora y que este asunto, que se podía haber resuelto en un juzgado ordinario, llegue al Supremo”, lamentó el diputado. Finalmente, el Supremo declaró extinguida su responsabilidad penal porque había prescrito el delito.