El pleno de la Audiencia de Cuentas no ha aprobado el proyecto de informe de fiscalización de los efectos de la COVID-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad autónoma de Canarias en el caso mascarillas. Según indica la página web de la Audiencia, tras el debate y análisis de este informe, el pleno decidió por mayoría no aprobarlo.
El periódico Canarias7 adelantó este lunes que la propuesta de informe planteaba que se pudo incurrir en responsabilidad contable al contratar con la empresa RR7 la compra en 2020 de un millón de mascarillas FFP3 a cambio de la entrega por anticipado de cuatro millones de euros, mascarillas que nunca llegaron a su destino.
El fiscal delegado contra la corrupción y la criminalidad organizada de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, que investiga el caso desde abril, presentó el pasado lunes una querella dirigida contra el actual director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez; la anterior directora general de Recursos Económicos del organismo público, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén Rodríguez, administrador de RR7 United S.L., la adjudicataria de ese contrato de emergencia, al apreciar indicios de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.
El director del SCS, por su parte, negó la pasada semana tener algún vínculo con el administrador de la empresa, aunque el fiscal sostiene en su querella que la relación es con uno de los intermediarios de la operación y señaló que su única motivación era “cubrir la imperiosa necesidad de obtener material de protección” en un momento en el que se estaba produciendo “el nacimiento de una enfermedad”.