El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ha justificado este lunes mediante un comunicado el permiso otorgado por la sección de la que forma parte al interno Juan Francisco Mejías, el asesino en paradero desconocido desde el pasado 27 de diciembre tras no regresar a la prisión grancanaria de Juan Grande. Moya asegura que la Sección Sexta se basó en un solo dato de la la Junta de Tratamiento de la Prisión Las Palmas II, concretamente el que estimó en diciembre de 2018 que el peligro de fuga del interno era del 5%, según la Tabla de Riesgo al uso.
“Así consta en la fundamentación del auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que el pasado 5 de diciembre, resolviendo conforme a derecho, en base a lo que consta en el expediente del recluso y sin atender a informaciones oficiosas que no obran en el expediente, autorizó la salida de tres días del penado por el asesinato de su mujer, permiso del que no regresó”, aclara el presidente de la Audiencia Provincial.
Moya no explica en su comunicado a qué informaciones oficiosas quiere referirse, pero todo apunta a que sean las que él mismo celebró con la jueza de Vigilancia Penitenciaria, quien le previno verbalmente de que el interno había sufrido una involución y ni siquiera reconocía los hechos por los que estaba condenado: haber asestado veinte puñaladas a su pareja delante de sus hijos. Detalles que desaconsejaban tanto a los responsables de la prisión como a la jueza autorizar el permiso. A pesar de esas advertencias y de los informes del equipo de seguimiento de la prisión, la Audiencia Provincial de Las Palmas admitió el recurso del preso, revocó los autos de la jueza y autorizó el polémico permiso.
Efectivamente, los informes de la Junta de Tratamiento de la cárcel aluden a “una alta predisposición a reincidir en el delito por el que fue condenado”, es decir, por el asesinato de su pareja a cuchilladas. Fue condenado en 2005 a 22 años de prisión por haber asesinado mediante 20 cuchilladas a la que entonces era su pareja, Fabiola González, en el domicilio familiar de Telde, en presencia de los hijos de ambos, que trataron infructuosamente de detener la agresión.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, que preside Moya aunque no actuó en esta caso como ponente, estimó el recurso de apelación de Mejías González contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas que el 22 de agosto de 2018 denegó el permiso. La Sala dice haberse basado en tres criterios: que la Junta de Tratamiento (un cuerpo técnico de asesoramiento de la prisión formado por el director, dos subdirectores, un jefe de Servicio, un jurista, un educador, un psicólogo y un asistente social) había cuantificado el riesgo de fuga en un 5%, que el penado había cumplido las tres cuartas partes de su condena y, “sobre todo”, subrayó la resolución, que el interno había disfrutado “de cuatro permisos anteriores sin incidencia alguna”. La Sala no apreció ningún hecho nuevo que justificara la denegación de la nueva petición.
Efectivamente, tal como señala Moya, en los archivos judiciales constan autorizados cuatro permisos sin incidencias, concedidos al penado antes del que le sirvió para fugarse: un primero resuelto de forma positiva directamente por la autoridad judicial de vigilancia penitenciara -que no fue recurrido por el Ministerio Fiscal-, un segundo de seis días autorizado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Las Palmas, el tercero autorizado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria bis (hoy 3) y ratificado por la Audiencia -desestimando el recurso en contra del Ministerio Fiscal- y el cuarto concedido de nuevo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 por auto de 5 de junio de 2018, tampoco recurrido. Según esta versión, todos los permisos menos uno fueron recurridos por la Fiscalía, y en todos los casos la Audiencia Provincial ha venido dando la razón al asesino.
“En estas circunstancias”, razonó la Sala en su auto, “no existe obstáculo alguno para que le sea autorizado un nuevo permiso ordinario de tres días”. El tribunal también agregó que, como medida cautelar, durante el disfrute del permiso el penado debía “personarse diariamente ante la Comisaría del Cuerpo nacional de Policía, así como someterse a cualquier otra cautela que estime procedente el Centro Penitenciario”.
Fue a raíz de que su hermano telefoneara a prisión alertando de que el interno no iba a regresar de su permiso cuando se supo que desde ella había amenazado abiertamente a su actual esposa por creer que tiene una relación con un cuñado del que es compañera de trabajo. “Tú verás, ya sabes de lo que soy capaz”, asegura la víctima que le dijo hace unos cuatro meses. La Guardia Civil la custodia permanentemente, y la jueza de Violencia sobre la Mujer de San Bartolomé de Tirajana ha decretado, a petición suya, una orden de alejamiento y de comunicación que no se le podrá notificar a Mejías hasta que sea localizado.
Fuentes conocedoras de las pesquisas han insinuado la posibilidad de que Mejías haya terminado por quitarse la vida. Esa tesis la alimenta el hecho comprobado de que la Guardia Civil lo descubriera el pasado día 26, un día antes de su fuga, apesadumbrado, en un parque público de Vecindario, portando un cuchillo con el que decía que quería quitarse la vida.