La Sala de Vacaciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado la resolución que decretó el ingreso en prisión de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura condenada a 6 meses de cárcel por un delito de ordenación del territorio al construir su vivienda en una zona protegida del municipio de Betancuria.
Josefa Hernández ha abandonado a las 17.25 horas la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, donde ha pasado los últimos tres días y medio,“Estoy superfeliz y muy, muy agradecida”, ha señalado Hernández, de 62 años, a las numerosas personas que la aguardaban a la salida del penal, entre ellas sus hijas, varios parientes y el alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente).
El auto, del que es ponente Miguel Ángel Parramón, magistrado de la sección Primera de la Audiencia Provincial, condiciona la suspensión al derribo en un periodo de seis meses de la parte de la vivienda ilegal y a que Josefa no delinca en los próximos cinco años.
La Audiencia de Las Palmas se adelanta así al indulto anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según manifestó el jefe del Ejecutivo el pasado martes, el Consejo de Ministros concederá en su reunión de este viernes la medida de gracia a Josefa, que ingresó en prisión el pasado lunes a pesar de que el Ministerio de Justicia recibió la documentación para llevar a cabo el indulto el 2 de julio.
La Sala considera que los argumentos de la magistrada para denegar la suspensión de la pena de prisión, el pasado 29 de julio, fueron válidos en tanto que Josefa Hernández no sólo no derribó la parte de la casa ilegalmente construida, sino que pudo haber realizado una ampliación de la vivienda con posterioridad a la condena. Por este motivo, también aprecia una actitud “rebelde” y “nada compatible” con la concesión del beneficio.
No obstante, la Audiencia recoge en este auto que no se puede obviar que esta mujer carece de antecedentes penales y, a su vez, deben tenerse en cuenta la circunstancias personales de Josefa Hernández - aunque matiza que esto “no justifica la pasividad mostrada en su deber de reparar el daño causado”-. Sin embargo, la Sala estima que ahora sí que existe una predisposición por parte de esta anciana de cumplir con la orden de demolición.
Además, añade que la escasa peligrosidad de Josefa Hernández y el pronóstico favorable a que no vuelva a delinquir también han sido tenidos en cuenta a la hora de estimar la suspensión de su estancia en prisión.
Los seis meses concedidos para que se ejecute la demolición de la vivienda son considerados “suficientes” para conseguir los medios económicos así como las ayudas administrativas que necesite.
Asimismo, el tribunal se distancia de las alegaciones presentadas por la defensa, puesto que entiende que la culpa de la denegación de la suspensión de libertad se sitúa en que esta mujer no mostró interés en reparar el daño causado tras la sentencia de 2012.
La Sala también ha tenido en cuenta para estimar este recurso el informe favorable de Ministerio Fiscal del pasado 25 de agosto, donde manifestaba que no se oponía a la concesión del beneficio de suspender su ingreso en prisión, siempre y cuando se comprometiera a la demolición de las obras ilegalmente construidas.