El auditor de Gesturpa no aprecia que Blas Acosta agravara la situación de la empresa que “no fue viable nunca”

El Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario ha comenzado este martes el juicio contra el viceconsejero de Economía del Gobierno canario, Blas Acosta (PSOE), acusado de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad en la que tuvo responsabilidades en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Pájara, en el sur de Fuerteventura. El Ministerio Fiscal solicita para Acosta cuatro años y tres meses de cárcel y lo mismo de inhabilitación para cargo público.

En esta primera jornada del juicio, el auditor de Gesturpa, empresa que se concibió originalmente para la construcción de vivienda pública en dicho municipio, ha asegurado este martes que la sociedad estaba en cauce de disolución y “no fue viable nunca”, y que no apreció ninguna decisión de Blas Acosta como administrador que agravara o dañara su situación.

Acosta tendrá que esperar hasta este miércoles para defenderse ante la magistrada Alicia María Buendía, ya que en esta primera sesión ha sido el turno de los peritos y del administrador de la empresa municipal, Miguel Ángel Ramírez, quien ha reconocido en sede judicial que la sociedad siempre “dio pérdidas”.

El Ministerio Fiscal cuestiona la labor de Blas Acosta al frente de Gesturpa durante el periodo 2011-2014, años en los que las cuentas anuales no dejaron de reflejar pérdidas.

En 2011 ascendían a 182.000 euros y un año más tarde eran de 1,2 millones. En 2014 la cifra de pérdidas se elevaba a 281.151 euros.

Su auditor ha reconocido ante la magistrada que “la sociedad siempre daba pérdidas” y que resultaba “difícil” pagar la deuda. Además, ha señalado que las cuentas de Gesturpa no reflejaban “la imagen fiel” de la empresa.

Aun así, Miguel Ángel Ramírez ha defendido la labor de Acosta como administrador único de la empresa municipal. Durante su intervención, ha respondido, a la pregunta de la abogada de la defensa, María Rosa Díaz Bertrana, que “no considera” que la conducta de Acosta, actual viceconsejero de Economía del Gobierno regional, provocara daños en Gesturpa y ha insistido en que nunca concertó ningún préstamo.

Según el escrito de la Fiscalía, en marzo de 2012 Gesturpa concertó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, a pesar de la falta de viabilidad económica.

La conducta de Acosta durante ese tiempo, según Ramírez, “no agravó la insolvencia, ni hubo endeudamiento”, ni nuevos contratos, sino que como administrador se dedicó a pagar facturas antiguas.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”. Entre ellas, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”.

Al viceconsejero de Economía del Gobierno canario también se le atribuye haber abonado en 2012 la cantidad de 897.270 euros a la empresa Mahlec Mantenimientos “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca se le reclamó el pago”.

En 2006 se encargó el alumbrado de la urbanización Cañada del Río, en el sur de la isla, unos trabajos que culminaron tres años más tarde, en 2009. Estas obras y facturas de seis proveedores más, que se atribuyen a Gesturpa, fueron abonadas por el Ayuntamiento de Pájara, a través del plan de pago a proveedores de 2012.

Aunque el alumbrado en Cañada del Río supuestamente fue un encargo de Gesturpa, la factura fue abonada por el Consistorio y “no estaba contabilizada” por parte de la empresa pública.

Durante este martes, también han declarado el perito judicial Tomás Ramírez y el perito de la defensa Francisco Ronda. El primero ha reconocido que “la insolvencia y la liquidez” de la empresa eran “bastante malas”, mientras que Ronda ha asegurado que durante la época de Acosta es “cuando se acaba con el endeudamiento y empieza a ser viable”.

Además, ha señalado la existencia de tres actas en las que Acosta comunicaba al Ayuntamiento de Pájara que la empresa estaba en causa de disolución.

El actual liquidador de Gesturpa, Eugenio Vidal, ha asegurado ante la magistrada que cuando entró en 2016 fue porque la empresa estaba en situación de disolución a raíz de una ley para racionalizar la administración pública de 2013, no porque el Ayuntamiento de Pájara lo hubiese acordado.

La Fiscalía identifica dos presuntos delitos atribuidos al dirigente socialista majorero: uno de administración desleal, por el que pide una pena de cárcel de un año y nueve meses, y otro de insolvencia punible, por el que solicita dos años y seis meses de prisión.