Al juicio del caso Faycán, en el que se juzga a dos ex alcaldes de Telde, ambos del Partido Popular, y a otros 26 acusados por una presunta trama de comisiones ilegales, le ha salido una bomba de relojería en el seno de su propio tribunal. Se sabe cuando empieza, este lunes a las 09:45, pero no si va a acabar en tiempo y forma el 31 de mayo, último día de las sesiones previstas. O si descarrila de entrada, en las cuestiones previas. O si se suspende ya avanzada la vista para poner el contador de nuevo a cero. Y dilatarlo aún más.
El culpable de tantas incertidumbres es el hombre llamado a impartir justicia y teóricamente pasar desapercibido, como los buenos árbitros: preside el juicio de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas un juez investigado por la presunta comisión de hasta seis delitos. Se trata de Salvador Alba, del que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) indaga su papel en la conspiración para apartar de la política a la jueza Victoria Rosell, la principal adversaria del ex ministro José Manuel Soria en las elecciones generales de 2015.
La magistrada Margarita Varona instruye desde 2016 esta causa, abierta al salir a la luz las grabaciones conocidas como Albagate: cómo Alba, sustituto de Rosell en Instrucción 8 de la capital mientras era diputada de Podemos, manipuló con un imputado por fraude fiscal, el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, una declaración de este que nada tenía que ver con la causa. El fin era incriminar a la jueza maquinando acuerdos de empresas de Ramírez con la de la pareja de Rosell, el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa.
La instrucción del caso Alba entra ahora en su última fase, después de medio centenar de recursos del juez investigado. Todo parece indicar que el TSJC va a apreciar suficientes indicios de delitos por parte del presidente del tribunal de Faycán, por lo que acabaría por mandarlo a juicio, lo que técnicamente se conoce como decretar apertura de juicio oral. En ese caso, el procedimiento conllevaría la suspensión provisional de Salvador Alba como juez, que se convertiría en expulsión de la carrera judicial en caso de una sentencia condenatoria firme.
Ese horizonte último queda aún lejano, pero en lo que afecta a Faycán, solo el hecho de que se abra juicio oral contra el presidente del tribunal, lo que en el foro se da por inminente, supone una primera y definitiva bomba. Salvador Alba quedaría automáticamente apartado de sus funciones, y por lo tanto no podría ni presidir ese juicio ni, por lo tanto, ser el ponente de la sentencia. De darse esa circunstancia, todo lo andando desde este lunes a las 09:45 hasta el momento del auto de apertura de juicio oral, no habrá servido para nada. Solo mayores dilaciones doce años después de que se iniciara el caso que acabó con casi todo el gobierno municipal del PP de Telde en la cárcel.
El apartamiento de Salvador Alba provocará que tenga que nombrarse a un sustituto en el tribunal que también forman Carlos Vielba y Oscarina Naranjo. El suplente, sin embargo, no podrá incorporarse al juicio comenzado como si saltara de refresco al campo, poniéndose al día sobre lo visto en sesiones anteriores. Por ley tiene que empezar de cero, como este lunes con las cuestiones previas, y por tanto deberá suspenderse y reiniciarse la vista aunque esté a punto de concluir.
La situación, además de infrecuente, puede ser muy perjudicial para el proceso porque nadie puede garantizar que, a la vista de lo que hayan dicho los testigos o los acusados durante las sesiones que se celebren bajo la presidencia de Alba, puedan mantener o cambiar sus versiones en un nuevo plenario. Una paradoja jurídica que nadie les podrá reprochar jamás porque nada de lo ocurrido en un juicio anulado tendrá valor judicial alguno.
Además, en ese supuesto más que probable de la suspensión de Alba como juez, la Audiencia deberá valorar quién debe presidir el tribunal y quién poner sentencia. Ahora es Alba quien tiene designada esa doble función porque se le presupone una mayor especialización en asuntos penales con respecto a sus dos compañeros.
La retirada ‘a tiempo’ de Emilio Moya
Llegado ese momento, tendrá que volver a intervenir el presidente de la Audiencia y de la Sección Sexta, Emilio Moya Valdés, que huye del juicio del caso Faycán como los gatos del agua. En su haber tiene este retraso considerable de la vista, ya que en 2014 decidió no hacerla coincidir con las elecciones de mayo de 2015, a las que se presentaba una de las principales encartadas, Mari Carmen Castellano.
Moya fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias nombrado por el PP, la misma fuerza política de Castellano, que aspiraba a repetir como alcaldesa de Telde en 2015, y ahora es su portavoz en la oposición. Además, el presidente de la Audiencia, cuando ya era ineludible el juicio, se abstuvo del mismo aludiendo un “interés indirecto” por mantener relaciones comerciales con uno de los acusados, propietario de un taller de artes gráficas que le imprimía sus trabajos y publicaciones judiciales. Incluso se intercambiaban regalos de Navidad, adujo.
Así que, salvo que la previsible apertura del juicio oral ya en firme, después de los recursos que presente Alba a la decisión del TSJC, se aplace a después de poner la sentencia, en junio o julio, este juicio de Faycán tiene un recorrido lleno de baches y piedras en el camino, marcado por un sinfín de cuestiones que nada tienen que ver con los hechos cuestionados, pero que influirán mucho en su enjuiciamiento.
Dos jueces que ni se miran a la cara
El juicio empieza a andar, además, con la absoluta falta de comunicación entre los jueces e incluso entre el presidente del tribunal con el representante del Ministerio Fiscal. Aunque la más sangrante es la relación rota entre Salvador Alba y su compañero Carlos Vielba, dos magistrados que llegaron a compartir una estrecha amistad hasta el punto de haber sido Vielba el padrino de bautizo de la hija de Alba. No se dirigen la palabra desde que el polémico juez grabara a su amigo en su despacho, interesándose este supuestamente por intermediar con Miguel Ángel Ramírez para que hicieran las paces, cuando Ramírez aportó a la Justicia las grabaciones del Albagate que destapaban la conjura contra Rosell.
El escándalo era mayúsculo por aquellas fechas de 2016, con los audios revelados por eldiario.es poniendo patas arriba la judicatura en Canarias, por las formas de Alba para destruir a Rosell. Vielba pretendió interceder y Alba le grabó en una conversación que aportó al juzgado de instrucción donde se personó contra Miguel Ramírez por haberlo grabado previamente a él en su despacho.
Pero Alba también grabó en un office de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria a Carlos Vielba y otros jueces haciendo comentarios sobre casos. En uno de ellos, utilizando expresiones machistas hacia las mujeres rumanas –“todas putas”- y vejatorias sobre los rusos –“mafiosos”-, que provocaron otro escándalo. La ruptura entre Alba y Vielba, desde entonces, es absoluta y radical.
Este segundo Albagate a la hora del café entre jueces le ha supuesto una multa del CGPJ. Como autor de una falta leve de desconsideración hacia sus compañeros fue sancionado por el TSJC con 500 euros y apercibido por escrito. Hechos que en la Ciudad de la Justicia no han pasado desapercibidos.
Nadie o casi nadie quiere tener que ver con un juez que aspiró a ser presidente del TSJC, en los tiempos de poder absoluto del ex ministro Soria y en competencia con el actual presidente, Antonio Doreste; o a vocal del Poder Judicial, para lo cual llegó a hacerse hasta con los servicios de un asesor de comunicación.
Y que se involucró tanto en la querella de Soria contra Rosell, la que provocó la dimisión de la entonces diputada de Podemos al abrir contra ella una investigación el Tribunal Supremo, que acabó archivada en el TSJC al no apreciarse delito alguno en el comportamiento de la magistrada. “La querella [de Soria] ya prosperaba, pero con esto ya…”, se le escucha decirle a Ramírez en la grabación que le ha conducido a la imputación de media docena de delitos.
Aislado en el homenaje a García-Panasco
El aislamiento y desprecio que provoca Salvador Alba es algo palpable y notorio en el día a día del mundo judicial canario. Una prueba evidente de ello la pudieron presenciar recientemente las personas que acudieron a un almuerzo de homenaje y despedida del que fuera fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, celebrado en noviembre.
También relacionado con el modo de proceder de la Fiscalía de Las Palmas en la cacería a Rosell que acabó en condena del Supremo por vulneración de derechos fundamentales, García-Panasco cesó en 2017 como fiscal jefe y se le dio traslado a la secretaría de la Fiscalía General del Estado, en Madrid. La fiscalía tocó a rebato para aquel almuerzo al que fundamentalmente acudieron fiscales y unos cuantos jueces. Entre ellos, Alba con su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo.
Alba vivió esa tarde en el hotel Santa Catalina, en Las Palmas, uno de los peores tragos desde que se quedara sin cobertura por sus grabaciones. El vacío que se le hizo fue total, apuntan testigos presenciales. Tanto en los previos del cóctel como en la mesa en la que se sentó, aislado junto a dos personas despistadas.
El resto de comensales se repartieron entre diez o doce mesas con diez plazas cada una. No acudieron el presidente del TSJC, Antonio Doreste, ni los de las salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, Humberto Guadalupe y César García Otero, entre otras ausencias. Y la comidilla de la sobremesa, aparte del intercambio de loas y ditirambos en los discursos del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y del homenajeado García-Panasco, fue precisamente la incómoda situación que generaba la presencia de Alba.
Precisamente esa presencia incómoda también la va a marcar Alba sentado como presidente en la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Incomodará a uno de los abogados de los acusados, Sergio Armario, que presentó sin éxito un incidente de recusación al juez. Pero también a unos cuántos letrados más, que no sabrán a ciencia cierta a qué atenerse con este juez, dados todos estos antecedentes. Y al fiscal Anticorrupción, Luis Del Río, que se sumó el mes pasado a la recusación del cliente de Sergio Armario.
La recusación del abogado de un acusado
Armario es también abogado de una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, y Salvador Alba lo incluyó en el mismo pleito que le planteó al presidente de la UD Las Palmas por haberle grabado en su despacho. Con estas premisas, el año pasado, en otra causa, Armario defendía a un cliente y recusó en el mismo plenario, de viva voz, a Alba, que formaba parte del tribunal. El juez aceptó la recusación y se retiró del juicio sin más problemas, cuestión que no ha admitido ahora y ha vuelto a retrasar la vista.
La Audiencia dio finalmente la razón a Alba porque llevaba tiempo conociendo del caso Faycán, y Armario asumió la defensa de ese acusado en los último meses, por lo que según los magistrados que rechazaron la recusación, debía saber que el caso lo presidía Salvador Alba. El fiscal, Luis Del Río, apoyó la postura del abogado. Se verá ahora con estas cartas marcadas de antemano cómo transcurre el juicio, que debió iniciarse en octubre y se aplazó por esto y otras pruebas admitidas por Alba y no cumplimentadas a enero.
Un perfecto conocedor de la sociedad teldense
En los prolegómenos de este juicio que comienza este lunes se han producido hechos sorprendentes, como que horas antes no se haya establecido un calendario claro y preciso de citaciones para la declaración de los acusados y de los testigos. O que parte de las pruebas de las defensas que fueron admitidas por el juez Alba no se hubieran cumplimentado en tiempo y forma para conocimiento previo de las partes. Pero lo que sí es cierto es que Alba es un perfecto conocedor de la sociedad donde se gestó esta trama.
El magistrado vive en la urbanización teldense de Hoya Pozuelo y es asiduo a un local de Salinetas, propiedad del cuñado del exministro José Manuel Soria, también de Telde. La zona de veraneo por excelencia de la sociedad de Telde ha visto también cómo Alba se prodiga artísticamente, con algunas actuaciones acompañándose de guitarra en La Gabarra, el establecimiento de un hermano de la esposa de Soria. Con el que comparte abogado en su causa penal del TSJC: Nicolás González-Cuéllar defiende a Alba de su conjura contra Rosell.