El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto por el que se crean 93 nuevos juzgados y plazas de magistrados, cinco de ellas en Canarias, con el fin de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.
En Canarias, en concreto, se creará un juzgado de lo Social en Lanzarote (con sede en Fuerteventura), que ayudará a repartir mejor la carga de trabajo existente y otro de lo Social en Santa Cruz de Tenerife demandado desde hace varios años, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
A ellos se suman uno de lo Penal, también en Santa Cruz de Tenerife, que se enmarca dentro del esfuerzo llevado por el Ejecutivo autonómico para paliar el retraso de la justicia penal en la línea demandada tanto la Fiscalía Provincial como la Audiencia Provincial en la reciente apertura del año judicial para atender a las necesidades de la justicia penal.
Un juzgado de vigilancia penitenciaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y otro Mixto (Primera Instancia de Instrucción), en Fuerteventura, que servirá para paliar las carencias existentes en el Partido Judicial de Puerto del Rosario, completan las incorporaciones judiciales aprobadas para las Islas.
El Ejecutivo canario se ha mostrado satisfecho con la creación de estos órganos judiciales, aunque considera que deberá abordarse próximamente la creación de otros para dar respuesta a las necesidades existentes en otros partidos judiciales del Archipiélago.
A estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Gobierno de España aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal de manera que la creación total para este año asciende a 109 unidades.
Según informa el Ministerio de Justicia, se logra así una respuesta de carácter estructural a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas del territorio nacional así como mejorar el tiempo de respuesta y reducir el número de asuntos pendientes en cada Juzgado.
En relación con la distribución de los órganos judiciales de nueva creación se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis de lo mercantil.
Además se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid para las secciones civiles 22 y 24 especializadas en materia de familia.
Por comunidades autónoma, contando nuevos juzgados y plazas de magistrados, la lista la encabeza Andalucía con 18, seguida de Cataluña y Comunidad Valenciana con 14 cada una y Comunidad de Madrid con 12.
Además se crean 5 en Canarias y Castilla-La Mancha, 4 en Castilla y León y Galicia, 3 en Murcia, 2 en Extremadura, Baleares y País Vasco y una en Aragón, Asturias, Cantabria y Navarra.
Se transforma un Juzgado en Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. Esta decisión responde al objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas que plantea el volumen de carga de trabajo y ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal.
De esta manera el real decreto transforma el Juzgado de Menores número 2 de Córdoba en el de lo Penal 6, el de lo Penal 9 de Palma de Mallorca en el Social 5, el de Instrucción 5 de Torrevieja (Alicante) en el de Primera Instancia 4 y el de lo Contencioso-Administrativo 8 de Murcia en el de lo Social 9.