Más Canarias (partido asociado al de Íñigo Errejón) ha denunciado este jueves en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid un presunto “conflicto de intereses” entre el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP), con el trazado de una nueva carretera que conectará Tazacorte con Puerto Naos, una vía impulsada tras la erupción volcánica que afectó recientemente a la isla y que fue declarada “de emergencia” por valor de 38 millones de euros. En concreto, destacan en su escrito que “podría pensarse que existe un interés económico particular y conflicto de intereses por parte del presidente del Cabildo de la Palma por utilizar el procedimiento excepcional de urgencia para abrir una carretera que le beneficiaría en sus intereses situados en la zona oeste de la Palma”. El partido, recién constituido en el Archipiélago, pide que se abra una investigación que esclarezca varios hechos tras la erupción del volcán el pasado 19 de septiembre.
Los firmantes del escrito presentado en la Fiscalía, Javier Navarro y Florisela Rodríguez, argumentan que la familia de Hernández Zapata cuenta con terrenos en la zona de la playa de Las Monjas, a un kilómetro de Puerto Naos en dirección al Remo y que “la empresa familiar VIHEFE” tiene registrada la marca “Hotel Playa de Las Monjas” desde el año 2000, según la documentación que adjuntan, entre la que se halla una parcela de 17.000 metros cuadrados. Los denunciantes sostienen que “la fórmula de contratación extraordinaria claramente favorece los intereses de desarrollo urbanístico de la zona costera cercana a la Playa de las monjas y Puerto Naos para construcción de hoteles”.
Para los denunciantes, esta vía no debería ser considerada “de emergencia” ya que existe otra que restablecerá la conexión del Valle de Aridane. Se trata, explican, de la carretera que unirá el barrio de La Laguna con Las Norias, que avanza a buen ritmo pese a que se está construyendo sobre las coladas. En el escrito adjuntan fotografías de los avances de este tramo y la conexión entre dos máquinas excavadoras desde ambos lados del camino. Sin embargo, “el presidente del Cabildo desde su posición se mantiene inflexible y pertinaz para la construcción urgente de los tres tramos de la carretera innecesarios”, denuncian.
Los representantes de Más Canarias recogen que el objetivo de la resolución en la que se concede el importe de 38 millones ​​para la ejecución de las obras necesarias de reconstrucción o restitución de infraestructuras de carreteras en la Isla de La Palma, con motivo de la erupción volcánica, se especifica que “el objetivo de la obra de emergencia sería restaurar en la medida de lo posible la conexión entre la carretera LP-2 en el núcleo de Los Llanos de Aridane con la zona sureste de la colada restableciendo, de esta forma, el principal itinerario de movilidad afectado por la colada”. No obstante, creen que el contenido de esta resolución es fruto de las propuestas y acuerdos del “Cabildo que pretende trazados de carreteras, no para solucionar la conexión necesaria que ya está conseguida, sino que utilizando la fórmula de contratación extraordinaria claramente favorece los intereses de desarrollo urbanístico de la zona de costera cercana a la Playa de las monjas y Puerto Naos para construcción de hoteles” y que, por tanto, “no se responde a las necesidades de los afectados si no que destruye a los no afectados de forma arbitraria e innecesaria”.
Los denunciantes apuntan que todo ello “sin importar” “expropiaciones de zonas habitadas, barrios y viviendas de la Villa y Puerto de Tazacorte así como fincas de cultivo de plátano que no fueron afectadas por la lava volcánica”. A juicio de los firmantes “el trazado no se hace público, cuesta mucho conseguirlo y la arbitrariedad en sus cambios es diaria creando entre la población un estado de inseguridad tan importante como la lava del volcán en erupción”. Además, insisten en que “la declaración de emergencia no procede y es por ello que se presentó escrito de petición con la fundamentación jurídica que así avala ante el Parlamento Canario”.
En el escrito también se alude a la crisis que provocó en el Cabildo de La Palma la subvención de casi un millón de euros que en 2020 se concedió desde el Consejo Insular de Aguas a la reparación de un pozo de agua del que era copropietario el padre del presidente de la Corporación, Mariano Hernández Zapata. La decisión de otorgar esta subvención (en un momento delicado para la isla por la importante sequía de ese año) fue apoyada por la mayoría de las personas que forman parte del organismo a excepción de diez voces que se pronunciaron en contra por entender que la infraestructura no cumple con la legalidad al no estar inscrito en el Registro de Aguas de Canarias, requisito indispensable para recibir subvenciones públicas.
Más voces contra el trazado de la carretera
La conocida como carretera de La costa ha generado polémica en los últimos meses en La Palma y este mismo viernes hay convocada una manifestación. Los convocantes animan a la población a participar en este acto reivindicativo contra “el atroz trazado” de la vía. “Exigimos que se reutilicen los tramos intactos de carreteras existentes sin necesidad de masacrar barrios y fincas muy lastimados por el volcán”, subrayan en la convocatoria. Además, desde hace semanas se recogen firmas en la plataforma Change.org bajo el lema Que no nos quite la administración lo poco que nos dejó el volcán. “El nuevo trazado por el cual protestamos en Tazacorte, al cual incluyen en este plan de emergencia, es sólo para reducir tráfico en la carretera de San Borondón que está en uso y que se encuentra aproximadamente a 200 metros de este trazado propuesto. Si no hubiera más alternativa para conectar El Valle, se ha de hacer, pero actualmente se encuentran otras dos obras de carreteras las cuales sí se están trabajando sobre terreno arrasado por el volcán, que ya cubrirán este tramo”, expone el colectivo afectado en la recogida de firmas.
Por otro lado, ya existían voces que habían alertado públicamente de posibles “conflictos de intereses” del presidente del Cabildo de La Palma en Puerto Naos. El concejal de IUC en Los Llanos de Aridane afeó en un pleno de la corporación insular en diciembre de 2020 “la participación” del presidente del Cabildo en el planeamiento de Puerto Naos “a pesar de tener intereses familiares en la zona”. En esa sesión, al igual que en otra al año siguiente, advirtió de que Zapata había “participado en diversas reuniones” para tramitar esta planificación urbanística.
“Falta de transparencia” en las donaciones
Más Canarias también ha denunciado en el escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción que supuestamente no se utilizaran “criterios de transparencia” en el reparto de donativos recibidos en las cuenta bancaria del Cabildo por la erupción volcánica. “Apenas se han hecho públicos los repartos y en muchos de los casos no se ha percibido aún importe alguno por los verdaderos destinatarios de los donativos. Resulta, para los damnificados, verdaderamente desesperante saber si le ingresarán o no diez mil o dos mil cuando no tienen trabajo, vivienda ni dinero para la compra de víveres, o no saber cómo van sus expedientes en el registro”, destacan.
Y añaden que “los afectados, siendo personas que están sufriendo el trauma de la pérdida de todo sus bienes y trabajos, se han tenido que constituir en varias plataformas al encontrarse indefensos y en búsqueda de ayuda legal y técnica a fin de proteger sus derechos”. Además, consideran que “se desconoce el importe, el destino, uso y distribución del dinero de los donativos que el Cabildo Insular de la Palma ha recibido y solo se hacen referencias globales. En estos últimos días salen listados a cuenta gotas”.
Tras los distintos puntos expuestos, los dirigentes señalan que “con los indicios aportados y las informaciones existentes, esta parte considera que pudieran haberse cometido las conductas recogidas en diferentes tipos recogidos en el Código Penal con conflicto de intereses: administración desleal, tráfico de influencias; malversación, tanto en su vertiente de apropiación indebida del patrimonio público como en la de la de administración desleal del patrimonio público; apropiación indebida así como la inevitable referencia a diversos posibles delitos de prevaricación por parte de servidores públicos” y que es por ello que solicitan la apertura de “las diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos” y ordene “la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social creada, designando un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas”, concluyen.
Este periódico ha intentado recabar la versión del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, sin que haya contestado aún a las preguntas formuladas.