La Fiscalía ha cifrado en 23 millones de euros el perjuicio que causaron a las arcas de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, las irregularidades detectadas en cerca de una veintena de contratos que suscribieron entre 2008 y 2011 sus socios privados, Saur y Sacyr-Valoriza, valiéndose de su posición de privilegio al controlar el 66% de las acciones frente al 34% de capital público.
Además de pedir penas de cárcel para los quince imputados en la causa (directivos, técnicos y miembros del Consejo de Administración de Emalsa), la fiscal Evangelina Ríos reclama en su escrito de acusación que respondan de forma conjunta y solidaria al pago de esos 23 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
El Ministerio Público plantea dos penas alternativas: seis años de cárcel y 18.000 euros de multa para trece de los quince acusados como autores de un delito continuado de apropiación indebida o cuatro años de prisión y 46 millones de euros por un delito de administración desleal. En el procedimiento también figuran el consejero delegado de Satocan y un empleado de esta empresa, propietaria del edificio donde se ubica la sede de Emalsa, como cooperadores necesarios de esos delitos. Para ellos, la pena solicitada es de dos años y nueve meses de cárcel.
El juez instructor de la causa, Luis Galván, dio por concluidas a finales de 2018 las diligencias de investigación a raíz de una denuncia interpuesta en 2015 por el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el popular Juan José Cardona, y posteriormente ampliada por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento capitalino, Beatriz Correas, y por la asociación El sol sale para todos, colectivo encabezado por Óscar Bermejo, que trabajó codo con codo con Rafael Bolívar durante la intervención pública de la empresa de aguas durante el mandato 2011-2015.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, desmenuza en 29 folios cerca de una veintena de contratos irregulares. En la mayoría de ellos aparece Sercanarias, filial de los socios privados de la compañía, como adjudicataria. Según la representante del Ministerio Público, los socios privados de la empresa mixta de aguas vulneraron “absolutamente” de la normativa aplicable aprovechándose de su posición mayoritaria en el Consejo de Administración y causando un perjuicio importante en las arcas de Emalsa.
La fiscal encuentra “elementos comunes” en la forma de proceder de los socios privados. En muchos de estos contratos, decidieron no publicar los pliegos de especificaciones técnicas para que otras empresas pudieran presentar ofertas a pesar de que el propio régimen interno de la compañía obliga a hacerlo para la adjudicación de cualquier obra, suministro o servicio que supere los mil euros. Además, en aquellos en los que sí se publicaron “el contenido no coincidía con el objeto del contrato concertado con Sercanarias”, de manera que la comparación con otras ofertas era “imposible”. El escrito remarca que esta filial “no presentaba ofertas” a estos concursos, por lo que el precio de adjudicación se estipulaba sobre la base del presentado por las entidades que sí lo habían hecho.
Ríos precisa también que esos contratos carecían de la concreción y el detalle necesarios sobre el alcance de los servicios a los que se comprometía Sercanarias, de manera que resultaba difícil conocer las obligaciones del contratista.
Entre los contratos irregulares figuran los de mantenimiento de la red de alcantarillado, el que ocasionó un mayor perjuicio a las arcas de la sociedad (más de 11 millones de euros), reparación de averías o transporte de lodos.
Al margen de los suscritos con Sercanarias, destaca también el contrato de alquiler de la sede de la compañía, situado en el Centro Comercial Las Ramblas, en Las Torres. El edificio es propiedad de la constructora Satocan, cuyo presidente, Juan Miguel Sanjuán, participaba, a su vez, en el Consejo de Administración de Emalsa a través de uno de sus socios privados, Valoriza-Sacyr. Las pesquisas se centraron en el desproporcionado coste de arrendamiento de este inmueble. Desde agosto de 2008 a enero de 2009, Emalsa abonó por este concepto 90.000 euros mensuales. A partir de entonces y hasta el año 2014, el coste se redujo a los 75.000 euros. Un informe de auditoría detectó que la empresa estaba pagando por metro cuadrado una cantidad que doblaba a la que le correspondía conforme al mercado. Además, las oficinas estuvieron vacías durante dos años y, posteriormente, solo se ocuparon dos de las tres plantas alquiladas.
Los acusados son José Luis Rubio, Pablo Abril-Martorell, Jesús Blanco, Olivier Brousse, Gerard Thierry, Guy Furnier, Rafael González, Juan Miguel Sanjuán, José Manuel Calderoso, Laura Rivero, José Luis Pérez, Pierre Pans y Alfonso Díaz, además de José Higueras y José Julio Artiles como cooperadores necesarios.
Como testigos ha propuestos, entre otros, a Juan José Cardona, exalcalde de la capital grancanaria, y Rafael Bolívar, responsable durante la intervención de la empresa.
El Ayuntamiento ostenta el 34% de las participaciones de la empresa de aguas de Las Palmas de Gran Canaria. El 66% restante está en manos, en la actualidad, de un fondo de inversión sueco.