El 4 de noviembre de 2020 convergen en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife tres nombres vinculados a las dos causas de presunta corrupción que sacuden a la Guardia Civil con epicentro en Canarias. Dos de ellos están presentes en la reunión. Se trata del general ya retirado Francisco Javier Espinosa Navas, actualmente en prisión por la trama de sobornos bautizada como caso Mediador, y el empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, imputado en el llamado caso Cuarteles, que se investiga en un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades de los contratos que se le adjudicaron entre 2014 y 2019, por un importe de 3,3 millones de euros, para realizar obras de reforma, impermeabilización y pintura en acuartelamientos de un total de trece comandancias.
El tercero es el coronel José María Tienda Serrano. No participa en esa reunión, pero durante el encuentro llama por teléfono al general Espinosa, que en aquellas fechas aún era director de un proyecto para la formación de gendarmes en el Sahel. En el sumario del caso Mediador figura una referencia, muy breve, de esa conversación. El coronel Tienda, que ostentaba la jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife desde finales de 2012, le dice a su interlocutor que “los suyos están buscando los papeles”, sin que se explique en el sumario a qué documentos se refiere, y que “Luis”, a quien no se identifica, quiere hablar con él. Espinosa, por su parte, le comenta que está “medio borracho” y que acaba de “dejar al primo”.
Tienda no está investigado de momento en el caso Cuarteles, pero sí está bajo sospecha. El Ministerio del Interior decidió el pasado miércoles destituirlo como máximo responsable del cuerpo en Santa Cruz de Tenerife por su posible implicación en los hechos. El secretario de Estado de Seguridad atribuyó el cese a una “pérdida de confianza” en el alto cargo, de quien se sospecha que favoreció a Tejera de León en la adjudicación de obras. Esa comandancia concedió contratos por un valor superior a los 900.000 euros al empresario durante los años investigados, según el informe del servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que advierte de posibles obras sobredimensionadas o no ejecutadas pese a haber sido facturadas.
Esa reunión del 4 de noviembre es el único acontecimiento incluido en el sumario del caso Mediador que establece una conexión, aunque tangencial, con el caso Cuarteles. Y es también la única vez en la que coinciden el general Espinosa, cabecilla de la trama empresarial de Mediador, con uno de los dos miembros de la rama política, Taishet Fuentes, exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, aunque no aparece transcrita conversaciones entre ellos. En ese encuentro también participan el intermediario que da nombre a la causa, Marco Antonio Navarro Tacoronte, y el empresario Antonio Bautista. No está el ya ex diputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes, tío de Taishet Fuentes y de quien no consta en las actuaciones ninguna conexión directa con el general investigado, que en su declaración ante la jueza instructora dijo no conocerlo.
La presencia del empresario Tejera de León en el sumario del caso Mediador es testimonial. Se limita a esa reunión en el Hotel Escuela. Sin embargo, un año antes un juzgado de Ávila había abierto diligencias para investigar los contratos adjudicados por la Comandancia de esta provincia castellanoleonesa a dos de sus empresas, Angrasurcor y Solocorcho, ambas radicadas en Lanzarote. Es el origen del caso Cuarteles. Como ha informado Laura Cornejo en elDiario.es, ese juzgado, el de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila, se inhibió en favor de uno de Madrid al estar involucrado en la trama un teniente general que ejercía en la Dirección General de la Guardia Civil en la capital.
Ese teniente general es Pedro Vázquez Jarava, que hasta su retiro en 2018 estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo, la unidad responsable de “la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y del desarrollo de la política de recursos materiales”. Un informe del servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil cuyo contenido adelantó El Periódico de España alertó de presuntas irregularidades en los contratos menores que obtuvo el empresario canario en trece comandancias de la Guardia Civil. En total, 193 obras por un importe superior a los tres millones de euros. El juzgado de Instrucción 3 de Madrid investiga si esas obras se ejecutaron solo de forma parcial, de manera deficiente o defectuosa, o si se sobredimensionaron.
Las pesquisas colocan a Vázquez Jarava como la persona que ordenaba a los jefes de las comandancias contratar con Tejera de León. Y es ahí donde vuelve a aparecer el nombre de Francisco Espinosa. La investigación apunta que la relación entre los dos principales investigados en el caso Cuarteles pudo iniciarse a través del general ahora encarcelado por el caso Mediador, que había entablado una estrecha relación con el empresario durante su época al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas (2008-2012), hasta el punto de que, según fuentes consultadas, Tejera de León le prestaba a Espinosa su vehículo de alta gama cuando el general visitaba Lanzarote.
Desde esa época, al constructor se le conoce en los cuarteles como alférez Mon. Tejera de León es primo de Isabel Déniz, alcaldesa del municipio de Arrecife entre 2000 y 2007, primero con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y después con Coalición Canaria (CC). Déniz será juzgada el próximo mes en la última pieza de una de las mayores tramas de corrupción en la historia de las Islas, el caso Unión, acusada de recibir dádivas a cambio de adjudicaciones. El general Espinosa fue investigado en 2010 como sospechoso de haber filtrado a la entonces alcaldesa que iba a ser detenida, aunque finalmente el caso acabó archivado al no poderse demostrar que diera esa información.
Caso cuarteles
En el caso Cuarteles, que se sustancia en el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, se investigan los trabajos adjudicados a este empresario en trece comandancias. El mayor montante, más de 900.000 euros, corresponde a la de Santa Cruz de Tenerife, al frente de la que se encontraba hasta el pasado miércoles el coronel José Tienda Serrano, que aparece en esa conversación con Espinosa en el sumario del caso Mediador. Tejera de León también facturó a las comandancias de Algeciras, Albacete, Ávila, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Toledo, Valladolid y Murcia.
Todos eran contratos menores, con importes inferiores a los 50.000 euros, el límite fijado en la anterior ley para esta modalidad de adjudicación de obras. Los investigadores de Asuntos Internos de la Guardia Civil detectaron un incremento “exponencial y aparentemente inusual” en los contratos de reformas en los acuartelamientos entre 2015 y enero de 2018, fecha en la que se retiró el teniente general Vázquez Jarava.
Ese incremento fue especialmente notorio en 2016. Las pesquisas llaman la atención, además, sobre la “proximidad temporal” de los contratos. Lo ilustra lo ocurrido en agosto de ese año. Según información recabada de la plataforma de contratación del sector público, a una de las empresas administradas por el investigado, Angrasurcor, se le adjudicaron obras por valor de 41.302,5 euros en Ávila (el día 1); de 48.226,3 y 49.575,6 euros en dos acuartelamientos de Castellón (ambos el día 4), y de 48.568,98 euros en Badajoz (el 8). Mientras, a otra de sus mercantiles, Solocorcho, se le concedía el día 2 del mismo mes sendos contratos en Tenerife (uno en Buenavista del Norte y otro en la capital) por 46.521,4 y por 49.746,15 euros. Cerca de 284.000 euros en tan solo ocho días.
Se da la circunstancia de que Tejera de León está acusado de un delito contra Hacienda precisamente por la declaración del Impuesto de Sociedades de ese ejercicio. El empresario será juzgado el próximo 12 de abril en Lanzarote acusado de defraudar más de 160.000 euros ocultando ingresos e incluyendo como deducibles gastos que no lo eran. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel y una multa de 488.015 euros.
La investigación interna de la Guardia Civil se inició en 2019, después de que la jefatura de Asuntos Económicos advirtiera de los contratos concedidos a las empresas del constructor canario sin una previa prospección de mercado o con una consulta que se limitaba a mercantiles vinculadas al propio Tejera de León. Esas pesquisas concluyeron con el informe que Asuntos Internos elevó al juzgado de Ávila en enero de 2020. Después el caso pasó a Madrid, donde lleva ocho meses paralizado a la espera de una pericial sobre las obras sospechosas. Una especialista ya ha elaborado un informe sobre las reformas en Ávila. El resto recaerá en expertos de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
En la causa hay, de momento, cuatro investigados. Además del empresario canario, están imputados el teniente general Vázquez Jarava, a quien se le atribuyen los delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación; Carlos Alonso Rodríguez, exresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila, y otro empresario vinculado con Tejera de León.
La imputación por cohecho está relacionada con el presunto pago por parte del empresario canario de viajes, estancias en hoteles o entradas para ver partidos del Real Madrid, según han publicado distintos medios.
Al igual que ocurriera con el caso Mediador, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha solicitado personarse en la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, a la que ha calificado de “escándalo de grandes dimensiones”.