El denunciante es el centro de la trama. Nada habrá funcionado en el conocido como caso Mediador (la causa en la que se investigan presuntas extorsiones a empresarios a cambio de evitar expedientes que tendrían abiertos) si no hubiera existido el mediador, es decir, sin el concurso de Marco Antonio Navarro Tacoronte. La Guardia Civil lo sitúa en el centro de un esquema enviado a la jueza instructora en el atestado previo a que se decretara la entrada y registro en los domicilios y las oficinas de los encartados. Navarro Tacoronte ponía en contacto a todos los miembros de la organización criminal; organizaba los encuentros en sedes oficiales como el Congreso de los Diputados o la Dirección General de la Guardia Civil; organizaba los almuerzos y las fiestas en locales de alterne y hacía que las mordidas llegaran a sus destinatarios, “empresarios de perfil medio con un papel no tan decisivo”.
En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso este periódico, se recoge que “el ilícito (…) comienza” desde que el general de División Francisco Espinosa Navas quedó integrado en la organización desde el mes de septiembre de 2020, y se dio por finalizado en 2021 cuando “los empresarios comenzaban a advertir de que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos, no veían prosperar el resultado prometido”. “Así, fueron varias las ocasiones en las que le fueron reclamadas comisiones a tales empresarios a través del intermediario, Navarro Tacoronte, a cambio del proyecto o deseo que cada cual aspiraba”.
En la vertiente militar de la trama se encontraba el general Francisco Espinosa Navas, del que se documentan en el sumario abundante material de sus encuentros con empresarios y las contraprestaciones que recibía a modo de viajes a Fuerteventura a ver a su amante, hoteles, tarjetas bancarias o comidas en restaurantes. En el esquema de la Guardia Civil aparece como una de las piezas clave en esta causa y hasta el momento es el único que se encuentra en prisión. En la otra vertiente, la política, aparece el exdiputado socialista José Bernardo Fuentes Curbelo, así como su sobrino Taiset Curbelo, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, destituido en junio de 2022 por las sospechas que su comportamiento despertó en sus superiores jerárquicos.
El nombre que aparece constantemente es el del intermediario, que haría de enlace entre todas las partes, la política y la militar. En el esquema de la organización, la Guardia Civil hace una distinción clara entre el papel del político, el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y la militar, que ejecuta el general de División ya jubilado Francisco Espinosa Navas. Junto a Fuentes Curbelo, el instituto armado sitúa a su sobrino Tahiset Fuentes, exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, el equipo de fútbol a través del cual se canalizaron algunos pagos de empresarios, y la Asesoría de Tetir, S.L., de la que el diputado era propietario.
En el centro del esquema, junto a Navarro Tacoronte, los investigadores colocan al empresario Miguel Ángel Robaina y a Irene Megolla Pérez, pareja sentimental del primero, a través de la cual se realizaron algunos pagos.
En la parte más baja de la organización, la Guardia Civil anota los nombres de los empresarios Alberto Montesdeoca (Quesería Montesdeoca), María Inmaculada Roca y Esteban Banús Ricoma (Lácteos Sandra), Antonio Bautista Prado (Cleanergetics Ceers Solutions), José Santiago Suárez Esteve (Asesoramiento y Servicio de Drones, S.L.) y Raúl Gómez Rojo (Civil Twin Consulting).
Vinculado a Suárez Esteve, los investigadores llaman la atención sobre el proyecto GAR-SI, en el Sahel, donde el general Espinosa prestó servicio en los últimos años de su carrera como militar destacado de las tropas españolas. Percibía entonces un salario de 12.000 euros brutos mensuales y pretendía mantener su nivel de vida cuando le llegara su jubilación, de ahí su empeño en algunas de las operaciones que ahora le han llevado a la prisión preventiva, según se relata a lo largo del sumario, de siete tomos.
En uno de los atestados se concluye que los miembros de la trama de perfil medio también constituyeron un rol decisivo, al encargarse de orientar los movimientos en función de la necesidad que presentara cada empresario, “a quien iban exigiendoles los pagos finalistas en la forma correspondiente”. Se trata de entregas que se aportaban de manera voluntaria e interesada con la finalidad de obtener un resultado a la vez que a su vez “ a ellos les reportaría beneficios”.
De este modo, el general ofrecía sus habilidades a cambio de una contraprestación. Así “se prestó a cuantas situaciones le fueron propuestas” por quien ejercía de “eslabón”, esto es, “el intermediario” Navarro Tacoronte. El informe de la Guardia Civil recoge que en una de las grabaciones aportadas por el mediador se constata que Espinosa Navas recibía dinero en efectivo del intermediario, además de contabilizarse viajes, hospedaje en hoteles, restaurantes…
Además, en el sumario se recoge que actualmente se están practicando averiguaciones de ámbito económico relativas al general y su entorno más cercano, principalmente orientadas a la detección de incrementos patrimoniales y otras cuestiones dentro de la investigación. También se está a la espera de la Orden Europea de Investigación y de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En el informe se concluye que “tanto lo que Navarro Tacoronte declara en esta sede judicial como la información albergada en sus terminales telefónicos ha sido debidamente contrastado y objetivado a través de fuentes documentales, cuyo efecto pone de relieve que las conductas fueron materialmente llevadas a cabo; sin perjuicio de las diligencias de investigación que en un estadio procesal posterior y con el debido control judicial sean puestas en práctica”.
El mediador afirmaba este jueves que “no tiene la conciencia tranquila”. Así lo expresó en una entrevista concedida a Onda Cero Canarias, donde dijo que ahora siente lástima de que todos los ganaderos “paguen por lo que han hecho otros”. También negó que sea una trama, sino “conversaciones”, ha relatado que este caso ha aflorado porque tuvo que defenderse de una “denuncia falsa” que le interpuso el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife Ángel Luis Pérez Peña (PSOE).
El miércoles declaró en sede judicial Juan Bernardo Fuentes, que quedó en libertad con cargos. Se le imputan los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo criminal en una causa en la que el único que permanece en prisión es el general Espinosa.