La jueza titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, comenzó este miércoles a tomar declaración a las personas detenidas en el marco del denominado caso Mediador, que investiga una presunta trama de extorsión a empresarios del sector primario en las islas.
Según ha confirmado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a las tres primeras personas que han comparecido ante la jueza se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
La jueza ha decretado la puesta en libertad de esos tres primeros investigados, de los que no han trascendido sus nombres, aunque les ha impuesto una serie de medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la comparecencia en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.
El resto de las personas detenidas pasará este jueves a disposición judicial.
Entre los arrestados en esta trama figuran Francisco Javier Espinosa Navas, un general retirado de la Guardia Civil que llegó a ocupar la jefatura de la Comandancia de Las Palmas entre 2008 y 2012, y el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes (PSOE), que había sido destituido en verano del año pasado por una “pérdida de confianza” del presidente y que aspiraba a presentarse a las próximas elecciones encabezando la lista de los socialistas en el municipio de Antigua.
También está investigado en esta causa un tío de Taishet Fuentes, Juan Bernardo Fuentes, que le precedió en el cargo de director general de Ganadería y que se convirtió en diputado nacional después de que Elena Máñez, hasta entonces parlamentaria nacional, asumiera la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias en sustitución de Carolina Darias, que fue llamado por Pedro Sánchez para ocupar el Ministerio de Sanidad.
Juan Bernardo Fuentes dimitió de su cargo el mismo día en que se conoció su imputación. El PSOE le ha suspendido de militancia, al igual que a su sobrino.
El caso investiga las supuestas extorsiones a empresarios a los que se habría reclamado el pago de comisiones a cambio de evitar inspecciones o de agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas.