La interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Tania Naya emitió en septiembre y en diciembre de 2006 dos informes contrarios a la adjudicación directa de la segunda fase de la obra de poblado Cesa a la empresa Mazotti ante las irregularidades que advirtió.
En la sexta sesión del juicio que se sigue contra los ocho acusados del caso Paraíso, la entonces interventora del Ayuntamiento ha explicado al tribunal que en el segundo de los informes propuso que se efectuara un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar la factura a Mazotti, pues ya se habían concluido las obras de la segunda fase que se pretendían adjudicar.
Naya, que ha actuado de perito, ha señalado que éste era el único medio para poder efectuar el pago a Mazotti, pues, entre otras cuestiones, no se puede sacar a contratación pública una obra que ya está concluida, y que, por ello, la factura del acusado Alejandro Navarro Miñón, el empresario dueño de la constructora, se debía abonar mediante ese procedimiento, algo que no ocurrió.
En el pleno de 14 mayo de 2007 se aprobó por mayoría su adjudicación directa a la empresa Mazotti, si bien, los concejales creían que se iba a aprobar el pago de la factura, ha manifestado Naya.
Un acuerdo que, además, Naya ha considerado nulo “por estar viciado”, y que fue aprobado por mayoría simple con el voto de seis de los once concejales de la corporación, formada por NC, PSOE y CCN, ya que los otros diez concejales del PP que formaban parte del pleno habían dimitido dos meses atrás.
La exinterventora ha señalado al tribunal que el primer informe que emitió el 18 de septiembre lo remitió a los órganos competentes, el técnico, el concejal y el alcalde, y el segundo, que lo elaboró a iniciativa suya cuando Navarro le presentó la factura de la segunda fase de la obra, lo adjuntó al expediente, por lo que todos los concejales tuvieron acceso al mismo.
Así mismo, ha indicado que el reconocimiento de crédito se retiró del expediente y que el acusado Jose Juan Santana, entonces concejal de Contratación (NC), fue quien le dijo “verbalmente” que no se iba a pagar la obra de Mazotti de ese modo, si bien también ha señalado que durante su tramitación no habló con el edil sino con el arquitecto técnico, el acusado Fernando Rivero.
La exinterventora, a preguntas de las defensas, ha dicho que conoce la directiva europea que permite adjudicar en determinados casos a una misma empresa una obra, si bien ha señalado que ella aplicó la legislación española, es decir, lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ha manifestado también que de la obra de urbanización de poblado Cesa solo conocía el expediente administrativo y que desconocía que en esa urbanización vivieran sus vecinos mientras que se ejecutaron las obras y, por lo tanto, que éstos disfrutaban de los servicios que se iban concluyendo.
Otra de las peritos que ha declarado en esta sesión ha indicado que en ese entonces era técnica de contratación y que por ello inició el procedimiento para la adjudicación directa de la segunda fase de poblado Cesa, si bien ha precisado que no se podía proceder a su aprobación porque carecía de consignación presupuestaria.
El juicio continuará mañana con la reproducción de las escuchas de las llamadas telefónicas que fueron intervenidas a los acusados y el jueves se procederá a la presentación del informe de conclusiones del fiscal y de las defensas.