La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria S. A. (Geursa), entidad que está siendo investigada en el marco del denominado 'caso Valka', ha celebrado este lunes, tras la convocatoria de su presidente, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento capitalino, Mauricio Roque, su Consejo de Administración en el que ha decidido personarse en la causa abierta por la Justicia.
El pasado 27 de agosto, el Consistorio ya anunció que también se personaría, y que, además, examinará los pagos efectuados a las empresas investigadas.
Roque ha recordado que Geursa, de manera voluntaria, implementó un Modelo de cumplimiento normativo actualizándose conforme a las reformas legislativas incluidas en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Además, el consejo de administración de la entidad, también ha aprobado la propuesta efectuada por el Órgano de Cumplimiento Normativo de iniciar la investigación interna de la sociedad a la luz de los hechos acontecidos el 19 de agosto de 2024, siguiendo lo establecido en el modelo de prevención de riesgos.
Por otro lado, Mauricio Roque ha subrayado que “las declaraciones realizadas por la portavoz del PP son irresponsables, porque el Consejo ha sido convocado por el presidente de Geursa y no por la gerente de la entidad; y, en segundo lugar, porque ha desvelado deliberaciones del Consejo de Administración cuando estas son secretas”.
“Además”, ha añadido, “son irrespetuosas puesto que no respeta el principio de presunción de inocencia que todos los españoles nos hemos dado en nuestro Estado de Derecho”.
La entidad reitera su colaboración con la Justicia y su compromiso de actuar con “responsabilidad, rigor y diligencia, de acuerdo con la legalidad vigente, respetando el principio de presunción de inocencia que corresponde al Estado de derecho en el que nos encontramos”.
El denominado caso Valka, cuya investigación coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, se instruye la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Son cinco las personas investigadas hasta la fecha, cuatro de ellas funcionarias del Ayuntamiento capitalino -una ya jubilada- y un empresario.