La Guardia Civil irrumpió este lunes en varias oficinas vinculadas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellas, la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), una empresa pública dedicada a la gestión de proyectos de desarrollo para la novena ciudad más poblada de España. La Fiscalía ha informado de que en el marco de esos registros se investiga una presunta “trama organizada” de corrupción urbanística, que han denominado Valka, y hay cinco personas investigadas, aunque no detenidas. No obstante, no es la primera vez que se produce un registro policial en las dependencias de esa compañía, salpicada también por conflictos laborales.
El Juzgado de Instrucción número dos de Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo de estas diligencias que pretenden esclarecer la posible existencia de “una trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a Geursa”. Así mismo, se investiga la posible adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras, entre las que se ejemplifica el caso de la Metroguagua, la pretendida solución a los problemas de movilidad de la ciudad, pero que lleva años acumulando demoras y eternas obras.
Entre los delitos por los que se investiga a estas personas se encuentran los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Según informó la Fiscalía, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones y/o imputaciones.
El periódico Canarias 7 publicaba este martes los nombres de los investigados, entre los que se encuentran el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, un exdirectivo de Parques y Jardines (Miguel Ángel Padrón), altos funcionarios de la gerencia y la oficina técnica de Geursa (Marina Más y Carlos Cabrera) y un empresario, Felipe Guerra. Además de la empresa Geursa, la Guardia Civil registró este lunes las dependencias de la Concejalía de Parques y Jardines así como otras oficinas y domicilios, también en la isla de Lanzarote.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado en un comunicado que ha mostrado su “total disposición” de colaborar con la Justicia y ha insistido en que “dichas diligencias forman parte de un sumario declarado secreto, por tanto, máximo respeto a las actuaciones realizadas y a la presunción de inocencia”. Mientras, la oposición en el consistorio, CC y PP han pedido explicaciones por esos registros. “”Ahora es momento de ser prudentes, pero también de pedir a la alcaldesa que a petición propia y ante el máximo órgano de representación de los ciudadanos, el pleno municipal, se dé cuenta de estos hechos, de qué está haciendo el ayuntamiento para defender el interés general“, ha dicho la concejala popular Jimena Delgado.
En junio del pasado año, la Guardia Civil también se personó en la sede de Geursa para recabar documentos relacionados con una denuncia de la asociación vecinal Rehoyas Avanza sobre posibles delitos de prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos en unas permutas de suelo en Tamaraceite Sur. El colectivo vecinal sostenía que el excoordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento José Manuel Setién (ahora investigado en la trama Valka) de acuerdo con un empresario, “cometieron pelotazos urbanísticos” a partir de 2002 y hasta 2021, según la documentación que disponen y aportaron a la Fiscalía.
De hecho, según adelanta la agencia EFE, La operación Valka es una pieza separada en el caso de las permutas de Tamaraceite Sur. Fuentes de la Fiscalía de Las Palmas han explicado que en el curso de la investigación de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo tras una denuncia ciudadana, han surgido “hechos nuevos”.
El conflicto laboral en Geursa
El ambiente laboral en Geursa en los últimos meses ha estado marcado por la tensión. En febrero de este año, los trabajadores denunciaron una “caza de brujas” contra los empleados que formaban parte del Comité de Empresa, así como una campaña de “acoso continuo” al personal, con supuestos insultos, vejaciones y retirada de funciones laborales. Fuentes sindicales contaron entonces a esta redacción que iban al trabajo “acojonados”. “Te obligan a firmar cosas que no son correctas y hay situaciones de acoso, pero luego está también el miedo a denunciar porque la respuesta es un despido”, confesaron estas fuentes. Entonces, esta redacción intentó conocer la versión del Ayuntamiento capitalino, que se limitó a responder que se trataba de una “cuestión interna”.
El Comité de Empresa de Geursa situó en enero de 2020 el inicio de los conflictos, con la convocatoria de elecciones sindicales. “La posición de la gerencia y algunos de sus subordinados fue totalmente obstaculizadora”, afirmaron. Primero, según los trabajadores, intentaron impedir la constitución de la mesa electoral. Después, supuestamente han obstaculizado la labor de vigilancia y control del Comité, denegando “casi la totalidad de las peticiones de documentación”.
La crispación entre los responsables y los empleados aumentó cuando la plantilla tuvo conocimiento de supuestas irregularidades cometidas dentro de Geursa. En febrero de este año, el personal denunció un presunto fraude fiscal inducido por la empresa, que indicaba a los trabajadores que incrementaran en un 30% sus datos de kilometraje “para pagar más de lo permitido legalmente sin tener que tributar por ello”. También alertaron de la contratación supuestamente irregular de personal con “posible trato de favor” y de la presunta coacción a los trabajadores por parte de la empresa para que votaran a favor de revocar el Comité de Empresa.
El último enfrentamiento lo detonó el despido del presidente del Comité poco después de que este presentara una denuncia por acoso laboral. “La situación de Geursa en cuanto al personal siempre ha sido extraña. Siempre se aplica la idea de ”se hace lo que yo digo o si no las consecuencias ya sabes las que son“, señalaron a este periódico fuentes de Intersindical Canaria.