El caso Mascarillas se ha cobrado su primera cabeza. Uno de los investigados, Conrado Domínguez, ha dimitido este jueves como director del Servicio Canario de Salud (SCS). El economista, que cumplía su segunda etapa al frente del organismo autónomo, ha presentado la renuncia después de reunirse con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, que precisamente debía prestar declaración el miércoles como testigo en la causa (por escrito), pero que aún no lo ha hecho por no haber recibido las preguntas de todas las partes personadas en el procedimiento judicial abierto en julio.
Los últimos acontecimientos han precipitado la salida de Domínguez. El principal, la declaración prestada ante el juez el pasado 27 de octubre por otro de los imputados, Rayco Rubén González, el empresario a quien el Servicio Canario de Salud adjudicó a principios de la pandemia de COVID-19 un contrato de emergencia de cuatro millones de euros para surtir a los hospitales de las Islas de un millón de mascarillas FFP3 (las de máxima protección) que nunca se llegaron a servir.
En esa comparecencia, el administrador de RR7 United, una sociedad dedicada a la compraventa de vehículos y sin experiencia en el sector sanitario, aportó una serie de mensajes de WhatsApp con Domínguez que contradecían la versión del director del SCS, que hasta ahora siempre había negado la existencia de esos contactos. “Mi primera reacción es de sorpresa y asombro”, decía el pasado sábado en Canarias Radio, tras conocerse estos hechos, el portavoz del Gobierno regional, el socialista Julio Pérez, el mismo que este jueves confirmaba en rueda de prensa la renuncia de Domínguez sin responder expresamente a la pregunta de si había sido una exigencia del presidente.
Lo cierto es que la dimisión del director del SCS coincide con una nueva fase en la investigación del caso Mascarillas. En un auto dictado el 30 de octubre, el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca declaraba secretas las actuaciones durante el próximo mes para evitar “interferencias o manipulaciones” que puedan obstaculizar las pesquisas. El juez instructor adoptó esa decisión después del “giro radical” que, en sus propias palabras, ha dado la causa tras la declaración del empresario adjudicatario del contrato.
Cinco delitos
Ese auto precisa que ya son cinco los presuntos delitos que se investigan. En su querella, la Fiscalía delegada contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Las Palmas apreciaba indicios de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En esa calificación jurídica inicial y provisional, el Ministerio Público atribuía los dos primeros a Conrado Domínguez, y los dos últimos al empresario. A la tercera querellada, Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, se le imputó solo el de prevaricación.
Ha sido durante la fase de instrucción, iniciada hace ya más de tres meses (el 20 de julio), cuando se ha añadido un quinto tipo, un presunto delito de malversación de caudales públicos, que es aquel que comete una autoridad o funcionario que se apropia indebidamente del patrimonio público o que lo administra de forma desleal. Esta nueva calificación reviste importancia. La malversación está castigada con penas de prisión (de dos a ocho años) e inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público.
La declaración voluntaria de Rayco Rubén González ha marcado un punto de inflexión en la causa. El juez lo había citado el 30 de septiembre, el mismo día en que compareció en el Palacio de Justicia el dimisionario director del SCS. En aquella ocasión, el administrador de RR7 United se acogió a su derecho a no declarar. Seguía así la estrategia trazada por su abogado, el melillense Rachid Mohamed Hammu, un letrado que ejerció como juez en Ceuta, como fiscal en Cádiz y que ha participado en la defensa de causas penales con relevancia mediática, como la que juzga al llamado clan de los Castaña, considerada como la mayor organización de importación de hachís a Europa desde Marruecos.
El abogado aconsejó a su cliente que esperara a que declararan los investigados y testigos propuestos y a que se aportaran los informes solicitados. Finalmente, fue el 19 de octubre cuando solicitó declarar voluntariamente ante el juez. Compareció el día 27 con una versión que desdecía tanto la que el propio empresario como el director del SCS habían mantenido ante el fiscal delegado Anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas.
Hasta ese momento, ambos habían manifestado que no se conocían y que no habían mantenido ninguna comunicación durante todo el proceso. Ni cuando se negoció el contrato, ni cuando se materializaron los dos pagos por anticipado sin haber entregado una sola unidad del material comprometido, ni cuando se le concedió a la adjudicataria una segunda oportunidad pese a que el contrato ya estaba vencido y a que lo único que había llegado a las Islas era una partida de algo más de 900.000 mascarillas falsas.
Los dos imputados siempre mantuvieron que el único contacto entre la empresa y el SCS era el intermediario de la operación, Samuel Machín. Sin embargo, los mensajes de WhatsApp aportados al juez por el administrador de RR7 United desmontan esa versión inicial y confirman que hubo comunicación entre González y Domínguez.
Nuevas imputaciones y nuevos contratos
El instructor del caso Mascarillas expone en ese último auto que en esa declaración, que se prolongó durante más de dos horas, el empresario aportó fuentes de pruebas de las que pueden surgir “numerosas derivadas” respecto a “los hechos y nuevos contratos”, así como “a la extensión de la investigación a más personas”. El abogado de Rayco Rubén González ya ha deslizado en algunas intervenciones ante los medios que su interés es que se impute también en el procedimiento a las personas que actuaron como intermediarios y proveedores de la mercancía que llegó al aeropuerto de Gran Canaria en marzo de 2021 procedente de Etiopía, un lote que fue destruido por la Agencia Tributaria tras reportarse falso.
El “nuevo cariz” que ha tomado la causa ha llevado al magistrado Francisco Javier García García-Sotoca a declarar secretas las actuaciones (no podrán ser conocidas por las partes), con el objetivo de evitar “que se puedan destruir fuentes de la prueba” o “neutralizar el resultado de las diligencias que se acuerden”. El objetivo es que las filtraciones no perjudiquen la investigación. “Nos encontramos, de forma provisional, ante unos hechos graves”, dice en esa resolución.
Aparte de los tres querellados por la Fiscalía Anticorrupción, en el caso canario de las mascarillas figuran como investigadas otras tres personas. Son Adoración Sánchez, Belén María de los Ángeles Alemán y Kevin Sánchez. La primera es madre de Rayco Rubén González. La segunda, pareja del empresario. Y el tercero es su primo. Según el relato de la querella, todos ellos figuran como administradores o apoderados de las sociedades que el investigado habría utilizado para adquirir vehículos de lujo con los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita de las arcas de la Consejería de Sanidad. Deberán comparecer ante el instructor el próximo viernes 11 de noviembre. En el caso Mascarillas también están personados el Gobierno de Canarias como perjudicado y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública como acción popular.