Canarias se convirtió entre 2019 y 2021 en el punto de destino de miles de menores migrantes que emigraban solos desde África a Europa. La falta de recursos estables de acogida desembocó en una crisis humanitaria sin precedentes en el Archipiélago. La obligación de atender a los niños y adolescentes no acompañados que alcanzaban las Islas empujó al Gobierno de Canarias a abrir dispositivos de urgencia repartidos por la región. La Fundación Respuesta Social Siglo XXI fue una de las entidades a las que se adjudicó por vía de emergencia la gestión de los nuevos centros. La fundación recibió 12 millones de euros de dinero público para integrar y acoger a los menores, pero parte de este dinero nunca llegó a los migrantes y acabó en tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar.
La Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de Siglo XXI. En concreto, están siendo investigados cuatro directores responsables de tres centros en Gran Canaria y otros dos en Lanzarote. A pesar de los millones de euros recibidos, el estado de los centros es “lamentable”. Así se desprende de las inspecciones realizadas por la Fiscalía de Las Palmas y el Defensor del Pueblo, en las que se detectó un “alarmante deterioro de las instalaciones” y una “deficitaria gestión” de los recursos.
Más allá de la querella presentada por Anticorrupción, Siglo XXI ha estado antes en el ojo del huracán por supuestos casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria. La entidad se ha defendido asegurando que es “parte activa y colaboradora” en la investigación de la Fiscalía, entregando 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.
Un centro gestionado por una tesorera de Vox
Una de las querelladas por la Fiscalía Anticorrupción es María de los Ángeles Barroso, que fue directora del centro de menores Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre los meses de diciembre de 2020 y 2021. En aquellas fechas era, además, vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas. En las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo concurrió con Unidos por Gran Canaria, como número ocho en las listas al Ayuntamiento de la capital. Durante su periodo como directora, un grupo de trabajadores se quejó del trato dispensado por Barroso a los menores y de sus comentarios racistas.
La Dirección General de Protección a la Infancia y al Menor del Gobierno de Canarias contrató este dispositivo de emergencia a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en diciembre de 2020. Fijó un precio de 95 euros al día por plaza ocupada y de 72 euros por plaza desocupada. El centro tiene capacidad para 44 plazas y durante 2021 la fundación facturó al Ejecutivo regional 1,45 millones por este servicio.
La querella incluye “numerosos indicios” para incriminar a Barroso en el desvío de una parte de esos fondos públicos para enriquecerse. Para ello habría utilizado de manera fraudulenta una cuenta que se había abierto a su nombre con el exclusivo fin de sufragar los gastos propios de la gestión del centro de menores. Esa cuenta, en la entidad INGBank, fue cancelada en julio de 2021, siete meses después de su apertura, al detectar el propio banco movimientos sospechosos.
A ese depósito se traspasaron 54.504,88 euros. De ellos, 13.700 euros fueron transferidos a una cuenta personal de Barroso. Según recoge la querella, la directora del centro no ha dado “justificación” alguna al destino de 6.353,07 euros.
El fiscal sostiene, además, que Barroso utilizó la tarjeta reservada a la gestión del centro para sufragar gastos personales. La investigada pagó con esa tarjeta un tratamiento de belleza personal (un bono de seis sesiones para eliminar arrugas de expresión) por importe de 1.500 euros. También alquiló vehículos (1.406 euros) y compró un producto para el agua de piscinas (840 euros) en Leroy Merlin. Además, cargó en esa cuenta 465 euros de productos de MediaMarkt y gastos en supermercados (381 euros), aparcamientos (285) y cafeterías y restaurantes (298). En total, 5.464,87 euros para fines ajenos a la gestión.
Después de que esa cuenta fuera cancelada por la entidad, la fundación abrió otra en el Banco Santander en la que Barroso tenía firma autorizada y una tarjeta de débito. De ella, Barroso extrajo en efectivo cerca de 40.000 euros en disposiciones sin un patrón temporal. Además, con la tarjeta efectuó pagos por un importe total de 13.315 euros. Gastó más de 3.500 euros en una decena de compras en la tienda de ropa Primark y 1.113 euros en restaurantes. El fiscal remarca que esas comidas no coinciden con los días en que se suelen organizar actividades de ocio para los menores.
Tampoco parece responder a los fines de gestión encomendados trece facturas de farmacias por la adquisición de Enantyum, un analgésico que no debe administrarse a niños ni adolescentes, u otras seis para comprar chicles para dejar de fumar o cigarrillos mentolados. La querella recoge facturas duplicadas, entre ellas una de 79 euros para unas gafas graduadas, y otros pagos como un taxi en Madrid.
El Centro Guiniguada fue inspeccionado por la fiscal de Menores de Las Palmas el 17 de marzo de 2023. La representante del Ministerio Público denunció en el acta el “hacinamiento” en este recurso de emergencia, que dispone de habitaciones “pequeñas, oscuras y mal ventiladas, de aspecto tétrico y carcelario”. Durante la visita, los menores estaban “o en la cama o subiendo y bajando escaleras, sin nada que hacer” y los auxiliares técnicos desempeñaban “un rol más bien de vigilante de seguridad que de auténtica intervención educativa y social”. Además, la fiscal constató las quejas de los menores sobre la alimentación, un aspecto sobre el que ya se habían pronunciado -y denunciado- trabajadores en 2021.
Puerto Rico: denuncias de abusos sexuales e intimidación
También ostenta la condición de investigado Fernando Pérez Romero, quien dirigió dos de los dispositivos contratados por el Gobierno de Canarias a la Fundación Siglo XXI durante la crisis migratoria. El primero de ellos estaba en el municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria. Se trata de los apartamentos Puerto Bello, en Puerto Rico, con capacidad para 170 plazas. Este recurso fue activado en diciembre de 2020 y se desalojó en julio de 2021, después de una denuncia por abusos sexuales e intimidación a menores migrantes. La fundación facturó al Gobierno de Canarias durante estos siete meses 3,25 millones de euros.
Según describe Anticorrupción en su escrito, el modo de operar del director de este centro era idéntico al ejecutado por la máxima responsable del Guiniguada. El querellado desviaba fondos desde las cuentas vinculadas al centro de menores a una personal y usaba la tarjeta para pagar sus gastos propios. También en este caso INGBank canceló la cuenta tras detectar una operativa sospechosa.
Con la tarjeta hizo compras por un importe total de 35.076 euros: en Cicar (empresa de alquiler de coches), Media Markt, Worten, Ikea, Decathlon, en supermercados, cafeterías, restaurantes, tiendas de moda y complementos…
También ha recabado el Ministerio Público facturas para justificar gastos del centro que “aparentemente se corresponderían con gastos personales”, por cerca de 2.300 euros. Entre ellas, la estancia en el hotel de cuatro estrellas Servatur Casa Blanca en Puerto Rico (por 387,6 euros) y consumos en el restaurante del complejo o el primer mes de alquiler de un apartamento (700 euros), además de almuerzos y hasta multas de la zona azul de Las Palmas de Gran Canaria. Constan, por otra parte, facturas duplicadas por el alquiler de vehículos o por tratamientos de endodoncia.
Este recurso de emergencia fue objeto en junio de 2021 de una inspección por parte de técnicos de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia ante los “innumerables y graves incidentes” que se estaban produciendo. En esa visita se constató el deterioro de las instalaciones debido al “mal uso y los continuos golpes”, además de la suciedad, el desorden y la falta de limpieza. Los técnicos de la administración constataron que no había personal educativo para fijar las actividades formativas requeridas, por lo que propusieron que los menores fueran trasladados a otros recursos donde pudieran ser atendidos de manera adecuada.
Acorán: 35.000 euros al mes por una vivienda en mal estado
Los apartamentos Puerto Bello fueron desalojados de manera definitiva en julio de 2021. Ya entonces el Gobierno de Canarias había contratado un tercer recurso a la Fundación Siglo XXI en la isla de Gran Canaria: el centro de menores Acorán, en Tafira, con capacidad para 110 plazas. De junio a diciembre de 2021 recibió 1,85 millones de euros de fondos públicos por este servicio. El director era el mismo.
De esta etapa, la Fiscalía Anticorrupción destaca el “inusual gasto en combustible”. El importe por este concepto en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2021 ascendió a 20.288,46 euros, lo que supone una media de 3.385 euros mensuales o de 99,22 diarios. Equivale a trayectos de 1.200 kilómetros al día. En alguna jornada se contabilizaron hasta doce repostajes, sin que figurara en ninguna de las facturas aportadas la matrícula del vehículo. Este gasto resulta “completamente desproporcionado” para la actividad del centro, remarca la querella. Más si se tiene en cuenta que durante esos seis meses se abonaron más de mil euros al mes en traslados de guagua de los menores.
En una inspección cursada en julio de 2022, la Fiscalía de Menores constató la “falta de conservación” del inmueble. Se trataba de una vivienda que ni siquiera tenía aseos, por lo que se habían instalado módulos exteriores. El espacio donde se alojaban los migrantes no era más que “una sucesión de estancias en las que se instalaron literas sin disponer ninguna de las habitaciones de armarios o de cualquier otro mobiliario, teniendo los menores que guardar sus pertenencias en maletas”. Meses antes, en noviembre de 2021, el Defensor del Pueblo había denunciado también la deficiente limpieza o el mal estado del centro, sus grietas y las ventanas y puertas rotas. Ese informe concluía que en esas condiciones no quedaba garantizado el derecho fundamental a la educación de los jóvenes migrantes, que también se quejaban de la “cantidad y calidad” de las comidas, de la demora en la atención sanitaria o de las carencias de ropa y calzado.
El fiscal Javier Ródenas contrasta ese “deficitario estado” del centro de menores Acorán con el “elevado precio de alquiler mensual”, de 35.000 euros, que abona la Fundación Siglo XXI a la empresa Pine Point S.L. La sección de menores del Ministerio Público ya había alertado de que la renta mensual es entre seis y siete veces superior a la que se paga por otros centros que están situados en el mismo entorno y que tienen “mucha más superficie y muchas mejores instalaciones”. El Ministerio Público ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue a la mercantil propietaria del inmueble por esos indicios de “facturación sobredimensionada” que puede haber posibilitado el “desvío fraudulento de fondos públicos”.
La Santa: viagra y unas zapatillas 'Nike' de 150 euros
En Lanzarote, los directores querellados son Natalia Levy, que fue responsable de Las Casitas Forestales de Yaiza, y Enrique Manuel Dévora, al frente del albergue de La Santa. Estos dos centros son responsabilidad del Cabildo insular. Según la querella, ambos habrían desviado a sus cuentas personales cantidades de dinero dedicadas a la integración y atención de los menores acompañados.
En los centros de Yaiza y La Santa, según Anticorrupción, los directores abrieron cuentas personales a su nombre donde la Fundación hacía ingresos periódicos para los gastos de los centros. Las dos cuentas fueron cerradas por el banco por movimientos sospechosos. El destino real del dinero no estaba justificado y se repetían numerosas transacciones en efectivo.
El albergue de La Santa obtuvo entre 2018 y 2021 un total de 6.077.055,20 euros de dinero público. En la cuenta bancaria del director se ingresaron 545.014,44 euros. El 53% de los ingresos fueron extraídos directamente en efectivo, es decir, 290.380 euros. Entre los pagos que se realizaron con esta tarjeta destaca el gasto para alquilar coches de la empresa Cabrera Medina. Según los datos facilitados a la Fiscalía por esta compañía, el centro de menores de La Santa gastó entre 2019 y 2021 un total de 77.312 euros en alquiler de vehículos. Una cifra que Anticorrupción tilda en su querella de “abrumadoramente excesiva e incoherente”.
La Santa dispone de siete vehículos propios y los menores suelen desplazarse en transporte público. Aun así, se han alquilado en estos años de manera constante coches por períodos semanales o quincenales. Para la Fiscalía también resulta “irreal” el elevado gasto en combustible. Aunque el gasto en traslados en transporte público de los menores asciende a 8.539 euros, también se han detectado pagos de más de 47 euros diarios en gasolina, lo que equivaldría a 580 kilómetros diarios en una isla de 62 kilómetros de norte a sur.
Además de estos gastos, también se han identificado compras que pueden no estar relacionadas con la actividad propia de un centro de menores. Con el dinero para el centro se compraron en farmacias analgésicos no estudiados en niños y adolescentes, Enantyum y dos cajas de medicamentos para tratar la disfunción eréctil. También se adquirieron en varias ocasiones cartones de tabaco Chesterfield y unas zapatillas de la marca Nike por un valor de 149,99 euros.
Las Casitas de Yaiza
En el caso de Las Casitas Forestales de Yaiza, la querellada es la exdirectora Natalia Levy Beléndez, que estuvo al frente del recurso hasta 2020. Durante los años que ella dirigía el centro, el recurso recibió 1.299.202 euros. De esta cifra, 170.588,92 euros fueron transferidos a una cuenta bancaria de la que Levy era titular, creada para gastos del centro.
La Fiscalía ha detectado 307 extracciones en efectivo, un dato con “potencial significado incriminatorio”. En total, se sacaron en efectivo 148.110 euros. La querella advierte de un desvío de dinero a cuentas personales de la directora “sin justificación”, así como también detecta gastos con conceptos que parecen “desproporcionadamente altos respecto a la ocupación del centro” y en comparación con periodos en el que el mismo recurso fue dirigido por otras personas.
Las Casitas de Yaiza tiene capacidad para 15 plazas, aun así, los gastos en transporte eran muy elevados. En el año 2019 se gastó un total de 24.974,77 euros en gasolina, más de 2.000 euros al mes. Cuando el centro dejó de estar liderado por Levy, la cifra cayó a unos 500 euros mensuales. En este caso, también ha llamado la atención de la Fiscalía el dinero invertido en alquiler de vehículos (11.019,02 euros), en reparaciones de vehículos, taxis y parkings (9.543 euros) y en bonos de guagua (7.474). Además, Anticorrupción ha detectado cómo una misma factura se utiliza para justificar dos alquileres de coches diferentes y en fechas diferentes.
Entre las compras con dinero público que podrían corresponder a gastos personales de la directora están una compra en Ikea, varias compras en Mercadona, desplazamientos en taxi, comidas en diferentes restaurantes, pagos en joyerías y en tiendas de cosmética.
Acoger a 3.000 menores
Anticorrupción se ha querellado contra esos cuatro directores y directoras de los centros de menores gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en distintas etapas, y contra la propia fundación. El fiscal Ródenas encuadra los hechos, de manera indiciaria, en los delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos. La investigación no se dirige, al menos de momento, contra ningún cargo público del Gobierno de Canarias o del Cabildo de Lanzarote, las instituciones responsables del servicio.
El Ejecutivo regional ya ha anunciado que se personará en el procedimiento judicial como parte afectada. La consejera en funciones de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), defendió en un artículo reciente en Canarias 7 que la administración tuvo que recurrir a la contratación de emergencia para “salvaguardar el interés de los menores” que habían llegado el Archipiélago y que esa actuación fue avalada por la Intervención General de la Comunidad.
Santana se ha escudado en el contexto en que se produjo la contratación de la Fundación Siglo XXI. El Ejecutivo se vio abocado “ a contratar a cinco entidades y abrir hasta 50 recursos de emergencia” para tutelar a los cerca de 3.000 menores que alcanzaron las Islas en el momento álgido de la crisis.
En su querella, la Fiscalía Anticorrupción sí aprecia indicios de “una falta de seguimiento y control” en los contratos de emergencia tramitados con esta fundación para la gestión de los centros de menores. Para el Ministerio Público resulta “inexplicable” que tras el cierre del recurso de Puerto Bello, en Puerto Rico, se nombrara como director del centro Acorán al mismo director sin iniciar la “obligatoria tramitación ordinaria” y “tolerando unas graves ineficiencias que el erario público no debiera asumir”.
Para Ródenas, resulta aún más incomprensible que el Gobierno de Canarias ni siquiera conociera que la entidad financiera INGBank hubiera cancelado las cuentas de la fundación tras detectar una operativa sospechosa con los fondos públicos. Este hecho revela, a juicio del representante del Ministerio Público, “la absoluta falta de control en el cumplimiento del servicio adjudicado”.
La querella precisa que el único seguimiento consistía en verificar que existía una correspondencia entre el importe contenido en la factura y las plazas ocupadas. Una vez formalizados los contratos “no se encuentra acto administrativo alguno destinado a inspeccionar o vigilar el servicio”, salvo la ya mencionada inspección que concluyó con el cierre del recurso de Puerto Bello. “La factura se convirtió en axioma para la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias”, zanja.