Casi doce años después de que comenzaran a investigarse los hechos y cuatro y medio después de que el juez instructor dictara el auto de apertura de juicio oral, a partir de este martes se sientan en el banquillo los quince acusados del presunto saqueo a las arcas de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. La Fiscalía cifra el quebranto en 23,4 millones de euros.
La vista se celebrará en la denominada sala de los macrojuicios de la Ciudad de la Justicia de la capital. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha reservado quince sesiones a lo largo del mes de octubre para que declaren, además de los acusados, un total de 27 testigos y nueve peritos. Estas son las claves del juicio:
Los acusados
De los quince acusados, trece estaban vinculados en la fecha de los hechos a los socios privados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el accionariado de la empresa encargada de la gestión integral del agua en la capital, Emalsa. En aquel momento, Saur y Valoriza-Sacyr acaparaban el 66% de las participaciones de la sociedad mixta (un 33% cada una), y tenían una filial, Sercanarias, a la que, según el Ministerio Público, adjudicaban contratos prescindiendo “absolutamente de la normativa aplicable” y valiéndose de su posición mayoritaria en el Consejo de Administración de Emalsa.
La semiprivatización de Emalsa se había ejecutado en 1993, tras un acuerdo plenario que dejaba al Ayuntamiento en minoría en ese consejo y le hacía perder por tanto su control sobre un servicio capital para la ciudadanía, aunque mantenía la potestad de fijar las tarifas.
A partir de este martes 1 de octubre, se sentarán en el banquillo de los acusados seis altos cargos vinculados con Saur en las fechas investigadas. Entre ellos, su entonces presidente ejecutivo, Oliver Brousse, y su director financiero, Pierre José Claude, así como Gerard Thierry, que fue director general de Emalsa, o Guy Christian Fournier, que fue director técnico de la empresa mixta de aguas. José Luis Rubio Díaz de Tudanca y José Manuel Calderero, por su parte, formaron parte del denominado Comité de Gerencia de los accionistas privados, que tenía entre sus funciones la adjudicación de contratos de obras, servicios y suministros. Varios de ellos estaban también en el Consejo de Administración de Sercanarias, la filial que Saur y Valoriza crearon para adjudicarle sus propios contratos.
Por la parte de Valoriza están acusados Pablo Abril Martorell, que también formaba parte de ese Comité de Gerencia y que fue presidente de Sercanarias en 2008; Laura Rivero Padrón, que fue durante dos años directora general de Emalsa y que antes y después se encargó de su dirección comercial y financiera; Jesús Blanco García, otro exdirector general de la compañía, además de consejero de Sercanarias, y José Luis Pérez Talavera.
También era miembro del Consejo de Administración de Emalsa a través de Valoriza Juan Miguel Sanjuán Jover, presidente de Satocan, la constructora propietaria del edificio donde se ubica en la actualidad la sede de Emalsa. Por el contrato de alquiler de esa sede también se sientan en el banquillo José Julio Artiles Moragas, consejero delegado de Satocan, y un empleado de esta compañía, Pedro José Higuera Dávila.
Por parte de Sercanarias, se sientan en el banquillo su presidente, Rafael González Bravo de Laguna, y un empleado, Alfonso Ignacio López Díaz de Tudanca.
Los hechos
A lo largo de las quince sesiones que se prolongarán durante todo el mes de octubre, el tribunal enjuiciará hechos ocurridos entre 2008 y 2012. El grueso de la acusación se centra en los contratos de Emalsa con Sercanarias, filial creada por los socios privados de Emalsa. Esta entidad, participada en un 50% por Saur y en un 50% por Valoriza, resultó adjudicataria de 16 contratos que, según advierte la Fiscalía en su escrito de calificación, están plagados de irregularidades y ocasionaron a la empresa mixta un perjuicio económico que cuantifica en más de veinte millones de euros.
El Ministerio Público señala que los socios privados de Emalsa sólo cumplieron y “de forma ocasional” el requisito de solicitud de ofertas. De lo demás “se ha prescindido absolutamente”. En algunas de esas adjudicaciones, los pliegos de especificaciones técnicas no fueron publicados, lo que privaba a otras empresas interesadas poder concurrir. En otras sí eran publicados, pero el contenido de esos pliegos “no coincidía” con el objeto del contrato firmado en última instancia con Sercanarias.
La filial de Saur y Valoriza “no presentaba ofertas a los concursos”, por lo que las adjudicaciones se realizaban “por referencia del precio ofertado” por otras licitadoras.
Los contratos entre Emalsa y Sercanarias carecían, a juicio del Ministerio Público, de “la necesaria concreción y detalle sobre el alcance de los servicios” que se comprometía a ejecutar la entidad adjudicataria, por lo que resultaba difícil “conocer las obligaciones del contratista, con el consiguiente perjuicio para Emalsa” a la hora de exigir su cumplimiento.
El contrato que, a juicio de la Fiscalía, ocasionó el mayor perjuicio a Emalsa fue el de mantenimiento de la red de alcantarillado. Este servicio fue adjudicado con carácter temporal a Sercanarias en febrero de 2008 y tenía por objeto “el desarrollo de actuaciones necesarias para el control, limpieza y conservación de la totalidad de las conducciones que integran el alcantarillado y/o pluviales de Las Palmas de Gran Canaria”.
Sercanarias se comprometió a realizar esas actuaciones con medios materiales cedidos por Emalsa y con su propio personal y el que debió subrogar de Urbaser, la anterior adjudicataria. La Fiscalía recuerda que hubo debate en el Consejo de Administración de la empresa de aguas sobre la conveniencia de acudir a un concurso público en vez de adjudicárselo a dedo a Sercanarias. De hecho, la contratación directa fue aprobada con el voto a favor de los socios privados y el voto en contra del Ayuntamiento.
A pesar de que el importe anual previsto en un principio era de 1,9 millones de euros, se aprobaron varias modificaciones por las que Sercanarias percibió entre 2,6 y 2,8 millones. Entre 2009 y 2012 la filial de los socios privados de Emalsa facturaron un exceso de 1,4 millones, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Además, la contratista estaba obligada a sanear 7000 kilómetros de alcantarillado al año, pero sólo ejecutó de media 130. En términos porcentuales, el incumplimiento fue del 90%. La Fiscalía cifra el perjuicio de este contrato en 11,1 millones de euros, casi la mitad del total que imputa a los acusados.
En mayo de 2011, nada más llegar el PP a la Alcaldía de la capital, un jurista de la Unidad de Aguas emitió un informe en el que alertaba de la ilegalidad de ese contrato de saneamiento de 2008. A pesar de ello, el gobierno municipal hizo “caso omiso” a sus advertencias, según reconocen los servicios jurídicos de la corporación en el escrito de acusación. El Ayuntamiento, personado como acusación particular en esta causa, considera que este contrato ocasionó un quebranto de cuatro millones de euros a la empresa mixta.
La Fiscalía cuantifica en medio millón de euros el perjuicio por el contrato de transporte de lodos; en 1,5 millones por el de fontanería y reparación de averías; en más de 600.000 euros por la reparación del depósito de agua Los Romeros, o en 1,6 millones por el de inventariado de datos de acometida, además de otra decena de adjudicaciones de menor cuantía hasta llegar, aproximadamente, a los 17 millones de euros.
Otros dos millones de euros de los 23 en que el Ministerio Público cuantifica la responsabilidad civil en este procedimiento tienen que ver con el contrato de alquiler suscrito en verano de 2008 entre Emalsa y Satocan, constructora que preside Juan Manuel Sanjuán, a la sazón miembro del Consejo de Administración de Emalsa.
Desde 1992 y hasta esa fecha, la sede de la compañía había estado ubicada en la Plaza de la Constitución, también llamada del Obelisco, en un edificio donde hoy está radicada la empresa municipal de urbanismo, Geursa, ahora en el foco por la operación Valka.
Emalsa no pagaba nada por esa sede, pero aún así decidió mudarse al Centro Comercial Las Ramblas, a un edificio propiedad de Satocan. El contrato tenía una duración de treinta años y la constructora se garantizaba al menos veinte de renta. El arrendamiento ascendía a 90.000 euros al mes por tres plantas, nueve trasteros y 40 plazas de garaje. Una auditoría realizada por Auren concluyó que Emalsa pagó por ese alquiler el doble del precio de mercado. De hecho, lo pudo reducir “sin aparente dificultad” de los 90.000 a los 75.000 euros después de un procedimiento judicial.
La Fiscalía explica en su escrito de acusación que Emalsa alquiló tres plantas pese a que sólo necesitaba dos y que se realizaron obras por más de un millón de euros que no respondían a “una efectiva y real necesidad”. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renunció a ejercer acciones contra Satocan durante la Alcaldía de Juan José Cardona (PP). A cambio, el arrendamiento bajó de los 75.000 a los 60.000 euros. Fue, precisamente, ese dirigente popular quien llevó el caso a la Fiscalía. O, para mayor concreción, los artículos periodísticos que advertían de esas presuntas irregularidades. A esa denuncia inicial se sumó después Beatriz Correas, en aquel momento concejala de Ciudadanos, y la asociación cívica El Sol Sale para Todos.
Por último, el Ministerio Público cifra en 4,5 millones de euros el perjuicio causado a Emalsa por parte de los socios privadas en relación con pagos “no justificados” vinculados a lo que dieron por llamar “pacto regulador de las prestaciones accesorias”. En ese pacto, la compañía mixta se comprometía a abonar a Saur y Valoriza por las prestaciones “básicas” el 2% de la cifra de negocios en el ejercicio económico en curso y, además, a pagar, en las cantidades que se acordaran, otras prestaciones “especiales”, sin especificar cuáles eran. La empresa mixta pagó 450.000 euros anuales a cada uno de los socios privados por “asesoramiento técnico”. Sin embargo, detalla la Fiscalía, las facturas “no describen ni la prestación que se está abonando ni el personal al que se hace el abono”. Ante la falta de información, “no es posible determinar si esa prestación que se califica de especial tiene o no esa consideración”, concluye.
Las acusaciones y las penas
En este juicio habrá cuatro acusaciones. La pública, representada por la fiscal de Delitos Económicos Evangelia Ríos. La particular, ejercida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y la popular, figura a través de la que están personados tanto el comité de empresa del Consistorio capitalino como la asociación cívica El Sol Sale para Todo. Este colectivo está presidido por Óscar Bermejo, que trabajó en el mandato 2011-2015 junto a Rafael Bolívar, la persona a quien se le encargó la intervención pública de la compañía. Bolívar comparecerá en el juicio en calidad de testigo.
En su escrito de calificación, la Fiscalía pide dos penas alternativas. La principal, por un delito continuado de apropiación indebida. Para trece de ellos, los directivos de los socios privados de Emalsa y miembros del Consejo de Administración, solicita seis años de cárcel y una multa de 18.000 euros. Para el consejero delegado y el empleado de Satocan, por su parte, pide dos años y nueve meses de prisión y 15.000 euros de multa.
El Ministerio Público plantea en ese escrito una pena alternativa. En vez de apropiación indebida, administración desleal. Y ello acarrearía una pena de cuatro años de cárcel y 46 millones de euros para trece acusados (los socios privados y consejeros) y de dos años y nueve meses de cárcel y 46 millones para los vinculados con Satocan.
La fiscal fija en 23 millones de euros la indemnización en concepto de responsabilidad civil. Una cantidad que deberán abonar, en caso de condena, todos los acusados de manera conjunta y solidaria. En el caso del consejero delegado y del empleado de Satocan, sólo por los dos millones en que la Fiscalía fija el perjuicio del contrato de alquiler de la sede.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, limitan su acusación a once exdirectivos y técnicos de los socios privados de Emalsa. Se trata de Pablo Abril-Martorell, Laura Rivero Padrón, Gerard Thierry, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, José Manuel Calderero, José Luis Pérez Talavera, Jesús Blanco García, Guy Christian Fournier, Oliver Brousse, Rafael González Bravo de Laguna y Alfonso Ignacio López Díaz de Tudanca. Para ellos pide una pena de cuatro años de cárcel.
El Ayuntamiento deja fuera al resto de procesados, entre ellos al conocido empresario Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan, y a los acusados vinculados a esta empresa constructora. Además, reduce el perjuicio para las arcas de Emalsa a 11 millones de euros.
Por su parte, la acusación popular ejercida por El Sol Sale para Todos solicita cuatro años de cárcel para todos los acusados y, de forma adicional, otros seis años para ocho de ellos (Abril Martorell, Brousse, Sanjuán Jover, Higueras, Artiles Moragas, Rivero Padrón, Díaz de Tudanca y Thierry). Esta asociación cifra la responsabilidad civil en 25 millones de euros.
El comité de empresa pide cuatro años de cárcel y cifra el perjuicio a las arcas de la empresa mixta de aguas en 13 millones de euros, once menos que la Fiscalía y dos más que el Ayuntamiento. Al igual que los servicios jurídicos municipales, esta acción popular entiende que sólo debe ser penado el pacto regulador entre Emalsa y Valoriza (estimado en cantidades que oscilan entre los 7 y los 8,5 millones de euros), pero no el de Saur, compañía que en la actualidad dispone del 66% de las participaciones de Emalsa.