Un cocinero indio acusado de matar a una anciana de una conocida familia de empresarios de su país para la que trabajó en Gran Canaria ha negado este lunes haber cometido esos hechos y ha alegado que varios parientes de la víctima le han seguido ayudando en la cárcel.
El cuñado de la fallecida, que tenía 73 años cuando apareció muerta a golpes en enero de 2013 en su domicilio de San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla, y la esposa y la hija de aquel son los familiares de la víctima que durante los más de tres años que lleva preso han estado visitándole y dándole dinero para sus gastos, ha asegurado en la primera sesión del juicio el procesado, Ashokal G.S.
El acusado ha reconocido que, entre las 08.00 y las 09.00 horas del 4 de enero de 2013, acudió a la casa de la mujer, como sostiene el Ministerio Fiscal, pero ha rechazado su versión de que la visitó para pedirle trabajo y vivienda y acabó matándola con un bastón que la anciana usaba para caminar al negarse a sus pretensiones, afirmando que ya estaba muerta cuando la vio.
El enjuiciado ha contradicho además la tesis de la Fiscalía de que fue su presunta víctima quien le abrió la puerta debido a que se encontraba sola en aquel momento y ha relatado que también estaba en su domicilio su esposo, que, según su versión, le había invitado a ir por allí desde el día antes, le franqueó la entrada a su llegada e incluso le animó a ir al dormitorio donde encontró el cadáver.
“Dijo que estaba todavía durmiendo y que fuera a la habitación a ayudarla”, han sido sus palabras. Según declaró, fue entonces cuando descubrió el estado de la mujer y decidió abandonar el inmueble. “Vi sangre. Me asusté me asusté y me marché”, explicó.
Sus manifestaciones han sido cuestionadas, en todo caso, por la representante de la Fiscalía en el proceso, debido a que no coinciden con otras versiones suyas de lo ocurrido que se recogieron al tomarle testimonio en dependencias policiales y judiciales en ocasiones anteriores, y en las que se reconocía culpable de homicidio.
Algo que tanto el acusado como su abogado defensor han achacado al hecho de que no entendía bien qué era lo que estaba firmando cuando aceptó rubricar la transcripción de esas declaraciones, puesto que hablaba poco español y en esos interrogatorios no contó con un traductor, del que solo se le dotó en 2015.
“Dijeron que firmara, que me iban a dejar libre” si aceptaba hacerlo, ha sostenido el procesado, detallando que hasta dos abogados defensores de oficio que tuvo antes del letrado que le representa en la actualidad le animaron a proceder así, y que lo aceptó porque “no entendía nada” a pesar de que era inocente.
“En la vida he hecho daño a nadie”, ha insistido, en esa línea.
Además, tanto él como su abogado actual han aludido, como indicio de esa supuesta inocencia suya, al hecho de que varios parientes de la víctima, para cuya familia trabajó como cocinero durante unos quince años, le han visitado en la cárcel “desde el primer momento” llevándole ropa y dinero, “a veces 50 euros, a veces 30”.
Frente a sus tesis, la fiscal ha planteado que el acusado ha incurrido en contradicciones que apuntan a su culpabilidad y ha reiterado su versión de que cuando ocurrió el suceso se había quedado sin empleo, sin dinero y sin hogar, por lo que pernoctaba en las escaleras de un edificio y, ante su precaria situación, decidió ir a pedir ayuda a la anciana y acabó por matarla.
Aunque el enjuiciado ha asegurado que en aquel entonces vivía en un apartamento por el que pagaba 400 euros al mes y que tenía trabajo y recibía un sueldo de unos 1.000 euros.
Cuestiones todas ellas que se intentarán aclarar en nuevas sesiones de la vista oral de este juicio, al término del cual un tribunal jurado deberá pronunciarse sobre si el excocinero es o no culpable del homicidio.