La asociación de juristas Jiménez de Asúa se presenta como acusación popular en el mayor caso de corrupción de Lanzarote pero por el momento sus objetivos son jueces que han instruido el caso Unión: en diciembre se querellaron contra César Romero Pamparacuatro y ahora pretenden apartar del procedimiento a la juez Silvia Muñoz, que ha dado un impulso decisivo a las investigaciones desde que se incorporó al Juzgado número 5 de Arrecife.
El abogado Juan David García Pazos firma como letrado del citado colectivo de juristas, que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, la petición de “recusación” a la juez Silvia Muñoz, que concluyó a finales de marzo la investigación de la pieza de Unión relacionada con la trama de comisiones para adjudicar de forma fraudulenta el contrato de la recogida de basura en Arrecife o la construcción del pabellón de Argana.
En esa pieza de Unión están encausados la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz; el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero; el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; o el fundador del PIL, Dimas Martín, entre un listado de 17 procesados por supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación o revelación de información privilegiada, entre otros.
La investigación se ha concluido con indicios de que se formalizaron contratos con el Ayuntamiento de Arrecife a cambio de comisiones ilegales, que supusieron la adjudicación “ilícita” de unos 8,5 millones de euros. También se apunta a la alteración del concurso público que se llevó Urbaser e irregularidades en la construcción del pabellón de Argana, cerrado al poco de abrir sus puertas por deficiencias técnicas.
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