El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, con el apoyo institucional del Consejo Canario de Colegios de Abogados, denuncia ante la opinión pública los “impedimentos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad para establecer la obligatoriedad del Turno Especial de Víctima de Violencia de Menores”, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, explican en un comunicado de prensa.
En el referido texto normativo se establece expresamente que “su puesta en marcha exige medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas”. Apuntan los profesionales que se ha realizado los cursos de especialización para que el colectivo pueda realizar la asistencia precisa a los menores y adolescentes víctimas de violencia, y se encuentra preparado para prestar el servicio, “pero la Consejería niega su creación con la misma excusa de siempre, 'no hay dinero”, critican.
“¿Y quién paga las consecuencias?”, se preguntan en el comunicado. “Obviamente los niños y adolescentes víctimas de las mayores de las tragedias: la violencia”, se responden. Este servicio tiene unas especiales connotaciones, que requiere una especialización adecuada, “pero la indiferencia de la Consejería les niega ese derecho, impidiendo que el Colegio de Abogados de Las Palmas pueda dotar de abogados especializados en este tipo de servicio”, subrayan.
“Debemos preguntarnos qué sentido tiene que se dicte una Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que se dote un Juzgado especializado, pionero en toda España, para luego no dotarlo de los medios imprescindibles para el derecho de defensa de esas víctimas, como es un turno de abogados en Justicia Gratuita. Para qué tanto esfuerzo, si después nos quedamos siempre en la mediocridad por falta de dotación por parte de los organismos públicos. Y estamos hablando de niños y niñas y adolescentes, las víctimas de violencia más desprotegidas”, concluyeron.
El Colegio invita a reflexionar todos los ciudadanos qué calidad se debe exigir a la Administración de Justicia, “con la insensibilidad patente del Gobierno Canario, que con tanta desidia no dota de los medios necesarios a la Justicia que se imparte en Canarias”, reprenden.
Por todo esto, anuncian en el comunicado que se han visto obligados a denunciar “la carencia de la adecuada dotación de medios” que permitan proteger a las víctimas de violencia más desprotegidas: las niñas, niños y adolescentes.