Un nombramiento en tres actos: la justicia investiga si el anterior alcalde de Tunte prevaricó al designar al jefe de Policía

El comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha asegurado este jueves en sede judicial que Marco Aurelio Pérez (Partido Popular- Agrupación de Vecinos), alcalde de la localidad sureña entre 2011 y 2019, revocó su primer nombramiento como jefe del cuerpo de seguridad municipal para acallar “el grito mediático”. Es decir, para tratar de silenciar el eco que habían tenido en la prensa las denuncias interpuestas por varios compañeros de profesión contra una elección que consideraban arbitraria e ilegal. Isidro Armas ha prestado declaración este jueves en calidad de testigo en una causa en la que se investiga si Pérez cometió un delito de prevaricación administrativa entre los años 2013 y 2016 con las sucesivas designaciones del comisario a través de distintas fórmulas, desde la comisión de servicios inicial hasta el proceso selectivo por turno libre final, pasando por su periodo como cargo de confianza del alcalde. 

Los hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana desde el pasado mes de mayo se remontan al 1 de marzo de 2013. En esa fecha, el pleno del Consistorio sureño tomó conocimiento del nombramiento de Armas, que entonces tenía 33 años, como comisario de la Policía Local. Su designación no estaba incluida en el orden del día. Se supo de ella porque un concejal de la oposición inquirió al alcalde en el turno de ruegos y preguntas sobre ese rumor que ya había comenzado a circular. Marco Aurelio Pérez defendió que su decisión estaba amparada por un informe del entonces jefe de Recursos Humanos, Antonio Muñiz, el mismo funcionario que firmó el 25 de febrero, días antes del pleno y esta vez en calidad de secretario, la adscripción de Armas a la plantilla en comisión de servicios. 

Fue José Luis Herrera, comisario de la Policía Local del vecino municipio de Santa Lucía de Tirajana y presidente de AJEPOL (Asociación de Jefes y Subjefes de las Policías Locales de la provincia de Las Palmas) quien advirtió en primer lugar sobre las irregularidades en ese nombramiento. A su recurso se le sumaron los de otros tres subinspectores. Denunciaban que el Ayuntamiento había utilizado una comisión de servicios “ilegal” para enmascarar un nombramiento “a dedo”, sin publicidad y, por tanto, sin posibilidad de que otros aspirantes pudieran optar al puesto. El comisario de San Bartolomé de Tirajana es inspector de la Policía Nacional desde 2008. Tal y como ha recordado este jueves el propio Herrera, que también ha declarado como testigo, los funcionarios de este cuerpo, que forman parte de la Administración General del Estado, no pueden ocupar puestos en la Policía Local en comisión de servicios. 

Además, la designación se materializó por la vía de urgencia sin que, a juicio de los denunciantes, hubiera razones para ello. El presidente de AJEPOL ha afirmado este jueves en sede judicial que esa plaza estuvo descubierta durante seis años y que la jefatura estaba siendo ocupada en ese momento por un subcomisario que había tomado posesión un año antes. Además, ha incidido en que para acceder al puesto es necesario ser miembro de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana (promoción interna) o de otros cuerpos de seguridad de ámbito municipal. Los recursos presentados también cuestionaban los méritos académicos de Armas, ya que no disponía de la licenciatura requerida para el cargo, sino dos diplomaturas (Ingeniería Técnica Industrial y Ciencias Policiales). En su comparecencia de este jueves, el comisario ha defendido que desde hace unos años la categoría de inspector es equivalente a una licenciatura.

Lo cierto es que las denuncias de sus colegas provocaron un auténtico “revuelo” en Tunte y acabaron propiciando que el alcalde Marco Aurelio Pérez revocara el nombramiento tan solo 35 días después, una decisión en la que influyó de manera decisiva, como el propio comisario ha declarado, la resonancia mediática del caso. Pero el regidor sureño no quería prescindir de Armas y le encontró acomodo en el Consistorio como asesor, como cargo de confianza con un sueldo de algo más de 60.000 euros al año, correspondiente a un funcionario de la máxima categoría, A1. Con esta consideración permaneció hasta julio de 2015, fecha en la que vuelve a ser elegido comisario en un proceso selectivo al que concurrieron otros ocho candidatos. 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que seguía liderando Pérez, optó por un concurso oposición libre a pesar de las advertencias, entre otros, del entonces director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, que sostenía que la normativa de aplicación era la Ley 2/2008 de 28 de mayo, de la Policía Canaria, que equipara el acceso a los puestos de mando en este cuerpo con los de la Policía Local, estableciendo que para cubrir una plaza de comisario se debe utilizar el procedimiento de promoción interna. 

Ese mismo argumento sirvió a la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria para anular, en abril de 2017, el nombramiento de Armas. Según esa sentencia, el Ayuntamiento vulneró la normativa autonómica al optar por la oposición libre y no por la promoción interna, un procedimiento en el que no habría tenido posibilidad de concurrir el hoy comisario. El fallo remarcaba que las competencias en materia de coordinación están atribuidas a las comunidades autónomas. El sindicato que denunció esas bases, Comisiones Obreras (CCOO), había advertido además de que Armas no cumplía el requisito de haber ejercido durante un mínimo de dos años como subcomisario del cuerpo.

El comisario recurrió esa sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acabó salvando su plaza sin entrar en el fondo del conflicto. El alto tribunal canario avaló el nombramiento de Armas por una cuestión de formas, por entender que CCOO no estaba legitimado para recurrir la resolución porque la central había formado parte de las negociaciones de la oferta de empleo público convocada por el Consistorio grancanario. 

Las diligencias penales se incoaron en mayo de 2020 después de que la Fiscalía apreciara indicios de un delito de prevaricación administrativa en la actuación de Marco Aurelio Pérez. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público por el empresario Juan Manuel Pérez León, que en su declaración ante la jueza manifestó que el nombramiento de Armas se había perpetrado “con nocturnidad”. En su declaración de este jueves, el comisario ha negado que fuera el exalcalde quien lo invitara a presentarse a la plaza y que supo que estaba vacante porque se publicó en el boletín y presentó la solicitud.