Editorial Prensa Canaria, editora del periódico La Provincia, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido condenada por una jueza de la jurisdicción social por haber mantenido como falso autónomo durante 29 años a un periodista. En una sentencia notificada esta semana a las partes se da por probado que la editora mantuvo a Cristóbal Peñate contratado como periodista desde 1991 pagándole una cantidad fija mensual, confeccionándole las nóminas cada mes, pagándole kilometraje y concediéndole las correspondientes vacaciones anuales, todo ello sin darlo de alta en el régimen general de la Seguridad Social, soportando el empleado los costes y las condiciones de un trabajador autónomo, fuera por tanto del convenio colectivo y de empresa.
La empresa condenada habrá de readmitir al periodista, al que despidió al día siguiente de declararse el estado de alarma por la pandemia por COVID-19 (15 de marzo de 2020), y en tal caso, pagarle los salarios de tramitación y darlo de alta en la Seguridad Social. En su defecto, tendrá que indemnizarle con más de 31.000 euros. El trabajador ha anunciado que recurrirá por estar en desacuerdo con la indemnización.
Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Editorial Prensa Canaria obtuvo en 2020, el año en el que despidió al periodista, un resultado neto contable de más de 8 millones de euros, muy por encima de los 3,2 de 2019 y los 2 millones de 2018.
De acuerdo con la sentencia, Peñate trabajaba como si fuera un periodista de plantilla: recibía instrucciones concretas de los responsables de la redacción de La Provincia acerca de los asuntos que debía cubrir, bien en forma de reportajes como de reseñas de actos y otros artículos periodísticos. Así quedó de manifiesto durante el juicio al aportar el demandante correos electrónicos de sus superiores con órdenes concretas. Sin embargo, operaba dentro del régimen especial de trabajadores autónomos, pagándose su cuota y sin los derechos y el salario de los demás compañeros de plantilla.
Había una relación de dependencia, sostiene la jueza sustituta María José Andrade, autora de la sentencia, a pesar de que el periodista no prestaba sus servicios en la redacción del periódico, en Las Palmas de Gran Canaria: “Ello no es significativo ni desvirtúa la dependencia”, se puede leer en la sentencia, “toda vez que la empresa controla los artículos del actor, le encarga los eventos que debe cubrir y los temas que debe tratar; estando sometido por tanto, a la potestad organizativa y de dirección del empleador”.
Durante el proceso ha quedado probado que el periodista cobraba más de 12.000 euros al año contra la presentación de facturas mensuales, siempre por la misma cantidad, que le confeccionaba Editorial Prensa Canaria con su propio membrete.
Editorial Prensa Canaria es la primera empresa del emporio del empresario Javier Moll de Miguel, presidente del grupo Editorial Prensa Ibérica, propietario entre otros de El Día, de Tenerife, o El Periódico de España, de reciente aparición.
La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.