Los periódicos de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, La Provincia / Diario de Las Palmas y El Día (Tenerife), han sido condenados por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife a publicar una rectificación instada por la abogada Sandra Rodríguez tras la publicación de cinco noticias “no veraces y sin contrastar”. Bajo la firma del periodista Daniel Millet, ambos periódicos publicaron noticias referidas a dos contratos suscritos por la abogada con el Ayuntamiento de La Laguna que encuadraron en la modalidad de “contratos a dedo”, al tiempo que la señalaron como “investigada” en la trama inventada por el exconcejal de La Laguna Javier Abreu para involucrar al denunciante del caso Reparos en una conspiración contra el expresidente del Gobierno y exalcalde de esa ciudad Fernando Clavijo.
Según la sentencia de Primera Instancia 10, “las noticias publicadas no son veraces y no fueron contrastadas y por tanto la publicación causa un perjuicio a la demandante que no es persona pública ni ejerce una función pública y deben ser sustituidas por el texto con la rectificación” que envió la abogada sin que se le hiciera el más mínimo caso por sus directores, Antonio Cacereño, de La Provincia, y Joaquín Catalán, de El Día. Las noticias se inscriben en una campaña iniciada por esos dos medios y otros, afines al expresidente Clavijo, destinada a descalificar al concejal y senador por la Comunidad Autónoma Santiago Pérez, denunciante de casos de corrupción de Coalición Canaria como Las Teresitas, el caso Grúas o más recientemente el caso Reparos. La abogada demandante representa a Pérez en esta última denuncia, actualmente en instrucción en los juzgados de La Laguna, y en ella aparecen como imputados no solo Fernando Clavijo, sino el también exalcalde de la ciudad José Alberto Díaz, otros exconcejales de Coalición Canaria y dos del PSOE, entre ellos el citado Javier Abreu, quien colaboró en la estrategia señalando a Pérez como muñidor de una operación con la que se pretendería centrar todas las acusaciones en Clavijo a cambio de dejarlo a él libre de cargos.
El Día y La Provincia publicaron al alimón cinco noticias prácticamente seguidas los días 17, 18, 19, 21 y 22 de enero de 2021 sin someterlas al debido contraste con la parte afectada y haciendo caso omiso a su derecho de rectificación, que ejerció en tiempo y forma la abogada demandante y que ahora están obligados por sentencia (aún recurrible) a publicar.
El texto que deberán publicar los periódicos de Prensa Ibérica dice, en nombre de Sandra Rodríguez, entre otras cosas: “Es falso que haya sido contratada a dedo, con trato de favor, como despectivamente se insinúa en el titular. He sido contratada a través de un procedimiento reglado, denominado contrato menor, cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente. Es falso que yo haya sido contratada por 30.000 euros ”para dos demandas judiciales, una tributaria y otra laboral interpuestas contra el Ayuntamiento“. Yo he sido contratada, mediante dos contratos menores, con objetos distintos, cumpliendo los requisitos legales, para la asistencia jurídica y representación letrada en litigios, uno referido al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo y otro al orden Mercantil, habiéndoseme encargado en cada uno de los contratos decenas de procedimientos judiciales, con ahorro de costes al Ayuntamiento, según manifiestan los responsables de la contratación. En ningún momento he manifestado, ni he aceptado, que mis servicios se fueran a prestar sin coste alguno, por lo que es falso que el Ayuntamiento haya acabado pagando por un servicio que en principio se fuera a prestar gratis”.
En cuanto a la conspiración ideada por el exconcejal de La Laguna Javier Abreu, que logró que se abriera una investigación judicial ya archivada, la rectificación incluye lo siguiente: “Es una falsedad intolerable que yo haya sido denunciada por obstrucción a la justicia en el caso Reparos. Es falso que la fiscalía haya solicitado que se me investigue, así como que la magistrada haya considerado que hay indicios para investigarme. Las afirmaciones infundadas del señor Abreu, vertidas en su declaración en calidad de investigado (...) y en el ejercicio de la estrategia de defensa que consideró conveniente, no constituyen una denuncia, ni tienen ninguna base probatoria. Yo soy una abogada con más de 25 años de ejercicio profesional, habiendo representado durante todos estos años a cientos de clientes en mi despacho, experiencia que se intenta ocultar reduciéndome a la amiga de o a la pareja de. No soy la abogada ”defensora“ de don Santiago Pérez, que, por lo que yo sé, no tiene ningún procedimiento en el que deba ser defendido. Represento a don Santiago Pérez como denunciante, en dos procedimientos penales en los que se investigan o se han investigado hechos cometidos por políticos y/o funcionarios. Como abogada que ejerzo mi profesión por cuenta propia, elijo libremente mis clientes, y son ellos, y no yo, los que interponen las correspondientes acciones judiciales”.
“Algo bien distinto”, se lee más adelante en el texto que la jueza obliga a publicar a El Día y a La Provincia, “es que a la línea editorial del periódico no le agraden algunas, especialmente algunas, de las muchas causas en las que yo libremente decido intervenir profesionalmente, pero ni eso, ni mi afiliación al PSOE (no formo parte de la Ejecutiva ni he sido nunca cargo público), ni, por supuesto, mi relación de pareja, que a nadie debería importar, deben ser una traba ni un lastre que limite mis derechos en el ejercicio de mi profesión, o me obligue a soportar resignada los ataques proferidos contra mi honor, publicando una noticia sin contrastar conmigo, ni recabar mi versión, que soy la afectada, obligándome a ejercer esta vía para expresarme ante la indefensión en la que me colocan frente a la opinión pública, que al leer los titulares y el contenido de la información, saca conclusiones falsas que nada tienen que ver con la realidad y que me degradan personal, familiar y profesionalmente”.