Condenados a siete años de cárcel dos policías locales en Gran Canaria por dar una paliza a un inmigrante

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a siete años y seis meses de prisión a dos policías locales de Mogán, en Gran Canaria, por delitos de tortura y lesiones contra un inmigrante subsahariano al que propinaron una paliza en enero de 2011.

Además de la condena penal, que recurrible ante el Tribunal Supremo, la sentencia impone a ambos acusados 10 años de inhabilitación absoluta y la obligación de indemnizar a la víctima con 20.745,75 euros por las lesiones, 2.936 por las secuelas y 20.000 por el daño moral, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El fallo declara también la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Mogán en el abono de estas sumas.

Según declara probado la sentencia, sobre las 21.40 horas del 8 de enero de 2011, los acusados, en su calidad de agentes de la policía local de Mogán, se encontraban prestando servicio vestidos de paisano en el Centro Comercial de Puerto Rico (Mogán).

En un momento dado, uno de ellos se aproximó al inmigrante, que se hallaba en la planta superior vendiendo collares en la terraza de un restaurante y, sin llegar a identificarse como agente de la autoridad, le requirió “para que le siguiese a un lugar apartado”, expone el fallo.

El perjudicado conocía a los agentes porque habían intervenido días antes contra un primo suyo que se dedicaba a la venta ambulante y que resultó lesionado en ese servicio policial, por lo que había sido citado o propuesto como testigo en el procedimiento iniciado por estos hechos.

Por ello, el perjudicado “sintió miedo por su integridad y salió corriendo, iniciándose una persecución por el centro comercial, desde la planta superior hasta el supermercado situado en la planta baja”, en cuyo interior uno de los encausados logró alcanzarlo, “le puso una zancadilla y tras caer este al suelo, le propinó dos fuertes patadas y un puñetazo, colocándose a continuación encima para inmovilizarlo”, detalla el fallo.

Seguidamente, sigue la Sala, “lo sacó a rastras del establecimiento” y en el exterior se personó su compañero, procediendo ambos acusados a golpear a la víctima empleando para ello unas porras u objetos contundentes de semejantes características, “resultando fracturado el brazo del perjudicado a causa de un fuerte golpe” propinado por uno de los agentes.

A continuación, sujetaron por el cinturón a la víctima y la lanzaron violentamente contra el suelo mientras, enfatiza la Sala, “gritaba de dolor y pedía auxilio a la gente que se hallaba presente por las inmediaciones”.

Una vez reducido, y maltrecho por los golpes recibidos, la resolución afirma que los encausados “le esposaron la mano derecha con grilletes y de forma lo arrastraron a la fuerza entre los dos, agarrándolo del brazo y tirando del cinturón, hasta las dependencias policiales (…) eligiendo para llegar el camino por donde no había cámaras de seguridad, propinándole en el trayecto diversos golpes en distintas zonas del cuerpo y menoscabando gravemente su integridad y dignidad”.

Durante el traslado, detalla la sentencia, la víctima “se tambaleaba por el dolor y pedía auxilio a todas las personas presentes, suplicando a gritos que llamaran a la Guardia Civil”.

La resolución añade que “una vez en las dependencias utilizadas por la Policía, los acusados siguieron pegando al detenido hasta que llegaron los agentes 12350 y 13666, a los que avisaron para hacerse cargo de las diligencias”.

“Mientras, en el exterior se había congregado un número no determinado de personas, unos alertados por la violencia de la actuación policial y otros conocidos y paisanos senegaleses” de la víctima “que se avisaron unos a otros” porque temieron por su integridad, de ahí que profirieran gritos de solidaridad con el detenido y mostraran su apoyo, todo ello de forma pacífica, llegando a llamar a la puerta de la oficina hasta que uno de los agentes de uniforme, personados en el lugar con posterioridad a la llegada de los agentes acusados con el detenido, les pidió que se tranquilizaran“.

Sobre las 23:00 horas, la víctima fue trasladada al Centro de Salud de Arguineguín y de allí remitido al Servicio de Urgencias del Hospital San Roque Meloneras, donde fue atendido de sus lesiones y se procedió a su cacheo por los agentes referidos.

Los acusados le detuvieron por un presunto delito de atentado, resistencia y desobediencia grave, investigación que acabó archivada “por no quedar debidamente acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa”.

Resalta la Sala que los acusados “golpearon y maltrataron” a la víctima “en represalia por su dedicación a la venta ambulante y para amedrentarlo en relación a su eventual declaración en el juicio en el que estaba implicado el agente acusado”.

Mogán encabeza las protestas contra el alojamiento de migrantes en hoteles

Canarias está viviendo desde mediados de 2020 una crisis migratoria que recuerda a la ya registrada en 2006, aunque las cifras aún están lejos de las de entonces. En plena pandemia, las oleadas de pateras y cayucos han ido desembarcando en las islas a miles de personas llegadas desde el África subsahariana y el Magreb. Con las fronteras de muchos países cerradas, las políticas de repatriación se han visto paralizadas o muy reducidas, lo que ha provocado un colapso de los recursos de acogida y atención a los migrantes atrapados en el archipiélago, especialmente en la isla de Gran Canaria. Allí, miles de personas se agolparon en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, a la espera de poder ser trasladadas a centros de acogida. Pero eran tantos y llegaban tan seguidos que hubo que formar un campamento en el mismo muelle. Allí, la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, dio una rueda de prensa para protestar por la presencia de esos migrantes en el muelle y las condiciones en las que se encontraban. En su opinión, así se dañaba la imagen turística del municipio, aunque la ausencia de estos se deba al coronavirus y no al fenómeno migratorio.

En esas fechas se produjo, además, el registro del Ayuntamiento en el marco de una investigación por presunto amaño electoral y compra de votos, algo que según Onalia Bueno ocurrió por haber dado aquella rueda de prensa en el muelle.

Sin embargo, cuando se empezó a trasladar a estas personas a los hoteles del municipio que estaban cerrados debido a la pandemia y a la consiguiente ausencia de turistas, también protestó. De hecho, amenazó con multar a los alojamientos que hospedasen a inmigrantes, aun sabiendo que los recursos de acogida estaban colapsados.

Es en ese municipio precisamente donde se han dado varias manifestaciones en contra de los inmigrantes y también algunos incidentes, tanto protagonizados por migrantes como protagonizados por residentes.